El aumento en las tarifas de los servicios públicos sigue golpeando el bolsillo de los colombianos. Una familia en Bogotá que el año pasado pagaba 64.000 pesos de gas al mes, este 2025 tuvo que cancelar 70.000 pesos, por el mismo consumo, y con el incremento de hasta el 36 por ciento que anunció Vanti en la capital del país, Boyacá y Cesar, esa misma factura podría llegar hasta 95.000 pesos. En el Eje Cafetero se prevé que el aumento sea del 25 por ciento. En Santander, del 20 por ciento, y en Antioquia, EPM anticipó que estará entre el 20 y el 22 por ciento a partir de febrero de 2025.

Este incremento en las tarifas obedece a una compleja serie de factores económicos, regulatorios y operativos. Pero, además, evidencia una preocupación de fondo: cómo garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y el acceso equitativo a estos servicios esenciales. Por eso, el hecho de que los usuarios tengan una mayor claridad sobre qué hay detrás de estos incrementos, permite no solo un consumo más eficiente, sino fortalecer la capacidad ciudadana para exigir políticas públicas que prioricen la transparencia, la estabilidad tarifaria y la eficiencia en la prestación del servicio.

En el caso de Vanti, la empresa atribuyó el incremento al alza del gas nacional y mayores costos logísticos. “Hemos trabajado para mitigar el impacto, pero la necesidad de importación hizo inevitable este ajuste”, aseguraron desde la empresa. El exviceministro de Energía, Miguel Lotero, explicó que efectivamente los sobrecostos responden al hecho de tener que importar gas por las terminales de regasificación en el Caribe, debido a la caída de las reservas y la expiración de contratos, ”porque históricamente Vanti ha manejado costos más bajos con gas de Cusiana y Cupiagua”. Por su parte, John Jairo Contreras, vicepresidente de Grandes Clientes de Vanti, reconoció que “los nuevos productores manejan precios distintos y el transporte desde nuevas fuentes es más costoso”.

Lotero advirtió que la crisis también evidenció la necesidad de invertir en exploración y producción. “Debemos ampliar la infraestructura y optimizar la regulación”, afirmó. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que “hay suficiente gas nacional para la demanda esencial en 2025” y destacó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) flexibilizó la contratación con la Resolución 102 015. En este contexto, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos (SIC) evaluar el impacto en los usuarios. “Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los consumidores”, enfatizó.

Mientras el Gobierno insiste en que sí hay gas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) prevé un déficit del 13 por ciento entre 2024 y 2028. En septiembre de 2024, el gestor del mercado reportó un faltante de 120,7 GBTUD, aumentando la dependencia de importaciones. “Tenemos seis años de reservas de gas. Eso quiere decir que en diciembre del 2029 en Colombia no va a haber una sola molécula de gas nacional. Este año ya vamos a tener por lo menos un déficit de gas del 5 por ciento, que se va a ir incrementando con los años.

¿Qué hay que hacer? Darle prioridad a esos proyectos que están costa afuera. Hay unas iniciativas, 19 proyectos, que tienen una producción marginal que podrían aportar 250 millones de pies cúbicos. Es una solución temporal porque solamente alcanzaría a cubrir más o menos el 25 por ciento de la demanda actual. Pero hay que hacerlos”, advirtió Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Las tarifas de energía eléctrica en Colombia han experimentado variaciones a lo largo del último año. A principios de 2024 se mantuvieron estables, pero aumentaron 2.56 por ciento entre marzo y abril debido a una menor generación hidroeléctrica por el fenómeno de El Niño. Luego, de mayo a agosto, bajaron 5.6 por ciento gracias a un aumento en las lluvias y a la entrada de energía renovable. Sin embargo, en septiembre y octubre repuntaron 1.38 por ciento, y en noviembre y diciembre cayeron 0.44 por ciento, principalmente en la Región Caribe.

Este comportamiento también estuvo influenciado por factores externos. El fenómeno de El Niño, por ejemplo, elevó los precios en bolsa, afectando especialmente a los comercializadores expuestos. Para mitigar el impacto de estos aumentos, se suspendió el Cobro de la Opción Tarifaria (COT) –la tarifa adicional que los usuarios pagan

cuando las empresas prestadoras de servicios enfrentan costos adicionales debido a situaciones extraordinarias– en departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena, aunque las pérdidas derivadas de conexiones ilegales siguen siendo un desafío importante.

Para Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), “en cualquier mercado, los precios son simplemente una señal de escasez. Y aquí estamos en un momento de escasez desde hace ya varios años”. Al sector le preocupa el tema del gas, porque se usa para generar energía eléctrica cuando los embalses están en unas condiciones de baja hidrología, “y cuando nos toca prender todo el parque térmico, pues ojalá lo pudiéramos prender con el gas más barato”, apuntó Gutiérrez.

En el último fenómeno de El Niño, y casi la mayor parte del año pasado, con una condición atípica de lluvias, se tuvieron que prender las térmicas a máxima capacidad con gas importado a 18 dólares. “Eso se ve reflejado en la tarifa de energía de todos nosotros”, explicó Gutiérrez.

La volatilidad en los precios del gas importado seguirá teniendo un impacto directo en las tarifas de energía en Colombia. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), explicó que el gas natural importado cuesta entre 12 y 18 USD/MBTU, dependiendo de factores como la oferta y demanda global, las condiciones climáticas y la capacidad de almacenamiento; “aunque pese a la volatilidad, sigue siendo más barato que los combustibles líquidos”, indicó. Sin embargo, advirtió que “en la medida que disminuya la oferta frente al aumento en la demanda, los precios tenderán al alza”, lo que causa presiones en los costos de generación y, eventualmente, en las tarifas que pagan los usuarios.

El déficit en subsidios también impacta al sector. En 2024, el Gobierno giró 1,54 billones de pesos para energía, cubriendo solo el 41 por ciento del total, y 210.000 millones de pesos para gas, acumulando una deuda de 840 mil millones de pesos. A esta situación se suma la intervención de Air-e, que adeuda más de 900 mil millones de pesos, lo que agrava la presión financiera sobre el sector. Pese a esto, Edwin Palma, agente especial de Air-e, destacó que la intervención mantuvo tarifas estables en Atlántico, Magdalena y La Guajira, beneficiando a 1.3 millones de hogares. También se redujo el impacto de la opción tarifaria y se garantizó el suministro para 2025 con contratos directos.

Sin embargo, los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba siguen con problemas de calidad por falta de inversión. “La Región Caribe sufre interrupciones constantes y tarifas elevadas”, precisó Loreto, quien agregó que aunque Air-e y Afinia fueron creadas para mejorar el servicio, las pérdidas de energía lo siguen encareciendo. “Gran parte de la energía no se paga, ya sea por conexiones ilegales o demora en los subsidios. A esto se suma que el Estado asumió la operación con miras a una posible liquidación, lo que deja en el aire la estabilidad del servicio ”, alertó el exviceministro, quien pide mayor financiación de subsidios y control del fraude para reducir pérdidas. “Se requieren inversiones adicionales para mejorar la confiabilidad y reducir interrupciones”, agregó.

Por otra parte, el gremio de los servicios públicos advirtió que si Afinia no recibe los recursos que le adeudan, muy probablemente, en marzo, el Gobierno va a terminar con el 20 por ciento del mercado de nuevo en sus manos.

Un caso emblemático que ilustra la problemática relacionada con los subsidios, más allá de la Región Caribe, es el de Puerto Carreño, Vichada. En enero de 2025, el 90 por ciento de la población quedó sin suministro eléctrico debido a la falta de pago de los subsidios que el Gobierno nacional debía girar a las empresas generadoras de energía desde abril de 2024. Esta situación acumuló una deuda insostenible, llevando a la suspensión del servicio. El gobernador de Vichada, Alex Benito, expresó su preocupación, resaltando que esta crisis era previsible y que a pesar de las gestiones realizadas ante el Gobierno no se ha encontrado una solución definitiva.

ANDEG advirtió sobre un riesgo financiero en el sector, con un déficit de subsidios superior a 2,8 billones de pesos. “El Gobierno ha cubierto parte del faltante, pero para la sostenibilidad del servicio es esencial que se honren todas las obligaciones”, aseguró Castañeda. Por su parte, Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, mostró preocupación frente a todo este escenario, debido a que la reducción de subsidios ha afectado a los estratos bajos. “El umbral de consumo subsidiado ha disminuido desde 2005”, concluyó.