¿Seguirán subiendo las tarifas de los servicios públicos en Colombia? Esto es lo que dice Andesco

SEMANA: ¿Cómo está hoy Colombia en tarifas y calidad de los servicios públicos?

Camilo Sánchez (C. S.): Nos hemos convertido en un referente internacional en cobertura, calidad y continuidad de servicios como energía, agua potable, saneamiento básico y TIC, con avances significativos desde 1991. Es fundamental seguir construyendo sobre lo logrado, sin retrocesos ni improvisaciones, garantizando seguridad jurídica para mantener la inversión y evitar que el capital migre a países con mayor estabilidad, como Brasil, Chile o Argentina. De hecho, estamos en la parte alta de América Latina y somos el único país de la región que no ha sufrido apagones en energía y gas, a diferencia de Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile y Argentina. Por eso, exigimos no dar saltos al vacío; no podemos destruir lo construido en los últimos 30 años.

SEMANA: ¿A qué se refiere?

C. S.: A medidas erradas, como la reducción forzada de tarifas o el debilitamiento de la Creg al operar con un cuórum incompleto y comprometiendo su autonomía. Para el ministro de Minas, la solución es bajar tarifas a la fuerza, imponiendo techos a los mercados, una estrategia que no ha funcionado en América Latina. Además, hemos perdido un activo valioso: nuestra seguridad energética. Antes no dependíamos de ningún país. Adicionalmente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió marchitar Ecopetrol, impidiéndole continuar con la exploración de petróleo y gas, pese a que Colombia tiene una ventaja comparativa.

Esto es aún más relevante considerando que el país no es un contaminador neto, pues genera menos del 0,06 % de la contaminación global, con empresas que están realizando grandes inversiones para ser carbononeutrales. Creo que nos estamos equivocando y por eso ahora estamos importando gas para sectores que antes no lo necesitaban. Anteriormente, solo se traía SPEC para las térmicas, cubriendo alrededor del 4 % del mercado, pero ahora incluso se usa para vehículos. El panorama se ha complicado, poniendo en riesgo el suministro en los hogares y provocando un aumento de precios debido a malas decisiones tomadas en los últimos años.

SEMANA: ¿Seguirán subiendo las tarifas?

C. S.: Este era un escenario previsible. Empresas y gremios advirtieron al Gobierno a través de cartas de la necesidad de importar gas. Al decidir marchitar la principal fuente de gas en Colombia, se corre el riesgo de reducir cada vez más la disponibilidad. Aunque se afirme que hay suficiente, es fundamental identificar en qué regiones del país se encuentra, ya que los costos de transporte, especialmente hacia el centro, encarecen su llegada.

Además, la demanda está superando la oferta, lo que impulsa el alza de precios, una situación típica en países en desarrollo. Sin embargo, el problema no radica en quienes intentan cumplir con los usuarios, sino en las políticas que no se han implementado para garantizar el petróleo y gas necesarios. El hallazgo de Sirius es una noticia positiva que podría ayudar a recuperar la suficiencia energética. No obstante, se requieren proyectos adicionales que no solo aseguren el abastecimiento, sino que permitan almacenar gas a mediano y largo plazo.

SEMANA: Además del gas, las tarifas de energía podrían subir hasta 150 % por la falta de pago de subsidios. ¿Cómo evitar llegar a esto?

C. S.: La gran noticia de la semana pasada fue la advertencia del contralor y el procurador, un mensaje que hacía mucho no se escuchaba en el país: el Gobierno y el ministro están jugando con candela. Si no se pagan los subsidios y no se revisa la opción tarifaria, el sector energético enfrentará graves problemas financieros, además de un déficit entre la oferta y la creciente demanda, lo que podría llevar a un apagón. Por eso el llamado es a que la técnica prime sobre la política. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debe volver a ser estrictamente técnica y no seguir órdenes sin considerar las consecuencias. Forzar la reducción de las tarifas no es la solución, como lo demuestra el caso de Afinia, que lleva más de seis meses bajo control del Gobierno sin lograr bajar los valores.

SEMANA: ¿Qué tan grave es el déficit en el pago de los subsidios?

C. S.: Aunque el ministro de Hacienda, y no el de Minas, como corresponde, escuchó el problema y entregó un billón de pesos —de los más de 7,5 billones necesarios para cubrir los subsidios—, la cuenta sigue creciendo. Estos pagos no son un regalo, sino la devolución de lo que ya se entregó a los usuarios. Lo más preocupante es que no comprenden que si no se entregan los recursos el país se apagará, como ocurrió en Puerto Carreño, donde la falta de pago de 1.600 millones de pesos dejó a 40.000 colombianos sin energía hasta que se giró el dinero. Esto demuestra que pequeñas empresas públicas en regiones como Huila, Putumayo, Chocó y Amazonas, que se endeudaron para cubrir los subsidios, también corren el riesgo de apagarse.

No queremos que esto suceda, porque la pérdida sería entre dos y tres puntos del PIB, y en la costa el daño sería mayor, tanto en términos económicos como sociales, especialmente por el impacto en el turismo y los sobrecostos si tuviéramos que generar energía de nuevo con líquidos. Además, el futuro es incierto, ya que la oferta no está creciendo al ritmo de la demanda. La energía eólica y solar de La Guajira aún no ha entrado en operación y otros proyectos clave siguen en espera, lo que podría generar un apagón en 2026 por falta de energía.

SEMANA: ¿Qué se debe hacer para evitar el apagón?

C. S.: Las alternativas que proponemos incluyen el cruce de cuentas entre las pocas empresas que están generando utilidades para que puedan compensarlas con impuestos, la titularización de la deuda para manejar los recursos en el mercado secundario y lograr liquidez, y hacerle entender al ministro dos puntos fundamentales. Primero, que liquidar lo pendiente por pagar en subsidios no significa que se haya pagado, ya que liquidar es solo reconocer la deuda, pero no implica que el dinero llegue a las empresas, lo cual es un error grave. Segundo, que la salida no está en una reforma tributaria con un pequeño ajuste, sino en un artículo único que le permita al Congreso votar para recuperar tres billones de pesos, vitales para la liquidez del sector. Lo que se necesita es un recorte en el gasto, priorizar los recursos y optimizar el presupuesto más grande de la historia: 511 billones de pesos.

SEMANA: El presidente Petro ha dicho que las tarifas de energía son ilegales...

C. S.: Asegurar que están robando es falso. Hay cartas del ministro sin respuesta, alertando sobre la escasez de gas, problemas en proyectos y avances en la Colectora, que es la única buena noticia para traer la nueva energía eólica y solar de La Guajira. Nosotros estamos emitiendo alertas y necesitamos pragmatismo, no discursos de buenos y malos. Los empresarios no son los malos, y más de la mitad de nuestras empresas son públicas, como EPM, que ha hecho una labor impresionante, al igual que ISA y otras que están trabajando para evitar el apagón. El Gobierno tiene una postura ideológica, como su rechazo a las térmicas, pero este país se ha salvado del apagón gracias a las térmicas a gas en la costa y a las térmicas a carbón en Boyacá, Cundinamarca y Santander. Aunque estas fuentes son contaminantes, la realidad es que evitaron que el país se apagara. La transición energética se debe hacer con gas. Colombia tiene ventajas comparativas que debemos aprovechar.

SEMANA: Muchos usuarios desconocen cómo se fijan los precios de los servicios públicos. Podría explicar qué factores influyen en su determinación.

C. S.: Es un tema extremadamente técnico, por lo que politizarlo resulta peligroso. La oferta y la demanda son claves: cuando la demanda supera a la oferta, hay pocos recursos disponibles y muchas personas quieren acceder a ellos, lo que inevitablemente aumenta los precios, ya que se prioriza a quienes pueden pagar más. La gestión de estos recursos debe estar a cargo de entes técnicos que consideren no solo los costos, sino la distancia. Por ejemplo, si el gas está en la costa y debe transportarse 1.000 kilómetros hasta el centro del país, el costo será mucho mayor que si se utilizara directamente en la costa. Esto no solo impacta el precio del gas, también el de la transmisión, generación y comercialización, elementos esenciales en la cadena de suministro. Las pérdidas de energía, como las pérdidas negras –causadas por el robo de electricidad o gas, es decir, el consumo ilegal a través de conexiones fraudulentas o alteraciones en los medidores–, deben ser parte de este análisis, ya que se diluyen entre los usuarios que sí pagan y no roban los recursos.

SEMANA: Hablemos del agua. La falta de inversión ha afectado la cobertura y calidad del servicio. ¿Cuáles son las zonas críticas?

C.S.: En Barranquilla organizamos un evento con la ministra de Vivienda, el Ideam y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), donde mostramos que el 28 por ciento del agua potable se pierde. Además, los medidores están siendo manipulados y las tuberías viejas, con más de 50 años, presentan fugas. Es fundamental usar la tecnología para detectar las pérdidas. También necesitamos trabajar con departamentos, municipios y la CRA para incentivar un uso responsable del agua, con multas por consumo excesivo. A futuro, debemos revisar los subsidios, especialmente en estratos 1, 2 y 3, para evitar que quienes no lo necesitan sigan siendo subsidiados.

SEMANA: Usted ha dicho que el Gobierno debe actuar rápido para evitar un colapso del sector. ¿Cuáles serían los tres pasos que no dan espera?

C. S.: El primero, no ver a las empresas públicas, privadas y mixtas como enemigas; la tecnología y el conocimiento están ahí. El segundo, priorizar en el presupuesto los recursos para pagar los subsidios y la opción tarifaria en los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas, que son claves en este momento. En lo que respecta a las TIC, repito, no nos pongan más tributos ni más condiciones, déjennos actuar, porque el mercado, con competencia, hace que podamos tener mayores coberturas y mayor calidad. La invitación es a que sigamos tendiendo puentes desde la diferencia, porque al final quienes terminan pagando los platos rotos son los usuarios.