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Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra
Se ordenó la prisión preventiva del presidente peruano Martín Vizcarra porque el juez dictaminó que no hay razón para que no deje el país.
El juez ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Esto forma parte del proceso por, presuntamente, haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos por parte de empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA, vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
Al expresidente se la acusa de “cohecho pasivo propio”. El juez de la Corte Superior Nacional, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra al considerar que no cuenta con una radicación laboral ni familiar suficiente para asegurar su permanencia en el país, de acuerdo con el medio Infobae.
La decisión fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, quien determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.
El juez ordenó que fuera conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla el mandato judicial. El dictamen se inició el pasado 26 de julio, pero fue aplazado en varias ocasiones y se retomó cuando la fiscalía y la defensa presentaron nueva evidencia en su contra.
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Aunque la prisión preventiva es provisional, el cumplimiento de la misma será esencial para los siguientes procesos a los que se enfrentará el expresidente, que ya era investigado por corrupción.
La decisión fue tomada bajo un alto escrutinio público y el análisis de expertos.
Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú el 23 de marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y gobernó hasta el 9 de noviembre de 2020, cuando el Congreso aprobó su destitución por “incapacidad moral permanente”.
Vizcarra se centró en la lucha contra la corrupción y promovió reformas judiciales y políticas. Disolvió el Congreso en 2019, una decisión que el Tribunal Constitucional del país consideró ajustada a la ley. También enfrentó desafíos como la pandemia de COVID-19 y la crisis de inmigración en el país.
La tensión alcanzó su punto máximo en ese mismo año, cuando disolvió el Congreso, argumentando que este había “negado una cuestión de confianza”. Esta acción fue respaldada por el Tribunal Constitucional y le valió un fuerte apoyo popular, ya que muchos peruanos estaban frustrados con la corrupción en el parlamento.
El expresidente enfrenta una situación complicada. De ser el caso, la violación a la prisión preventiva sería vista como una agravante en su situación legal, ya que demuestra un riesgo de fuga u obstrucción de la justicia, lo que podría influir negativamente en su sentencia final y resultar en una pena de prisión más severa si es declarado culpable.
