En un bosque andino de la región central, un grupo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional (CAR) abrió con cuidado una jaula. De su interior, una zarigüeya herida —rescatada tras un decomiso por tráfico ilegal de fauna— salió corriendo entre las hojas secas. Este era apenas uno de los más de un millón de animales silvestres que han sido atendidos por este tipo de organizaciones en los últimos 30 años. Y aunque el momento dura apenas unos segundos, resume décadas de esfuerzo por reparar los vínculos rotos entre la sociedad y la naturaleza.

Con más de 60.000 especies registradas, Colombia es reconocida como una de las naciones más biodiversas del planeta. Desde las sabanas del Vichada hasta los páramos de los Andes, el país alberga una variedad de ecosistemas que representan cerca del 10 por ciento de la biodiversidad mundial. Pero esa abundancia no es homogénea: cada región ofrece una combinación única de condiciones climáticas, geográficas y culturales que determinan la distribución de especies y recursos.

“Tenemos uno de los países más maravillosos por metro cuadrado del mundo. Eso nos hace responsables de su preservación”, aseguró Yesid González Duque, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS).

Y con “maravillosos” se refiere también a la asombrosa riqueza de especies distribuidas en el territorio nacional, en donde habitan cerca del 38 por ciento de las aves de América Latina y más de 700 especies de peces dulceacuícolas en sus ríos, lagos y sabanas.

En regiones como la Orinoquia esta diversidad se expresa en cifras contundentes: es una de las zonas con mayor concentración de avifauna del país y representa el 26 por ciento de su disponibilidad hídrica. Sin embargo, el Instituto Humboldt, en su más reciente Reporte Bio, advirtió que esta región enfrenta una transformación acelerada.

En las últimas cuatro décadas, la huella espacial humana aumentó 35 por ciento, principalmente por la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y la infraestructura vial, lo cual ha llevado a que muchas de las especies registradas estén en alguna categoría de amenaza.

Frente a esta realidad, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible —CAR y CAS— se han convertido en la primera línea de respuesta institucional para la protección del patrimonio natural. Son 33 entidades creadas por mandato constitucional y reglamentadas por la Ley 99 de 1993, distribuidas en todo el país, que cumplen un doble papel: ejercer autoridad ambiental y ser ejecutoras de las políticas de conservación, ordenamiento territorial y gestión sostenible de los recursos naturales.

Su trabajo parte de la identificación de territorios estratégicos y especies clave, con los cuales se diseñan planes de manejo ambiental y se construye el Plan de Gestión Ambiental Regional, la hoja de ruta a largo plazo de cada corporación.

Esto ha permitido que, en las últimas tres décadas, las CAR consoliden figuras como los parques naturales regionales, las reservas forestales protectoras y los distritos de manejo integrado, y que a hoy, más de cuatro millones de hectáreas estén bajo esquemas de conservación.

Asimismo, han liderado la recuperación de ecosistemas estratégicos como humedales —en los casos de Fúquene, Cucunubá o el sistema del Solso—, y zonas marinas como los manglares y arrecifes coralinos del Caribe insular. En San Andrés, la Corporación Coralina (la CAR del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), ha impulsado proyectos pioneros en restauración de corales, mientras otras corporaciones avanzan en programas de recuperación ecológica terrestre.

Las CAR también operan instrumentos de conservación productiva como el pago por servicios ambientales, que hoy beneficia a más de 15.000 familias campesinas, y promueven negocios verdes y ecoturismo comunitario. “No se trata solo de declarar áreas protegidas, sino de concertar su defensa con las comunidades”, subrayó González, quien agregó que “la participación local no es un adorno, es la única manera de lograr resultados sostenibles”.

En un escenario de presión creciente sobre los ecosistemas, las CAR enfrentan obstáculos estructurales que limitan su capacidad de respuesta. Entre ellos, el recrudecimiento de la violencia, que en algunas zonas ha hecho prácticamente imposible ejercer autoridad ambiental. “La seguridad nos ha golpeado mucho. Hay territorios donde no podemos ingresar por la presencia de grupos armados ilegales, asociados a cultivos ilícitos, minería informal o tráfico de fauna”, advirtió González.

A esto se suman las limitaciones presupuestales, la escasez de talento técnico en regiones como la Amazonia y los obstáculos administrativos para acceder a recursos de cooperación.

Por su parte, el cambio climático ha intensificado los eventos extremos, con temporadas de lluvias y sequías cada vez más severas. En esos casos, las CAR, en articulación con los municipios, han acompañado más de 700 procesos de gestión del riesgo solo en el último año.

Entre las medidas implementadas se encuentran las estufas eficientes, la rehabilitación de cuencas, el monitoreo climático y los viveros forestales comunitarios. “En los últimos cuatro años hemos sembrado más de 55.000 árboles; sin embargo, no se trata solo de sembrar, sino de garantizar su sostenibilidad en los primeros años para que realmente se integren al ecosistema”, señaló el director.

Desde la mirada internacional, el panorama es igualmente exigente. Según el Informe Planeta Vivo 2024 de WWF, las poblaciones de vertebrados monitoreadas en el mundo disminuyeron un 73 por ciento en solo 50 años. En América Latina, el deterioro ha sido aún más acelerado.

“Las crisis vinculadas a la pérdida de la naturaleza y el cambio climático están empujando a los entornos naturales más allá de sus límites”, advirtió Kirsten Schuijt, directora de WWF Internacional. Por su parte, Conservación Internacional indicó en su Informe Nacional de la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia que “casi la mitad de los ecosistemas colombianos presenta condiciones que amenazan su integridad, y por tanto su capacidad de proveer servicios a la sociedad”.

Frente a este contexto, las CAR representan uno de los pocos dispositivos institucionales con presencia real en el territorio. “Este trabajo no puede hacerse sin participación real. No se trata solo de proteger un bosque, sino de construir acuerdos duraderos con la gente que lo habita”, concluyó González.