Justicia filipina le dijo ‘no’ a solicitud de libertad condicional de principal opositora del expresidente Duterte

Aunque el expresidente filipino Rodrigo Duterte abandonó el poder el año anterior, su influencia sobre las distintas autoridades de ese país sigue siendo evidente. Así lo evidenció el pasado miércoles 7 de junio, un hecho ocurrido en un tribunal de justicia de ese país, en el que los togados se opusieron a otorgar la medida de libertad condicional y bajo fianza a una de las principales detractoras del exmandatario.

Se trata de la exsenadora Leila de Lima, de 63 años, quien fue víctima de persecución política y detenida bajo un cargo del que se ha presumido inocente: tráfico de drogas.

La decisión del tribunal fue conocida mundialmente a través de información presentada por la agencia internacional de noticias Reuters, que destaca que la exsenadora en cuestión completa seis años detenida.

Se ha señalado en múltiples ocasiones que los cargos que le han sido imputados en su contra responden a acciones infundadas y amañadas por parte de la ley de su país, en favor del sector político del expresidente Duterte.

De Lima se encuentra presa desde 2017, año en que asumió al interior del Senado de su país una juiciosa investigación en la que estaba buscando determinar la veracidad de múltiples denuncias que fueron presentadas en torno del régimen de Rodrigo Duterte, en medio de la conocida política de guerra contra las drogas.

Se trata de una estrategia que, si bien fue efectiva, estuvo marcada por múltiples violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de su país.

Las investigaciones que había comenzado a realizar De Lima respondían a una serie de denuncias de muertes de consumidores y presuntos traficantes a manos de agentes policiales que violaban protocolos de manejo de detenidos; en vez de presentarlos ante la justicia, habrían optado por asesinarlos.

La persecución en contra de De Lima por Duterte, o las diferencias entre los dos políticos, estuvieron marcados por algunos señalamientos directos efectuados por Duterte en contra de ella. La acusaron de haber incurrido en delitos de colusión cuando se desempeñó como ministra de Justicia, afirmando que la entonces funcionaria estaba amañada con los delincuentes para favorecer, ocultar o favorecer el tráfico de drogas.

En medio del constante rifirrafe entre los dos políticos, De Lima también fue señalada en múltiples ocasiones, incluso en discursos en plaza pública pronunciados por Duterte.

Este decidió ir más allá de lo público y, en medio de sus intervenciones, la atacaba con algunos aspectos de índole personal, suscitando incluso acciones de odio en contra de la política, debido a los apasionamientos que despertaba, y aún despierta, Rodrigo Duterte en su país.

Como consecuencia de ellos, grupos de fanáticos de Duterte, quienes le rinden culto, arremetieron en contra de ella, generando un halo de desprestigio.

La noticia de la decisión de la justicia de Filipinas de no haber concedido la libertad condicional a De Lima generó sorpresa en la comunidad internacional, más si se tiene en cuenta que la misma justicia ya desestimó dos de los cargos que pesaban en contra de la mujer, al encontrarla inocente.

Otro de los aspectos que hace sorprendente la decisión de la justicia de Filipinas es que se hubiera negado esa solicitud de libertad condicional, aun cuando los argumentos de De Lima para pedir no permanecer en la cárcel responden a razones de índole personal referidas a su estado de salud.

En virtud de lo anterior, los mismos defensores de De Lima se manifestaron perplejos y sorprendidos por el grado de odio y polarización que se vive en su país, al encontrarse con la negativa a una petición que ellos estiman “totalmente válida”.

No contentos con la providencia de las autoridades, la defensa de la opositora de Duterte ha advertido que presentarán un recurso de apelación a la decisión, advirtiendo no solo la inocencia de la exsenadora, sino el cumplimiento de una prolongada temporada en aislamiento de su familia.

Desde la sociedad civil y distintas organizaciones internacionales, se ha señalado que el caso de la senadora De Lima en Filipinas responde a un caso de persecución política, por lo que han catalogado a la mujer como una presa política.

Desde la organización no gubernamental Human Rights Watch se ha señalado que la negación de recursos de libertad bajo fianza es un atropello en contra de la mujer y han señalado que es un día triste para los Derechos Humanos.

A su turno, los simpatizantes y copartidarios de De Lima en el legislativo filipino, el partido Akbayan, han cuestionado la acción de la justicia acusando que esta debería obrar en derecho y mérito y no en influencia política.

Duterte permaneció en el poder desde 2016 y entregó el mandato el año pasado, pasando la presidencia al actual presidente, el hijo del exdictador Marcos, en una coalición de poder en la que la hija de Duterte; Sara Duterte-Carpio es actualmente la vicepresidenta del país.