Especial Minería y Transición Energética
Así se alista Colombia para la transición energética y alcanzar la carbono neutralidad en 2050
Con la participación de las comunidades e inversiones en innovación, avanzan proyectos clave para acelerar la transición energética en La Guajira, Antioquia, Quindío y Boyacá.

En medio del creciente compromiso global por frenar el cambio climático, Colombia avanza hacia una transformación energética que busca algo más que diversificar la matriz: cambiar el modelo de desarrollo desde los territorios. Con proyectos en marcha desde La Guajira hasta Quindío, el país se posiciona como un actor clave en América Latina, no solo por sus recursos naturales, sino gracias al papel activo de las regiones.
Colombia se comprometió a reducir sus emisiones un 51 por ciento para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Para lograrlo, al menos entre el 40 y el 70 por ciento de su energía deberá provenir de fuentes limpias. Durante 2024, el país consolidó un crecimiento importante en capacidad instalada.
Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ingresaron al sistema más de 1.446,6 megavatios (MW), de los cuales el 95 por ciento provenía de fuentes solares. Con esto, la capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional alcanzó los 21.368,9 MW, un aumento del 7,39 por ciento frente al año anterior.
Este avance se complementa con una apuesta por fortalecer la transmisión. Entre las obras más relevantes está el rescate del proyecto de la línea Colectora en La Guajira, clave para conectar la generación eólica del norte con el resto del país.
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“Gracias al diálogo vinculante con comunidades, logramos destrabar proyectos que antes carecían de gestión socioambiental”, aseguró Palma.
A esto se suman programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas, que buscan llevar energía limpia a 5 millones de usuarios, priorizando zonas rurales y no interconectadas.
Energía eólica en La Guajira
El extremo norte del país concentra hoy la mayor apuesta por la energía del viento. Con 17 parques eólicos en desarrollo y un potencial superior a los 2.500 MW, La Guajira tiene condiciones únicas. Pero el verdadero reto está en el tejido social.
“El desarrollo comunitario debe estar en el centro de la transición energética”, señaló el gobernador, Jairo Aguilar Deluque, quien lidera la implementación de una Unidad de Diálogo Social para articular a empresas, Estado y comunidades. La estrategia incluye inversión en capital humano, educación técnica y acceso a servicios básicos. “No puede haber sostenibilidad sin participación”, enfatizó.
En este proceso, el rol del Estado es clave para garantizar que la transición no repita los errores del pasado. Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), uno de los principales desafíos ha sido la concertación con comunidades étnicas, particularmente con el pueblo wayúu. Para responder a esta realidad, en 2023 se firmó el Pacto por una Transición Energética Justa, una estrategia conjunta entre comunidades, empresas y gobiernos, implementada mediante un comité tripartito que promueve el diálogo y hace seguimiento a los compromisos adquiridos.
Sin embargo, el reto va más allá del diálogo. “Existe un legado de impactos sociales y ambientales negativos asociados a la minería, una industria que dejó más daños que beneficios para las comunidades locales”, aseguraron desde la Anla.
Innovación desde Antioquia
En Antioquia, la transición avanza con una lógica descentralizada. El departamento impulsa soluciones locales, como la instalación de paneles solares en 582 viviendas rurales y la modernización del alumbrado público con tecnología LED. A esto se suma el desarrollo del Hub de Hidrógeno Verde, un ecosistema que articula empresas, academia y gobierno.
La región también explora la reconversión de economías mineras. Mientras a la minería formal se le impulsa a producir energía fotovoltaica, a la informal se le ofrece formación técnica y herramientas para generar su propia energía. “Estamos articulando sostenibilidad ambiental con alternativas económicas reales”, precisaron desde la Secretaría de Ambiente.
Para Álvaro Jaramillo, profesor de la Universidad de Antioquia, el oriente y suroeste del departamento tienen condiciones ideales para convertirse en territorios piloto de transición descentralizada. Aquí organizaciones como cooperativas caficultoras pueden adoptar modelos de comunidades energéticas y esquemas agrovoltaicos que combinan cultivos con infraestructura solar. “Es una manera de diversificar ingresos, reducir costos y empoderar al productor rural”, advirtió.
En zonas como el Bajo Cauca, marcadas por la minería ilegal y los conflictos, la energía renovable también puede ser un camino de transformación. “Si los jóvenes ven en la energía limpia una opción de vida viable, se abren rutas distintas a las economías ilícitas”, manifestó Jaramillo.
Quindío sostenible
En el corazón del Eje Cafetero, el Quindío ha logrado cobertura total de energía eléctrica, incluso en zonas rurales de difícil acceso, gracias a soluciones solares. Para Bryant Naranjo, secretario de Agricultura del departamento, este logro ha representado “un acto de justicia territorial”.
La estrategia integra energías limpias en fincas turísticas y agrícolas, promueve estufas eficientes y busca mejorar la competitividad del turismo rural. “No es solo mitigar impactos ambientales, es aumentar bienestar y conectar el desarrollo con las raíces del territorio”, afirmó Naranjo.
Boyacá en expansión
Con proyectos como el Parque Solar Guayacanes (200 MW) y el Parque Solar Vasconia (7 MW), Boyacá también intenta tener una matriz más limpia. Además, la región explora la energía eólica y geotérmica, en alianza con Ecopetrol.
El programa Boyacá Avanza prioriza la electrificación de zonas rurales excluidas. Una estampilla creada por la Asamblea busca recaudar 15.000 millones de pesos para ampliar la cobertura con soluciones solares. Sin embargo, persisten barreras: altos costos iniciales, trámites complejos y falta de infraestructura de transmisión.
Pese a los retos, el departamento ha incluido inversiones por más de 526.000 millones de pesos en su plan 2023-2027. Además, promueve la formalización de la pequeña minería bajo criterios de sostenibilidad y su articulación con sectores como el turismo o la educación. Pero al igual que en La Guajira, el legado extractivista pesa. En municipios de tradición minera como Socha, Santa Rosa de Viterbo o Turmequé, han surgido movimientos sociales que desconfían de nuevos proyectos energéticos, incluso si no están directamente ligados a la minería, aseguraron desde la Anla.
Los desafíos
A pesar de los avances, los cuellos de botella estructurales siguen frenando la expansión. En regiones como el Caribe, la capacidad de transmisión no ha crecido al ritmo de la generación. Según Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética solo pudo asignar el 13 por ciento de la capacidad solicitada en la última ronda. “Zonas como La Guajira, Cesar y Magdalena están saturadas, lo que limita nuevos desarrollos”, advirtió.
En el Eje Cafetero, el panorama no es mejor. Los trámites ambientales pueden tardar más de 400 días, y esto ahuyenta a los inversionistas. Por eso, desde el sector se promueven modelos de gobernanza local, que incluyan a las comunidades desde el inicio y garanticen empleabilidad, formación y acceso a servicios esenciales.
Para expertos como Sergio Lopera, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Colombia no necesita una transición, sino una expansión energética baja en carbono. “Aún hay millones sin acceso a energía. No se trata de cambiar lo que existe, sino de multiplicar la capacidad instalada”, puntualizó.
Lopera advirtió que el discurso de la energía gratuita es insostenible si no se acompaña de modelos productivos que generen empleo y permitan pagar parte del consumo. “Los paneles se dañan, nadie los mantiene, y las comunidades vuelven a quedar a oscuras”, sostuvo. Su propuesta incluye sistemas híbridos, microhidroeléctricas o gas comprimido, según el contexto local.
Lopera también criticó la falta de articulación entre el Gobierno y el conocimiento técnico del país: “Tenemos universidades y centros de investigación, pero no hay una estrategia nacional seria. Sin desarrollo territorial, los proyectos no duran más allá de la foto inaugural”.