Anticorrupcipon
Compliance para el sector público: una herramienta contra la corrupción desde lo local
“Muchas veces la corrupción no es una conducta deliberada, sino producto del desconocimiento”, explica Adriana Gómez Barajas, experta en programas anticorrupción. Esta abogada lidera la formación a entidades que necesitan conocimiento para velar por los recursos públicos.
Adriana Gómez Barajas, socia directora de la Línea de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance en la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, lidera una iniciativa pionera en Colombia: “Compliance para el Sector Público”, un proyecto de impacto social que traslada las buenas prácticas del sector privado a las entidades públicas, especialmente aquellas más vulnerables a la corrupción por su tamaño o aislamiento territorial.
La experiencia de Gómez en temas de cumplimiento le permitió identificar que los riesgos asociados a la corrupción no distinguen entre grandes corporaciones y pequeñas administraciones locales. “Una alcaldía con un presupuesto anual de 400 millones de pesos puede parecer pequeña, pero esos recursos son todo para un municipio de 1.500 personas”, advierte. La apuesta del proyecto es aterrizar herramientas efectivas de control y prevención en la gestión y contratación pública, con un impacto directo en la ciudadanía.
Desde hace cinco años, la firma viene desarrollando esta línea de trabajo con metodologías adaptadas a la realidad de las entidades públicas. “Muchas veces la corrupción no es una conducta deliberada, sino producto del desconocimiento”, explica. Por eso, su propuesta busca no solo prevenir desviaciones intencionales, sino enseñar a gestionar mejor los recursos desde el conocimiento técnico y la conciencia del deber público.
El impacto del programa ha ido más allá del ámbito institucional. Recientemente, fueron invitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para trabajar con ESALES (entidades sin ánimo de lucro), muchas de ellas pequeñas organizaciones barriales que también gestionan recursos y requieren criterios de transparencia y eficiencia. “Todo el mundo administra recursos, todo el mundo tiene un objetivo. Y muchas veces, sin saberlo, repiten prácticas inadecuadas que hay que corregir”, señala Gómez Barajas.
Esta abogada, una de las mayores expertas en compliance en Colombia, sostiene que este tipo de programas deben escalarse y alcanzar a sectores aún no cubiertos, como microempresarios, organizaciones comunitarias, y redes ciudadanas que requieren herramientas concretas para actuar con ética y proteger sus iniciativas. “No se lucha contra la corrupción con discursos ni con fotos, sino con metodologías efectivas”, concluye.
