Formación con propósito
Llevar el conocimiento jurídico a las regiones: una apuesta que transforma vidas
Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa impulsa un proyecto de sostenibilidad que conecta a estudiantes de Derecho de distintas regiones del país con oportunidades de formación y práctica profesional.
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En un país donde las oportunidades suelen concentrarse en las grandes ciudades, abrir espacios para el desarrollo profesional en las regiones se convierte en una verdadera estrategia de transformación. Con esa convicción, la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa lidera un proyecto de sostenibilidad enfocado en la formación jurídica regional, mediante convenios con universidades de distintas zonas del país.
“Nuestro proyecto de sostenibilidad actual se basa en prácticas regionales”, explica María Claudia Martínez Beltrán, socia de la firma. La iniciativa nació de la vinculación con la Fundación Probono, organización que promueve el compromiso social del ejercicio del Derecho en Colombia. “Como abogados, tenemos la obligación de aportar a la sociedad nuestro conocimiento, en especial a aquellas personas que no pueden acceder a abogados pagos”, afirma Martínez.
En este contexto, la firma decidió extender su impacto más allá de Bogotá, firmando convenios con universidades en ciudades como Montería, Santa Marta y Medellín. Cada semestre, los estudiantes seleccionados tienen la oportunidad de realizar su pasantía en áreas clave como litigios, tributario, competencia, laboral y propiedad intelectual. “El impacto directo es sobre los estudiantes porque tienen la oportunidad de trabajar, pero el verdadero impacto lo queremos ver en las regiones, precisamente, que ese conocimiento de primer nivel llegue a las regiones”, agrega.
El proyecto no ha estado exento de desafíos. Conseguir los convenios con las universidades ha requerido persistencia y diálogo constante. “El reto más grande ha sido lograr firmar los convenios con las universidades. Hemos llamado a más de 50 instituciones, siendo Colombia uno de los países con más facultades de Derecho en el mundo”, señala Martínez.
La meta está clara: consolidar al menos diez convenios activos para 2026 y garantizar la participación de estudiantes de todo el país. Más allá de fortalecer la educación jurídica, esta iniciativa siembra una red de conocimiento, equidad y oportunidades que contribuye al desarrollo profesional y social de las regiones.
