“La comunidad internacional no ha estado a la altura”, presidenta de Wola sobre crisis en Venezuela

SEMANA: Venezuela ha presentado una de las migraciones más grandes en la historia de Latinoamérica. ¿Cuál es la principal consecuencia humanitaria de esta migración forzada para el país?

Carolina Jiménez (C. J.): Cuando un país pierde entre el 25 y el 27 % de su población, en un periodo de diez años; cuando pasa de ser el segundo receptor de migrantes a ser el principal expulsor de refugiados de toda una región; cuando se queda sin médicos, sin enfermeras, sin profesores, sin albañiles y sin población económicamente activa y joven, el país sufre y tarda una generación entera en comprender el impacto social, económico y cultural de un cambio de esa magnitud. Además, esta migración se da sin que haya un conflicto armado, sino por una crisis política y de derechos humanos y una emergencia humanitaria.

Venezuela, por muchos años, recibió personas de Perú, Ecuador, refugiados colombianos cuando el conflicto armado estaba en sus peores momentos. Recibió españoles, italianos, chinos, gente de Europa del este durante los años de la dictadura del sur. Pasar de eso a ser el país que más expulsa migrantes es muy difícil para la historia de un país.

SEMANA: ¿Y cuáles son las consecuencias para los países receptores?

C. J.: Hay varias consecuencias. Colombia tiene casi tres millones de venezolanos, Perú tiene poco más de un millón y Estados Unidos tiene entre 600 y 800 mil. Hay muchas personas esparcidas en diferentes partes del mundo y, algunas, con gran necesidad de protección. Buena parte de esa migración es una población de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Además, que estos países receptores son países con niveles importantes de pobreza y de inseguridad alimentaria, incluso de inseguridad ciudadana: el resultado es una mayor vulnerabilidad.

Lo segundo es que se generan situaciones sociales y políticas que muchas veces llevan a la xenofobia, al uso de la migración como arma electoral, etcétera. El ejemplo más claro son las elecciones de Estados Unidos, donde en reiteradas ocasiones el presidente Trump se refería específicamente a la migración venezolana.

Los políticos hablan mal de los migrantes, entonces la sociedad aumenta su sentimiento antiinmigrante o, al contrario, la sociedad tiene sentimientos antiinmigrantes y los políticos se aprovechan de eso para hacer su campaña electoral.

SEMANA: ¿Los migrantes venezolanos han recibido ayuda humanitaria internacional?

C. J.: La crisis de inmigración forzada venezolana siempre ha recibido mucho menor apoyo económico de la comunidad internacional con respecto a otras crisis. Por una parte, puede estar relacionado al hecho de que no viene de un conflicto armado.

Hay analistas que dicen que es porque no hay una crisis que afecte directamente a Europa, que siempre ha sido una importante ayuda a refugiados. Y hasta hace muy poco es una situación que impacta a Estados Unidos, la migración venezolana hacia Estados Unidos en estos números importantes es pospandémica.

Además, las comunidades que las reciben también necesitan inversión para poder atender las necesidades de los migrantes, estamos hablando de una necesidad de inversión tremenda y no creo que la comunidad internacional, a pesar de algunos esfuerzos importantes, ha estado a la altura de las circunstancias.

SEMANA: ¿Cuáles son los casos más graves de violaciones a derechos humanos que ocurren en Venezuela?

C. J.: Es muy claro que Venezuela es un país sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace mucho tiempo. Lo que se vive en Venezuela es una situación de represión sistemática contra la población, las protestas tienden a ser los picos de esa represión sistemática, pero la represión es diaria.

El 28 de julio, a pesar de que se anunciaron unos resultados de parte del Consejo Nacional Electoral, con Nicolás Maduro como ganador, el gobernador nunca pudo demostrar su victoria. Es una situación en la que la falta de evidencia es la evidencia. Maduro nunca pudo sustentar su autoproclamado triunfo y el pueblo venezolano lo supo y salió a la calle a protestar, y la respuesta fue una represión aún más contundente. Hay más de 1.600 presos políticos, personas en el exilio, desapariciones forzadas y restricciones severas a la libertad de prensa. Situaciones muy graves que el propio Estado es quien las comete.

SEMANA: ¿Qué tan efectivas han sido la Corte Penal internacional, la ONU y la OEA para abordar la crisis en Venezuela?

C. J.: Es importante que la CPI haya hecho una investigación de potenciales crímenes de lesa humanidad en el principal Tribunal Penal Internacional, eso tiene un peso enorme a nivel político y a nivel jurídico. Ojalá que los tiempos de la justicia fuesen más rápidos.

Hay críticas de juristas y de varias ONG porque hasta este momento no hay órdenes de aprehensión ni siquiera órdenes de comparecencia, de los que puedan ser posibles implicados. Todavía no sabemos quiénes son a nivel individual los potenciales investigados. Quisiéramos ver a una Fiscalía que se mueva más rápido con el caso venezolano.

La OEA tiene la limitación que Venezuela no está representada en el seno del organismo. Sin embargo, no deja de ser el principal foro hemisférico. Lo que se dice en la OEA es noticia, lo que puedan acordar los Estados que están en la OEA lleva a que se tomen decisiones importantes, así que no hay que reducir su rol, pero el hecho de que Venezuela no esté presente es complejo.

La ONU tiene un rol interesante porque Venezuela nunca ha querido salirse del organismo. Todo lo contrario, fue miembro del Consejo de Derechos Humanos por un período y luego no logró su reelección, pero era muy claro que quería estar sentado en el Consejo. Y eso da la oportunidad para que a Venezuela se le examine. Desgraciadamente, el Gobierno venezolano impide la entrada de la mayoría de los relatores, solamente entran los relatores que ellos quieren recibir o los expertos que ellos quieren recibir y son poquísimos. Hay muchísimas solicitudes de entrada de los relatores, la relatora de la libertad de expresión de asociación hizo cartas que el Gobierno venezolano nunca respondió.

Ha sido muy importante la creación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, que todavía sigue vigente y operando. Ha publicado informes que quedaron para la historia, justamente demostrando la comisión de crímenes de lesa humanidad. La ONU no tiene el resultado que quisiéramos ver, creo que son mecanismos que sirven para ir documentando para el futuro y para la historia. El panel de expertos de la ONU a nivel electoral publicó un informe importantísimo en el que dijeron “aquí no hubo garantías para que pudiese haber elecciones libres”, y eso generó muchísimo enojo del Gobierno venezolano, pero hicieron su trabajo.

SEMANA: ¿Hay alguna figura o movimiento de oposición que pueda lograr una representación genuina del pueblo venezolano y encamine al país a la reconstrucción democrática?

C. J.: Es innegable que desde octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, una mujer que no es nueva en política, se erigió con un liderazgo claro y firme de la oposición. A ella la acompaña Edmundo González Urrutia como presidente electo, aunque esté en el exilio.

En Venezuela hay diferentes partidos y voces políticas, algunos trabajando en la clandestinidad, otros menos clandestinos. Hay movimientos, por ejemplo, de lo que se llama el chavismo disidente, personas que hace 20 años apoyaron el proyecto político de Chávez, pero que ya desde hace muchos años se han divorciado de ese proyecto y que han sido abiertamente críticos del presidente Maduro. Es importante una coalición amplia en donde todos tengan los mismos objetivos, que son lograr una transición pacífica hacia la democracia y sacar el país adelante.