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Jueza caleña, que en el pasado fue nombrada por Trump, ahora presidirá caso contra el expresidente por los documentos de Mar-a-Lago
Los dos juicios contra Donald Trump tienen un factor denominador: ambos están en manos de jueces nacidos en Colombia.
Una gran paradoja vive actualmente el expresidente Donald Trump, que enfrenta un caso penal federal por los documentos clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago: este fue asignado inicialmente a la jueza colombiana Aileen M. Cannon, quien en el pasado fue postulada para el cargo por el mismo expresidente, según informan medios estadounidenses.
Con el de M. Cannon ya serían dos los juicios contra Donald Trump que tienen un factor denominador: ambos están en manos de jueces nacidos en Colombia. El otro es Juan Manuel Merchán, que lidera el caso en el que a Trump se le acusa de haber sobornado a la actriz porno Stormy Daniels.
En septiembre pasado, Cannon, nacida en Cali, enfrentó críticas debido a su decisión de acceder a la solicitud de Trump de designar un perito legal especial para la revisión de los documentos obtenidos durante la búsqueda del FBI en su propiedad en Florida.
Algunos expertos consideraron en su momento que Cannon había mostrado una deferencia indebida al expresidente al acceder a la solicitud y suspender innecesariamente cierto trabajo de investigación del Departamento de Justicia.
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Su orden fue desestimada por un tribunal federal de apelaciones, que determinó que Cannon se había excedido, poniendo fin a la revisión independiente de documentos.
Ahora, de confirmarse los reportes, será la encargada desde el próximo martes de presidir la acusación.
El caso
El expresidente Donald Trump se enfrenta a 37 cargos penales que incluyen acusaciones de retención no autorizada de documentos clasificados y conspiración para obstruir la justicia después de que abandonara la Casa Blanca en 2021, según documentos de tribunales federales hechos públicos este viernes.
De acuerdo con el acta de acusación, deberá enfrentar cargos por “ocultamiento de información relativa a la seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”.
Los cargos se derivan del tratamiento de Trump de materiales confidenciales del Gobierno que se llevó cuando dejó la Casa Blanca, en enero de 2021.
Trump debe hacer una primera aparición en la Corte que lleva el caso, un tribunal de Miami, el próximo martes, un día antes de cumplir 77 años. Según la acusación, esos documentos incluyen algunos de los secretos militares más sensibles de EE. UU., entre los que existe información sobre el programa nuclear estadounidense y las posibles vulnerabilidades internas en caso de un ataque.
Uno de los documentos en cuestión se refería al apoyo de un país extranjero al terrorismo contra los intereses estadounidenses.
Los materiales extraídos supuestamente por Trump provienen del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de inteligencia, según alega la acusación. Esta señala que Trump le mostró a otra persona un documento del Departamento de Defensa, descrito como: un “plan de ataque” contra otro país.
¿Quién es Aileen Cannon?
Este no es el primer caso de alto perfil que esta abogada de 41 años, originaria de Cali, enfrenta desde su confirmación como jueza federal de distrito en noviembre de 2020. Es solo el segundo, de acuerdo con la cadena Univisión.
Cannon presidió el enjuiciamiento de Paul Hoeffer, el hombre de 60 años que en febrero pasado se declaró culpable de haber amenazado de muerte a las congresistas demócratas Nancy Pelosi y Alexandria Ocasio-Cortez, así como a un fiscal de distrito en Illinois.
La jueza impuso a Hoeffer una pena de 18 meses de prisión, menos de la mitad de los 3 años y medio solicitados por los fiscales.
Pero la notoriedad y los supuestos errores legales que algunos achacaron a su decisión en el caso de los documentos confidenciales encontrados en Mar-a-Lago han hecho que muchos cuestionen si Cannon está preparada para la posición que ocupa y hasta qué punto su decisión fue tomada por lealtad a Trump.
Se trata de una acusación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que nunca antes un expresidente había tenido que enfrentarse ante un juez por cargos federales.