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Exclusivo: EE. UU. confiscó un avión de propiedad de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela
Este es el segundo avión confiscado del régimen de Nicolás Maduro.
Un segundo avión que estaba en la lista de la Ofac, propiedad del régimen de Nicolás Maduro, fue confiscado en las últimas horas.
Fuentes familiarizadas con el asunto, confirmaron a SEMANA que se trata de “el segundo avión confiscado del régimen en los últimos seis meses”.
El avión era usado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros ministros.
Estados Unidos planea anunciar la incautación en las próximas horas.
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En septiembre de 2024, Estados Unidos incautó en la República Dominicana un avión utilizado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares, fue adquirida —presuntamente— de manera ilegal a través de una empresa fantasma en el Caribe, violando las sanciones estadounidenses impuestas al régimen venezolano.
Este avión había sido empleado por Maduro y altos funcionarios de su gobierno para viajes internacionales a países como China, Cuba y Brasil. Tras la incautación, la aeronave fue trasladada a Florida para proceder con su decomiso.
Según fuentes consultadas por SEMANA este segundo avión, un Dassault Falcon 200, también había sido utilizado por Maduro y sus principales asesores para viajes internacionales, en presunta violación de las sanciones estadounidenses.
La noticia se da a conocer en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a República Dominicana.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, actual vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2018.
Estas sanciones implican el bloqueo de todos sus bienes e intereses en propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición para ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ella.
Las sanciones fueron impuestas debido a su papel en el gobierno de Nicolás Maduro y su participación en acciones que, según el Departamento del Tesoro, socavan la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
En septiembre del 2024, las autoridades de Estados Unidos impusieron nuevas sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), por “impedir un proceso electoral inclusivo y competitivo” en Venezuela, y “violar los Derechos Humanos y civiles” de la población del país caribeño en relación con las elecciones celebradas el pasado mes de julio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro del país norteamericano dijo en un comunicado que entre estos altos cargos se encuentran miembros del CNE —entidad que proclamó la victoria de Maduro, sin que el chavismo haya hecho públicas las actas que confirmarían su triunfo electoral—, así como a varios magistrados del Tribunal Supremo.
En este contexto, Venezuela aprovechó para acusar a Estados Unidos de ser “la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad”, al mismo tiempo que es “responsable de millones de asesinatos en el mundo con sus socios genocidas”.
