Con tutelas buscan frenar audiencia pública virtual sobre aspersión aérea con glifosato

Poco a poco el Gobierno nacional avanza en su propósito de retomar la aspersión aérea con glifosato como estrategia para erradicar los cultivos ilícitos en el país, una práctica que se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por orden de la Corte Constitucional.

Los trámites han continuado pese a los cuestionamientos que se han hecho desde diferentes sectores por la posible realización de audiencias virtuales para abordar temas tan álgidos como este, y a los distintos recursos administrativos que se han presentado para suspender tales procesos durante el aislamiento obligatorio en el que se encuentra un alto porcentaje del país. 

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por ejemplo, ya realizó las tres reuniones informativas previas a la audiencia pública que solicitó la Policía Nacional para dar trámite a la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), la cual fue programada por la Anla para adelantarse de manera no presencial para el próximo 27 de mayo.

Según esa autoridad, en dichas reuniones no presenciales, efectuadas el pasado 7, 9 y 11 de mayo, se atendieron 574 inquietudes de la ciudadanía a través de una línea gratuita nacional. Adicionalmente, se informó que durante las tres jornadas se invirtieron más de 27 horas de transmisión, a través de 76 emisoras de radio en los municipios de las zonas de influencia del PECIG. 

_{En las tres reuniones informativas virtuales y radiales que se realizaron, participaron altos funcionarios de la Anla y la Policía. Foto: ANLA}

"Como complemento, las tres reuniones se transmitieron, vía streaming, por las redes sociales y canales digitales de ANLA y la Policía Nacional, cuyas reproducciones ascendieron a 98.546", indicó la autoridad, que sostuvo, además, que 1.869 espectadores siguieron la transmisión de esas reuniones. "Adicionalmente, el micrositio dispuesto en la página web de la ANLA sobre el PECIG, ha recibido hasta la fecha 4.035 visitas", explicaron. 

Paulo Pérez, subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA, recordó las ventajas que, según él, tiene realizar reuniones informativas y las audiencias públicas ambientales no presenciales. "Los interesados en participar lo pueden hacer sin asumir ningún costo de transporte, hospedaje o alimentación, adicionalmente se garantiza el cumplimiento de las medidas de prevención de la covid 19. También pueden expresar con toda la tranquilidad y exponer su punto de vista desde sus hogares”, comentó. 

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La Anla informó que la audiencia como tal, que se realizará el próximo 27 de mayo, será emitida a través de 76 emisoras locales y comunitarias, además, que también contará con servicios de interpretación de lengua de señas en redes sociales, vía streaming, a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la Policía Nacional y de la esa entidad. 

"A la fecha se han inscrito más de 130 personas a la audiencia pública ambiental no presencial", dijo Pérez, quien invitó a la ciudadanía a inscribirse antes del 21 de mayo, hasta las 4:00 de la tarde, en el siguiente link: http://www.anla.gov.co/audiencia-publica-ambiental/formulario-pecig. 

^{Infografía que muestra la participación de la ciudadanía en las reuniones informativas. Fuente: ANLA}

Desde Dejusticia, organización que junto al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Elementa, consultoría en derechos, Acción Técnica Social y la Corporación Viso Mutop, habían solicitado ordinariamente la realización de la audiencia pública, se presentó, a nombre de todas las organizaciones, un recurso de reposición ante la Anla para que se suspendiera la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental, hasta tanto no se terminara el aislamiento obligatorio o se estableciera un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana, especialmente en los municipios en los cuales se pretende reanudar el programa de aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, parece que esa petición no fue tenida en cuenta. 

Ante la negativa, ese centro de estudios de derecho, le solicitó nuevamente a la Anla hace un par de días, a través de un derecho de petición, el aplazamiento de la audiencia en vista de que la Policía no presentó ningún anexo en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). "Esto es importante porque ahí están las pruebas de los coadyuvantes y entonces, cómo uno va a debatir algo que no es público. Pedimos el aplazamiento hasta que no estuvieran subidos los estudios completos, pero aún no han respondido", dijo David Filomena, investigador de la línea política de drogas de Dejusticia.

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Filomena sostuvo que esas reuniones previas informativas fueron efectivas únicamente para los funcionarios del Estado y las personas que viven en los cascos urbanos de los municipios. "En estas jornadas participaron concejales, alcaldes, personeros, gobernadores y demás funcionarios de la administración pública, así como algunas personas que estaban en ese momento en los cascos urbanos, pero no aquellos que realmente se van a ver afectados por la actividad, me refiero a las personas que viven en las zonas donde se planea asperjar, por lo que realmente la participación fue muy limitada", apuntó. 

_{El acceso a internet y emisoras en las zonas donde se volvería a aspejar con glifosato es deficiente, por lo que la participación de las comunidades en la audiencia pública está en entredicho. Foto: archivo/Semana.} 

El jurista resaltó el hecho de que la gente se comunicó para exponer lo que pensaban de las fumigaciones o para hacer preguntas que poco o nada tenían que ver con el plan de manejo ambiental presentado por la Policía, el cual está compuesto por 3.200 páginas, fue divulgado a finales de abril y está escrito en un lenguaje altamente técnico. 

"Se debieron haber hecho previamente espacios de socialización en los que se le explicara a la comunidad el contenido de los estudios ambientales. Una vez realizado eso, las personas podrían haber planteado sus inquietudes en las reuniones y resolverlas en la audiencia", expresó Filomena, quien también dudo sobre la efectividad de la publicidad adelantada para que las personas que se van a ver afectadas pudieran participar en dichas reuniones.  

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"La Anla y la Policía señalaron sobre eso que habían fijado carteles en las plazas, las estaciones de Policía y en varios lugares públicos de los municipios, pero se les olvidó que estamos en confinamiento obligatorio y por eso no hay movilidad ni circulación. No sabemos tampoco cuántas cuñas se emitieron, en qué horarios y si realmente hubo una publicidad que llevara a la participación. En municipios como Cumaribo (Vichada), por ejemplo, no hay penetración de radio e internet y lo que iban a hacer era transmitir las reuniones por parlantes; no sé qué tan efectivo sea eso y si llegue a los verdaderos interesados", resaltó. 

Y es que en zonas donde se pretende volver a asperjar con glifosato las condiciones de conectividad son muy precarias, pues el acceso a internet y la señal de radio son deficientes. Se trata de municipios como Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare), La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Vista Hermosa (Meta), El Doncello, Albania, El Paujil, San Vicente del Caguán, Valparaíso (Caquetá), Villagarzón (Putumayo), Barbacoas, Cumbitara, El Tambo (Nariño), Argelia, Mercaderes, Cajibío, Balboa (Nariño), Condoto, Bajo, Medio y Alto Baudó, Novita (Chocó), entre otras poblaciones que tienen índices de necesidades básicas insatisfechas muy altos.  

Buscan amparo en la tutela 

En vista de que ni las peticiones formales ni los recursos presentados hasta ahora lograron frenar la realización de la audiencia pública en época de aislamiento obligatorio por coronavirus, varias organizaciones campesinas y comunitarias decidieron presentar una serie de tutelas solicitando la suspensión del proceso, al considerar que se les está vulnerando su derecho a participar libremente. 

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El primer recurso jurídico de esta índole ya fue admitido en un juzgado de Pasto y en este momento está en estudio. "Nosotros estamos actuando en condición de intervinientes en este caso puntual y hemos estado al tanto de otros procesos como coadyuvantes de más organizaciones que van a adelantar el mismo procedimiento ante diferentes jueces de tutela del país", expuso Filomena. 

El investigador de la línea política de drogas de Dejusticia indicó que se encuentran a la espera de las sentencias, las cuales -según él- deben estar resolviéndose la próxima semana, en primera instancia.