Nueva fase de deportaciones masivas: los recientes movimientos de Trump que preocupan a la justicia

Donald Trump puso en marcha la fase más ambiciosa y polémica de su política migratoria. En las últimas dos semanas, su administración ha intensificado las deportaciones masivas con un enfoque más amplio: ahora no solo afectan a inmigrantes con antecedentes penales, sino también a residentes legales, turistas e incluso a cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Las llamadas “ciudades santuario” expusieron las restricciones financieras y legales del plan más radical de su segundo mandato presidencial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la reciente deportación de ciudadanos de Venezuela, Alemania y Líbano, algunos de ellos con visas válidas o procesos legales en trámite. Uno de los casos más representativos es el de Rasha Alawieh, una médica libanesa y profesora en la Universidad de Brown, quien fue expulsada del país a pesar de una orden judicial federal que impidió su deportación.

En este contexto, una de las decisiones más polémicas del Gobierno fue reactivar una legislación del siglo XVIII para agilizar las deportaciones. La Casa Blanca recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma casi olvidada para respaldar la expulsión de más de 200 venezolanos, designados preventivamente por presuntos lazos con el Tren de Aragua, una organización criminal surgida en las prisiones de Venezuela. Muchos de ellos llevaban años residiendo en Estados Unidos, con empleo, familia y documentación en regla.

La reacción de la justicia fue inmediata. Diversos jueces federales acusaron a la Administración Trump de desobedecer órdenes que bloqueaban los vuelos y de transgredir derechos fundamentales del debido proceso, según informó Fox News.

Acusan a Donald Trump de actuar fuera del marco constitucional

Uno de los fallos más destacados en los últimos días fue el del juez James E. Boasberg, magistrado principal de la Corte de Distrito en Washington D. C. El juez argumentó que debía acatar su orden de inmediato, ya que el Gobierno había iniciado el traslado de migrantes a El Salvador y Honduras, siguiendo una reciente proclamación de Trump que los declaraba “deportables”.

“No puedo esperar más y me veo obligado a intervenir”, afirmó Boasberg en una audiencia extraordinaria convocada el sábado por la noche tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un pequeño retraso en la deportación de los migrantes no representa un perjuicio para el Gobierno”, añadió, destacando que los extranjeros continuaban bajo custodia federal.

Homan solicitó más fondos para las deportaciones masivas en Estados Unidos

Sin embargo, los obstáculos no se limitan al ámbito legal. El propio Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, reconoció ante el Senado que el Gobierno se había quedado sin recursos para mantener las operaciones de ICE. Junto con el director de Presupuesto, Russ Vought, solicitó al Congreso un refuerzo de 175 mil millones de dólares. “Les estoy suplicando por fondos”, declaró el asesor, mientras un grupo de legisladores republicanos lo escuchaba en silencio.

Con un sistema judicial migratorio saturado y sin posibilidad de reasignar fondos, la estrategia de la Casa Blanca modificó su enfoque, pero no su propósito: ahora recurren a redadas llamativas que capacitan a los titulares, aun cuando esto conlleve más errores y consecuencias imprevistas.

“El respaldo a las deportaciones depende en gran medida del perfil del inmigrante”, señaló a Politico el encuestador republicano Whit Ayres. De acuerdo con una encuesta de The Washington Post e Ipsos, la mayoría de los estadounidenses rechaza la expulsión de personas sin antecedentes penales que han vivido en el país durante años y están profundamente arraigadas en sus comunidades.