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España toma radical decisión contra los altos precios de la vivienda: así cambiarán las leyes de alquiler
La medida se toma en medio de las duras manifestaciones contra la gentrificación y los altos precios de la vivienda.
Los propietarios en España que deseen alquilar sus viviendas para uso turístico deberán contar obligatoriamente con la autorización previa de la comunidad de vecinos.
La medida fue establecida mediante la Ley Orgánica 1/2025, que supone un cambio sustancial en el modelo de alquiler vacacional, en un contexto marcado por las crecientes protestas contra la gentrificación y la presión del turismo masivo en ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla.
La modificación legal incorpora un nuevo apartado, el 3 del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que establece de forma expresa que para destinar un inmueble a alquiler turístico es imprescindible obtener el consentimiento expreso de la comunidad de propietarios.
Según el texto legal, cualquier actividad incluida en la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, deberá someterse a esta autorización colectiva, lo cual amplía el margen de decisión vecinal frente a la proliferación de pisos turísticos.
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Con esta reforma, las comunidades de vecinos adquieren un papel decisivo, pudiendo bloquear o permitir el alquiler vacacional dentro de los edificios residenciales. El mecanismo de decisión está regulado en la misma ley, donde se establece que se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios y de las cuotas de participación.
Una vez que el acuerdo figure en el acta, tendrá plenos efectos jurídicos. Como que ningún propietario podrá iniciar actividades turísticas sin aprobación previa, y aquellos que ya ofrezcan su vivienda como alojamiento turístico podrán ser requeridos para cesar la actividad de forma inmediata.
La medida ha sido interpretada por colectivos vecinales como una respuesta a la creciente presión de la gentrificación en los barrios céntricos de las principales ciudades españolas, donde los precios de la vivienda se han disparado y la convivencia vecinal se ha deteriorado debido al incremento del turismo de corta estancia.
Ciudades como Barcelona ya habían impulsado regulaciones locales para frenar la expansión de los pisos turísticos, pero ahora la legislación nacional refuerza la capacidad de los residentes para tomar decisiones en sus comunidades.
Defensores argumentan que pone límites a un fenómeno que contribuye al encarecimiento del alquiler tradicional, facilita la expulsión de vecinos y altera la vida de los barrios. Por su parte, plataformas de alquiler vacacional y asociaciones de propietarios han expresado preocupación por los límites a la rentabilidad de los inmuebles y que complique la libre disposición de la propiedad privada.
La reforma entra en vigor en un momento en que España experimenta una recuperación récord del turismo, lo que ha reavivado el debate sobre el modelo turístico y su impacto en la vivienda por las posibles afectaciones a la población española.
