¿A dónde debería ir el dinero de las multas?

En vez de preguntarnos ¿cómo nos imaginamos el 2050?, debemos actuar de manera inmediata y asignar recursos económicos para cumplir las metas trazadas en relación con la disminución de emisiones, de hasta más de un 51 por ciento, de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Colombia. Esta cifra es mínima, frente a las consecuencias de la variabilidad y el cambio climático.

La gestión de recursos económicos, hoy en día, es una de las principales metas que se tienen en las instituciones públicas, y es una de las formas en las que se puede medir la gestión de los servidores. Sin embargo, nuestras instituciones y supuestos normativos requieren ajustarse a la realidad, sobre todo cuando la pandemia ha cambiado muchas de las posibilidades para el desarrollo de políticas que requiere Colombia. En mi caso, propongo ideas en función del apalancamiento de dinero para una destinación específica: la protección ambiental.

Veamos un ejemplo de lo que digo: el Código Nacional de Tránsito establece, en el artículo 160, que el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito debe ir a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial.

Entre el 2019, 2020 y lo que va del 2021 se han logrado recaudar más de dos billones de pesos en el país por el pago de comparendos, según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Este capital, de acuerdo con lo previsto en la ley de tránsito, no podría destinarse a programas ambientales con énfasis en movilidad sostenible, como podría ser el fortalecimiento del transporte público asociado a un mecanismo efectivo de disminución de rodantes en las vías, con lo que se lograría reducir considerablemente la emisión de contaminantes que degradan la calidad del aire y –en consecuencia- la salud de las personas.

Actualmente, las fuentes móviles (automotores) representan entre un 80 y 90 por ciento de Gases de Efecto Invernadero, asociados al uso de combustibles fósiles, como indican los inventarios de grandes centros urbanos. Estas emiten cerca del 80 por ciento del PM 2.5, ha señalado el Consejo de Política Económica y Social (Conpes).

Es hora de entender que es lógico direccionar parte de los recursos económicos que provengan de una actividad que contamina para atender al medioambiente, conociendo que los carros y las motos –en su gran mayoría- utilizan combustibles como gasolina, ACPM, entre otros, que son responsables de la generación de GEI y, en efecto, del calentamiento global.

Por otro lado, el impuesto vehicular es otra medida que va a los municipios y departamentos y se liquida de acuerdo con el valor comercial del automotor. Pero debe revaluarse, porque esa liquidación debería ser en relación con el nivel de circulación o rodamiento del vehículo y, principalmente, con la polución que ocasiona. Es decir, a más emisiones, mayor pago.

Hoy en día se premia la posibilidad de tener medios de transporte menos eficientes: los carros y motos antiguas pueden emitir más gases que los nuevos y, sin embargo, pagan menos impuestos porque su valor comercial es inferior, lo que es un elemento determinante para la liquidación del tributo.

Tampoco es razonable que se permita que las motocicletas inferiores a 125 centímetros cúbicos estén exentas de la contribución, cuando son las que más inciden en el ciclo de conducción, causando accidentes de tránsito y, por tanto, incrementando los tiempos de los recorridos por estos eventos. En Colombia circulan actualmente 9 ‘734.208 motos, es decir, el 59 por ciento del parque automotor, según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que las convierte en una fuente de contaminación razonable.

No podemos ser un territorio llamado a fracasar en términos ambientales. Debemos dejar de ser primarios y de actuar lentamente. No es una justificación razonable decir que los cambios sociales y la tecnología van a una velocidad superior, respecto a la respuesta del Estado.

Entre todos podemos escuchar, construir y no dividir, para convertir a Colombia en un país responsable con la preservación del planeta, con cambios legislativos posibles y reales para el bienestar, no solo de nuestra nación sino del mundo entero. Lo que hacemos impacta a todos. Es hora de actuar y está en manos del Congreso lograrlo de manera inmediata.

*Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

@JDPalacioC

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