Aumenta la deforestación en Colombia: “Es urgente retomar el control de los territorios”

Aunque Colombia es reconocida por su riqueza natural, enfrenta un gran desafío ambiental: la pérdida de bosques. Durante las últimas dos décadas, el país ha oscilado entre avances y retrocesos. En 2023 alcanzó la tasa de deforestación más baja en 23 años con 80.000 hectáreas, una cifra alentadora que entregó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, frente al pico de 220.000 hectáreas que se registraron en 2017. Sin embargo, en 2024 la deforestación aumentó 35 por ciento y llegó a 107.000 hectáreas.

Ante esta realidad, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que el Gobierno ha “logrado una reducción acumulada del 40 por ciento desde 2021. Es fundamental consolidar esta tendencia y evitar nuevos repuntes”. Algunos expertos advirtieron que esta disminución no refleja necesariamente una política efectiva, sino que responde a factores coyunturales, como el control de grupos armados sobre territorios clave.

¿Está Colombia en el camino correcto para frenar la deforestación o los logros recientes podrían desmoronarse ante la falta de una política más firme y sostenida? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el comportamiento de la deforestación no es lineal, como lo muestran las cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam, difundidas por el Ministerio de Ambiente. Si bien las políticas de conservación han tenido un impacto positivo, las causas del problema persisten y varían en cada región.

Uno de los aspectos más preocupantes es la concentración geográfica: en 2024, el 63,6 por ciento de la pérdida de bosques ocurrió en la Amazonia (68.000 hectáreas), consolidando este territorio como el epicentro del problema. El nordeste de Antioquia, el Bajo Atrato en el Chocó y el Catatumbo, en Norte de Santander, son otras regiones con altos niveles de deforestación.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que la disminución en 2023 estuvo altamente influenciada por la decisión de grupos armados de prohibir la tala y las quemas en la Amazonia, no obstante, cuando en 2024 esos grupos relajaron las restricciones, la deforestación repuntó. “El Estado no tiene el control real sobre los territorios y sus economías ilegales. La deforestación sigue siendo impulsada por la apropiación de tierras y el lavado de activos, y mientras eso no cambie, seguiremos viendo fluctuaciones”, afirmó.

Juan Camilo Villegas, coordinador del Grupo de Investigación en Ecología Aplicada de la Universidad de Antioquia, comparte esta posición. “Es cierto que los niveles actuales son más bajos que hace una década, pero no podemos hablar de un éxito estructural: la tendencia sigue siendo volátil y depende de múltiples factores”.

Las causas de la deforestación

Existen factores que han impulsado la destrucción de los bosques durante décadas en el país. Entre ellos sobresale el acaparamiento de tierras, la expansión agropecuaria, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la construcción de carreteras no reguladas.

Para Uriel Murcia, coordinador del programa de investigación del Instituto Sinchi, la causa principal es la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente por la ganadería extensiva. “La Amazonia no es apta para la ganadería, y aun así el modelo sigue expandiéndose. Hoy, 8 millones de hectáreas han sido taladas y quemadas para dar paso a pastizales, sin un modelo productivo sostenible”, señaló.

Botero, por su parte, argumentó que el gran motor económico detrás de la deforestación es la inversión de capital ilícito en tierras proveniente del narcotráfico y la minería ilegal: “El problema no es solo la tala de árboles, sino el modelo financiero que la sustenta. La apropiación de tierras es el negocio real”. En regiones como el Catatumbo y el Bajo Atrato, la deforestación está estrechamente vinculada a los cultivos de coca y a la minería ilegal.

“Si bien es indispensable abordar la deforestación desde la valoración y el aprovechamiento sostenible de los bosques, con iniciativas productivas que son el sustento para muchas familias en los territorios, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reiteramos la necesidad de lograr mayor control de la ilegalidad y de las economías criminales que promueven la deforestación y que afecta de manera directa el bienestar de las comunidades y la sociedad en general”, reflexionó Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.

Las consecuencias son profundas

La deforestación no solo significa la pérdida de árboles. Es un fenómeno que genera impactos profundos en la biodiversidad, el clima y las comunidades. Esto sucede porque los ecosistemas afectados albergan especies únicas. Por ejemplo, según WWF, la Amazonia concentra el 20 por ciento de la biodiversidad mundial, por lo que su destrucción pone en riesgo a miles de especies de fauna y flora y “compromete la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y campesinas que dependen del bosque”, señaló Herrera. Además, tal y como lo explicó el profesor de la Universidad de Antioquia, la fragmentación de los bosques reduce la conectividad entre los ecosistemas, dificultando la movilidad de especies, el flujo genético y la regeneración natural de los hábitats, aumentando la probabilidad de extinción local.

Por otro lado, la Amazonia actúa como un gran sumidero de carbono, absorbiendo dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera, y su destrucción libera grandes cantidades de este gas y reduce la capacidad del planeta para mitigar el cambio climático. Uno de los efectos más críticos es la alteración del ciclo del agua. Diversos estudios científicos han demostrado que entre el 70 y 80 por ciento de la lluvia en la Región Andina proviene de la evaporación de los bosques amazónicos. “La deforestación tiene un impacto directo en la disponibilidad de agua. Si seguimos perdiendo bosques, afectamos los ríos, los embalses y, en última instancia, la seguridad hídrica del país”, alertó Villegas.

Además del impacto ambiental, la deforestación tiene un costo humano. Las comunidades indígenas y campesinas, que han cuidado históricamente estos territorios, pierden acceso a fuentes de alimento, medicinas tradicionales que extraen de las plantas y suelos fértiles. “La deforestación degrada el ecosistema y vulnera los derechos de las poblaciones locales”, agregó el coordinador del Programa de Investigación del Sinchi.

¿Están funcionando las estrategias contra la deforestación del Gobierno?

El Gobierno nacional ha implementado diversas estrategias para frenar la deforestación, desde el fortalecimiento del monitoreo satelital hasta programas de conservación comunitaria. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Aunque la tasa de deforestación se redujo en los últimos años, el repunte de 2024 genera dudas sobre la efectividad a largo plazo de estas políticas y su capacidad para consolidar una reducción sostenida.

Uno de los mayores logros ha sido la creación de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFB), un programa que busca integrar conservación y desarrollo sostenible en los territorios afectados. Según WWF, este modelo es clave porque permite ofrecer alternativas económicas viables a las comunidades. “Es fundamental que las comunidades sean parte de la solución. La conservación debe ir de la mano con oportunidades productivas sostenibles”, afirmó Herrera. De igual forma, el país ha fortalecido su sistema de monitoreo satelital, permitiendo detectar la deforestación en tiempo real, dado que el Ideam y el Ministerio de Ambiente han implementado alertas tempranas que facilitan la respuesta rápida ante nuevas amenazas.

A pesar de estos avances, la ausencia de control territorial sigue siendo el mayor obstáculo para frenar la deforestación. Botero señaló que el Estado aún no controla el ingreso de ganado, maquinaria ni capital ilícito, lo que permite que las economías ilegales sigan impulsando la destrucción de los bosques. Otro problema es la falta de sanciones efectivas contra los grandes responsables de la deforestación. “No hay un control real sobre los actores que financian la apropiación ilegal de tierras y mientras esto no cambie, los bosques seguirán en riesgo”, enfatizó.

El problema se agravó en 2023, cuando la Corte Constitucional tumbó la ley que declaraba la apropiación de tierras públicas como un delito ambiental, eliminando una de las herramientas legales más importantes para combatir la deforestación. Para Botero, esta decisión dejó al país en un limbo jurídico. “Si el gran problema es que se están robando la tierra y no tenemos un marco legal claro, estamos en una situación crítica”, indicó.

¿Qué se puede hacer?

Para evitar que la deforestación vuelva a aumentar, los expertos coinciden en la necesidad de fortalecer el control territorial, regular el mercado de tierras y fomentar alternativas económicas sostenibles que brinden opciones reales a las comunidades dependientes de actividades que destruyen los bosques.

Uno de los principales desafíos es la falta de planificación territorial a largo plazo. Según el Instituto Sinchi, la ausencia de un modelo de desarrollo sostenible ha permitido que la frontera agropecuaria siga expandiéndose de manera desordenada, como lo enfatizó Murcia, para quien Colombia necesita una estrategia con visión a 100 años, en lugar de planes gubernamentales de corto plazo que cambian con cada administración, ya que las decisiones sobre el uso del suelo deben basarse en la capacidad real del territorio para sostener actividades productivas sin afectar los ecosistemas.

Otro aspecto clave es regular el mercado de tierras y frenar el acaparamiento ilegal. Botero advirtió que sin mecanismos efectivos para impedir que los terrenos deforestados ingresen al mercado formal, persistirá el incentivo económico para seguir destruyendo los bosques, por eso las medidas más urgentes son fortalecer el catastro rural, garantizar la titulación de tierras a sus verdaderos habitantes y aplicar sanciones más severas contra los responsables de la apropiación ilegal.

Además de la regulación, es fundamental impulsar modelos de desarrollo sostenibles que ofrezcan alternativas viables a la deforestación. WWF destacó que la bioeconomía, el ecoturismo y los sistemas agroforestales son estrategias que pueden generar ingresos sin necesidad de destruir los bosques. De esta forma, la ganadería extensiva podría ser reemplazada progresivamente por prácticas de producción más eficientes y sostenibles, como se ha evidenciado en iniciativas como Pagos por Servicios Ambientales y Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, que han mostrado resultados positivos, aunque su alcance sigue siendo limitado y requiere mayor inversión estatal.

El fortalecimiento del monitoreo y la respuesta ante alertas tempranas también es esencial. Aunque el Ideam ha mejorado el sistema de monitoreo satelital, aún falta capacidad de acción inmediata para evitar la pérdida irreversible de bosques. La construcción de carreteras ilegales, que a menudo precede a la deforestación masiva, debe ser identificada y detenida con mayor rapidez. Herrera, de WWF, comentó que la expansión de vías en zonas protegidas es una señal clara del aumento. Si no se actúa a tiempo, será más difícil revertir los daños.

Finalmente, la educación y la comunicación ambiental cumplen un papel fundamental, pues aunque la deforestación puede parecer un problema lejano para quienes viven en ciudades, su impacto se siente en el abastecimiento de agua y la estabilidad climática. El profesor Villegas reiteró que una parte significativa de la lluvia que alimenta ríos y embalses en el país proviene de la evaporación de los bosques amazónicos y si estos desaparecen, la seguridad hídrica de Colombia estará en riesgo. “Para que haya políticas más efectivas y sostenibles, la ciudadanía debe comprender la conexión entre la conservación de los bosques y su calidad de vida”, concluyó Villegas.