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España daría duro golpe a los extranjeros que quieran comprar propiedades: colombianos podrían resultar afectados
La propuesta cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la crisis inmobiliaria.
El Gobierno de España está impulsando una controvertida propuesta para gravar con un impuesto del 100 % la compra de viviendas a los residentes no pertenecientes a la Unión Europea, en un intento por abordar una crisis inmobiliaria. Aun así, la medida no sería retroactiva en caso de aprobarse, por lo que si fuese convertida en ley, las actuales propiedades en poder de extranjeros no se verían afectadas.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha incorporado una controvertida propuesta fiscal dentro de un ambicioso proyecto de ley de vivienda que fue presentado al Parlamento el pasado jueves. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar lo que el propio Gobierno describe como una de las crisis sociales que más reclama la ciudadanía: la falta de acceso a una vivienda digna y asequible.
Según el texto legislativo, al que tuvo acceso el medio estadounidense Bloomberg, el objetivo central es adoptar políticas que permitan mitigar el impacto de la especulación inmobiliaria y la presión del mercado en zonas especialmente tensionadas, como Madrid, Barcelona y varias regiones costeras.
En enero de este año, Pedro Sánchez hizo pública, por primera vez, su intención de imponer un nuevo impuesto a los compradores extranjeros no residentes, como respuesta al creciente malestar social por el encarecimiento de la vivienda y la escasez de oferta disponible para los residentes locales.
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El presidente denunció entonces que ciudadanos extranjeros, en particular los extracomunitarios, estaban adquiriendo propiedades a un ritmo acelerado, impulsando una dinámica especulativa que disparaba los precios y desplazaba a los compradores nacionales. De acuerdo con cifras del propio Gobierno, solo en 2023 los no residentes extracomunitarios adquirieron aproximadamente 27.000 inmuebles en España.
Uno de los grupos más afectados por esta medida serían los ciudadanos británicos, quienes encabezan la lista de compradores foráneos, especialmente en comunidades con alta demanda turística como la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Islas Baleares.
En contraste, ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea, como Alemania y Países Bajos, quedarían exentos del nuevo tributo, ya que la medida se dirige exclusivamente a personas de fuera del bloque comunitario.
Pese a la atención mediática que ha generado la propuesta, su aprobación parlamentaria está lejos de estar garantizada. Desde su reelección en 2023, Sánchez lidera un Gobierno de coalición en minoría que enfrenta constantes desafíos legislativos. Para que cualquier proyecto de ley prospere, su movimiento debe negociar y obtener el respaldo de al menos ocho partidos distintos, algo en lo cual ha tenido muchas dificultades.
Como contexto, el Gobierno y varias administraciones locales han endurecido sus políticas sobre los alquileres turísticos, otro factor clave en la inflación del mercado inmobiliario. Un caso reconocido es el de Barcelona, donde las autoridades locales han anunciado su intención de prohibir todos los arrendamientos de corta duración para el año 2029.
Además, el Gobierno de Sánchez apuesta por una solución estructural a largo plazo mediante la promoción de alianzas público-privadas orientadas a la construcción de viviendas asequibles para la población española.
