Reformas

El tejido empresarial colombiano se verá afectado con la reforma laboral

La abogada María Jimena Escandón, socia de Escandón Abogados y Orza, explica por qué las reformas laboral y pensional tendrán un impacto en la estabilidad de las MiPymes del país y la sostenibilidad del sistema pensional.

23 de mayo de 2023
De acuerdo con María Jimena Escandón, el grueso de las empresas del país son MiPymes que generan el 90 por ciento del empleo formal. | Foto: Alejandro Acosta

Esta semana se debaten en el Congreso las reformas laboral y pensional, ¿cuál es su perspectiva sobre estos proyectos?

María Jimena Escandón: Mi perspectiva sobre estos proyectos es que tienen un profundo impacto en nuestro ordenamiento jurídico, y no hay consensos. Los colombianos merecemos un proceso de discusión amplio y técnico para tramitar unas reformas que se ajusten a las necesidades del país. Es importante por ello bajarle al acelerador, darnos la oportunidad de discutir para lograr unas políticas públicas que nos permitan crear empleo y mejorar las condiciones del mercado laboral colombiano, así como también, encontrar un camino que garantice la sostenibilidad del modelo pensional en el país.

Según un informe del Banco de la República, con la reforma laboral se perderían 450.000 empleos…

M.J.E: Sí, incluso es probable que lleguemos a un número mayor. El encarecimiento de las condiciones laborales tendrá un impacto directo en la generación de empleo en Colombia. La reforma laboral no está diseñada para que las empresas creen más puestos formales de trabajo ni tampoco para formalizar población trabajadora en el país. Es una reforma con un fuerte componente ideológico fundamentado en la reivindicación de derechos de los trabajadores imponiendo cargas a los empleadores sin tener en cuenta la realidad económica del país. Asimismo, el 80 por ciento del tejido empresarial colombiano, conformado por pequeñas y medianas empresas, se verá afectado. Esto hace que las empresas tengan que ajustar sus procesos y contar con el menor recurso humano posible, en aras de mantener el costo de sus operaciones y no trasladar ese incremento al costo final del bien o servicio.

María Jimena Escandón, abogada.
María Jimena Escandón, socia de Escandón Abogados y Orza. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

¿Podría detallar cuáles serían esos efectos de la reforma sobre las MiPymes?

M.J.E: El grueso de las empresas del país son MiPymes que generan el 90 por ciento del empleo formal. Este tipo de empresas tienen como característica su debilidad en el componente económico y administrativo. Esto hace que tengan una mayor exposición al riesgo, una mayor carga en la implementación de los procesos y en el cumplimiento de los preceptos que la reforma plantea. Entre ellos, la modificación de la jornada nocturna, el incremento en el pago de la jornada dominical y festiva, el incremento en la indemnización moratoria, así como la indemnización por terminación del contrato sin justa causa; la prohibición de terminar un contrato bajo el pretexto de la discriminación abrogándole la carga de la prueba al empleador, la ampliación de la estabilidad laboral en trabajadores restringidos y pensionados. además está el marchitamiento de la figura legal de la tercerización y la extensión de los beneficios a contratistas. Disposiciones que no fueron diseñadas sobre la realidad empresarial, sino pensando exclusivamente en el fortalecimiento del movimiento sindical en el país.

¿Está de acuerdo con los ajustes propuestos al recargo nocturno y horas extras?

M.J.E: El cambio de la jornada incrementando en dos horas más el recargo nocturno tendrá un impacto negativo en las empresas dedicadas al turismo, hotelería o el comercio, entre otras. Colombia pasaría a tener junto con Costa Rica y Ecuador jornadas laborales más cortas que el grueso de los países de la región como Argentina, que inicia su jornada nocturna a partir de las 9:00 p.m. o Brasil, Perú y Chile con una jornada a partir de las 10:00 p.m. Sin contar Venezuela, Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo de América Latina y el segundo después del Perú con la mayor tasa de informalidad. Es difícil entender cómo un gobierno presenta propuestas de política pública que vayan en contravía de los dos factores más importantes para sacar a la gente de la pobreza. Es claro que el empleo formal es la mejor política para reducir la brecha de desigualdad, luego debe ser una premisa fundamental entre el Estado y el sector privado para generar las condiciones que permitan a la población productiva lograr acceder a trabajo formal y decente.

¿Lo propuesto en la reforma pensional también le preocupa?

M.J.E: Básicamente lo que esta reforma busca es que el grueso de la población aporte en primera medida a Colpensiones, es decir, al sistema público pensional, para que los trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos mensuales legales coticen en los fondos privados. Bajo este supuesto, se fortalece el sistema público pensional, eliminando la libre elección que hoy tiene la clase trabajadora para decidir el tipo de régimen al que quiere pertenecer.

El objetivo de la propuesta es que los fondos privados (con 18,3 millones de afiliados), dejen de recibir la cotización de casi el 90 por ciento de su población trabajadora activa y formalizada. Con esto se buscan dos cosas: pagar las pensiones de los pensionados actuales con los ingresos que se van a percibir de estos cotizantes a Colpensiones. Según estimaciones del Gobierno serán de 16 billones de pesos. Como segunda medida, con los dineros que se trasladan de los fondos pensionales a Colpensiones y recursos del Estado podrán subsidiar el pilar solidario. Al establecer la coordinación de los regímenes, prima media y ahorro individual, los fondos de pensiones van a recibir menos ingresos afectando su capacidad de inversión en el mercado de capitales colombiano.

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