La transición que no fue: ¿por qué el mundo sigue perdiendo la batalla contra el cambio climático?

El futuro de la humanidad difícilmente puede resumirse en una sola cifra. Pero 1.5 grados se acerca. Esta cifra se convirtió no solo en el símbolo de la lucha contra el cambio climático, sino en el foco de los esfuerzos para evitar el calentamiento global y el límite de lo que para muchos es la diferencia entre la esperanza y la catástrofe.

Su origen se remonta a 2015, en el marco del Acuerdo de París, cuando representantes de 195 países acordaron mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C y realizar esfuerzos para limitarlo a 1.5°C. Este límite más ambicioso surgió de las preocupaciones de las naciones más vulnerables al cambio climático, que advirtieron que incluso un aumento de 2°C tendría consecuencias devastadoras para sus territorios.

Como respuesta a estas preocupaciones, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) realizó un informe para evaluar los impactos de un calentamiento global en ambos casos. Su análisis concluyó en 2018 que los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y escasez de recursos serían significativamente menores con 1.5°C. La cifra se convirtió en la guía científica que enfatiza los beneficios de limitar el calentamiento global y el símbolo del compromiso internacional para proteger el planeta.

El mundo, sin embargo, ha desatendido las advertencias. Lejos de disminuir, las emisiones han seguido aumentando, al punto que científicos de Naciones Unidas estiman que se requiere una disminución de 22 GtCO2e a 2030 para alcanzar la senda que nos llevaría al límite de aumento de la temperatura de 1.5°C (barra naranja en la derecha de la Figura 1). Esto equivale a llevar a cero las emisiones de China y Estados Unidos en los próximos cinco años.

Tan difícil es la tarea, que las propias Naciones Unidas estiman que aún si se cumplieran la totalidad de los compromisos actuales que han hecho los países (CDN en la jerga del Acuerdo de París), la probabilidad de superar los 1.5°C es del ciento por ciento.

¿Por qué es tan difícil reducir las emisiones?

La respuesta a esta pregunta tiene dos partes. La primera se relaciona con la naturaleza del cambio climático, una de las externalidades negativas más grandes que existen. Quienes generan emisiones de gases de efecto invernadero—principalmente a través de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva—no asumen completamente los daños que estas causan a la sociedad y al medio ambiente. Los daños caen sobre terceros—individuos, comunidades y países—que no participaron en las decisiones que provocaron las emisiones ni tienen la capacidad para evitar sus efectos.

Como resultado, los costos del cambio climático se distribuyen de manera desigual, afectando de manera desproporcionada a grupos vulnerables y a las generaciones futuras. En otras palabras, quienes emiten no tienen incentivos lo suficientemente fuertes para reducir sus emisiones.

Superar estas asimetrías es un desafío complejo que exige acción colectiva en torno a un objetivo común. Sin reglas globales que establezcan límites al uso de los recursos o restricciones a la toma de decisiones, y sin mecanismos efectivos para hacerlas cumplir, avanzar resulta extremadamente difícil. Es cierto que el Acuerdo de París proporciona un marco global para la lucha contra el cambio climático y que la mayoría de los países han asumido compromisos ambiciosos, pero también que ha sido insuficiente para evitar que las emisiones globales sigan aumentando al ritmo que lo han hecho.

La segunda parte radica en las dificultades para hacer la transición energética, que es la principal herramienta para combatir el cambio climático. Esto exige inversiones masivas en energías de bajas emisiones, infraestructura de transporte y modernización de equipos para mejorar la eficiencia en el consumo. También implica el abandono gradual de los combustibles fósiles, lo que lleva a la pérdida de ingresos fiscales y empleos en países productores como Colombia; y requiere implementar medidas que encarecen la energía como impuestos al carbono y cambios en hábitos de consumo como el uso del transporte público y la bicicleta.

Lo anterior podría sugerir que ir despacio en la transición es positivo porque protege lo social al reducir los costos inmediatos asociados a la reducción de emisiones y alivia la carga que deben asumir los más vulnerables. Sin embargo, una menor velocidad agrava los costos del cambio climático. A medida que la temperatura global aumenta, los eventos extremos como olas de calor, precipitaciones intensas y sequías en regiones áridas se vuelven más frecuentes y severos.

En la agricultura, esto reduce la producción, eleva los precios de los alimentos y agrava la inseguridad alimentaria. En infraestructura, las inundaciones destruyen viviendas y desplazan comunidades, especialmente en países en desarrollo. En el ámbito ambiental, la desertificación y la degradación del suelo reducen la productividad agrícola y amenazan la biodiversidad. Y afectan la salud humana, aumentando la incidencia de enfermedades, la mortalidad y los desplazamientos forzados. Basta recordar los más de 14 billones de pesos que para Colombia significaron las inundaciones de 2011, los impactos generados por los incendios forestales en 2024 o los costos del actual racionamiento de agua en Bogotá.

Una nueva transición

La imposibilidad de alcanzar la meta de 1.5°C con las políticas actuales, y la dificultad de adoptar las políticas que se requerirían para lograrlo, abren la pregunta de si llegó la hora de reevaluar los objetivos climáticos que nos hemos impuesto. Para algunos, es imperativo mantener la meta para presionar una transición acelerada, incentivar la inversión en energías limpias y fomentar la innovación tecnológica. Advierten que cambiarla podría debilitar el marco climático global y que la aceptación del fracaso frenaría el impulso alcanzado en los últimos años.

Sin embargo, insistir en una meta inalcanzable puede ser contraproducente. Erosiona la confianza en la política climática, afecta la credibilidad de los gobiernos y aumenta la resistencia política y social, especialmente entre aquellos que enfrentan altos costos en la transición. Diseñar estrategias de mitigación basadas en objetivos poco realistas puede derivar en una asignación ineficiente de recursos, y dar lugar a políticas simbólicas en lugar de soluciones efectivas y alcanzables.

Aunque en mi opinión tiene más sentido no aferrarse a metas inalcanzables, lo realmente importante no es decidir si la meta debe mantenerse o ajustarse, sino reformular la estrategia de transición para tener el mejor curso de acción posible. El objetivo debe ser evitar el inmovilismo y garantizar políticas que sean efectivas, realísticamente ambiciosas y viables en su implementación.

Esto es especialmente relevante para Colombia, donde hay una gran brecha entre el discurso y la realidad. Aunque el país se propuso reducir emisiones en 51% para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050, los avances han sido mínimos. Entre 2018 y 2021 las emisiones solo bajaron 4.5 millones de toneladas (Figura 2), y para cumplir la meta a 2030 se deben reducir 110 millones (Figura 3). Esto exige multiplicar por ocho el ritmo de reducción anual, algo inviable con las políticas actuales.

Así lo dice Climate Action Tracker (CAT), una fuente científica que evalúa políticas climáticas con datos y modelos reconocidos, al calificar las acciones de Colombia como “insuficientes” porque sus políticas a 2030 requieren mejoras sustanciales para alinearse con el límite de 1.5°C. Según el reporte, si todos los países siguieran el enfoque de Colombia, el calentamiento global superaría los 2°C y podría alcanzar los 3°C. El propio gobierno lo confirma al señalar que a hoy solo se han identificado medidas para cumplir la mitad de la meta (Figura 3).

Necesitamos una nueva transición energética, que aprenda de los errores del pasado y se base en tres principios. Primero, en decirle la verdad a la gente. La transición no es sólo empleos verdes e innovación tecnológica; también implica sacrificios laborales y fiscales, agilización de permisos para completar los proyectos de infraestructura y una disposición a pagar más por la energía. Sin honestidad no habrá legitimidad ni apoyo.

Segundo, en ser radicalmente realista. No basta con inversiones en generación solar y eólica, comunidades energéticas aisladas y desconfianza en el sector privado. Se necesita un plan detallado, coordinación efectiva entre sectores, incentivos para la inversión privada, acceso universal a la energía y mecanismos para corregir el rumbo. Sin un enfoque estructurado, la transición seguirá siendo una aspiración.

Finalmente, se debe tomar en serio la adaptación. Mientras que la mitigación ataca las causas, la adaptación responde a los efectos. Reconocer que mayores niveles de calentamiento son inevitables nos obliga a tomar medidas audaces de adaptación para cerrar las brechas más críticas en cuanto a falta de información sobre vulnerabilidad y riesgos, baja capacidad institucional, escasez de financiamiento y políticas desactualizadas.

Una transición basada en estos principios seguramente implique plazos más largos que los de las metas actuales, pero aumentará significativamente la probabilidad de alcanzar la carbono neutralidad en el menor plazo posible.}

*Exministro de Minas y Energía y director del CREE.