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Fiscales de 22 estados demandan a Trump por su medida de eliminar la ciudadanía a nacidos en EE. UU.
En sus primeros días como mandatario, Donald Trump decidió eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una de las primeras medidas que tomará sobre la política de inmigración en Estados Unidos.
Según la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, todos los niños nacidos en el territorio obtendrán la ciudadanía automáticamente, sin tener en cuenta el estatus migratorio de los padres. Ante la orden ejecutiva, que emitió el recién nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los fiscales generales de 22 estados del país norteamericano, presentaron demandas en su contra.
La orden de Trump, que tituló “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, determina que en esta nueva administración no se reconocerán a los hijos de inmigrantes que residan sin autorización como ciudadanos, a pesar de haber nacido en territorio estadounidense. Con la excepción de que uno de los padres sea ciudadano o resida permanente y legalmente en el país.
La coalición de 18 estados, que incluye a Nueva Jersey, Nueva York, California, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, presentó la primera demanda en Massachusetts en contra de la orden ejecutiva, argumentando que esta viola los derechos constitucionales de miles de niños que nacen en el país. Además de que “impone costos indebidos” a las jurisdicciones locales, que perderían la financiación del Estado para los seguros médicos infantiles.
“El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer”, dice la demanda. Señalando, también, al presidente de eliminar un “principio constitucional bien establecido y de larga data”.
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Por su parte, otro grupo de cuatro estados, conformado por Arizona, Oregon, Illinois y Washington, presentaron otra demanda “en nombre de los padres cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía” en New Hampshire y Massachusetts.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de derechos de los inmigrantes alegan que la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley establecida, y que aunque los presidentes tienen autoridad para modificarla, “no son reyes”.
En una conferencia de prensa, del martes, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, dijo que por más de un siglo Estados Unidos ha reconocido a los niños nacidos en el país como ciudadanos: “Nuestro país ha seguido la misma regla básica”.
Además, aseguró que “esto no es solo un ataque a la ley. Es un ataque a la esencia misma de esta nación”, apuntando que Trump tiene pleno derecho de promulgar su política como la considere adecuada, pero que esta orden “es un acto extremo y sin precedentes”.
Es así como la mayoría de los juristas estadounidenses se oponen a la medida de eliminar la ciudadanía por parte de Trump, lo que llevaría el caso a una batalla legal que probablemente se estanque en los tribunales y atrase el inicio de la medida, que Trump aseguró que entraría en vigencia el próximo mes. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, aseguró que las demandas son “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.