¿Control ciudadano a los servicios públicos? Así está funcionando en Colombia

El acceso a servicios públicos de calidad es un derecho fundamental y un pilar del desarrollo sostenible. No obstante, en Colombia persisten brechas significativas en su prestación, especialmente en zonas rurales. Ante este panorama, el control fiscal desempeña un papel clave para supervisar la ejecución de los recursos y prevenir irregularidades. Durante el foro ‘Servicios públicos, control y transparencia’, organizado por SEMANA y la Auditoría General de la República, expertos coincidieron en que fortalecer la vigilancia y garantizar transparencia son desafíos inaplazables.

Supervisión del gasto público

La Auditoría supervisa la gestión de las contralorías, encargadas de vigilar anualmente a 670 entidades prestadoras de servicios públicos en promedio, que manejan un presupuesto superior a 61 billones de pesos. De acuerdo con las cifras reportadas por la entidad, anualmente se llevan a cabo, en promedio, 595 auditorías a los servicios públicos domiciliarios, se auditan 54,5 billones de pesos y en los últimos cuatro años se han identificado 858 hallazgos con presunto detrimento patrimonial por 970.000 millones de pesos.“Las contralorías trasladan los hallazgos disciplinarios y penales a la Procuraduría, Personería o Fiscalía”, explicó la auditora general de la república, María Anayme Barón Durán, resaltando que la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío estructural en el país.Uno de los problemas recurrentes en la fiscalización de los servicios públicos es el régimen de contratación. Según el Observatorio de Control Fiscal, el 72 por ciento de los contratos de este sector se adjudican por régimen especial, el 8 por ciento por licitación y el 20 por ciento por contratación directa, lo que dificulta la vigilancia y aumenta los riesgos de corrupción. Además, “se destina más de medio billón de pesos anuales a apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional, un rubro cuyo impacto debe ser evaluado con mayor rigurosidad”, indicó Barón.

Desigualdad territorial

Por otra parte, el acceso desigual a los servicios públicos sigue siendo una de las principales preocupaciones de los entes de control. Mientras que en las zonas urbanas la cobertura de acueducto es del 97,97 por ciento, en el sector rural apenas alcanza el 35 por ciento. Solo 12 departamentos cuentan con agua potable apta para el consumo humano y en 32 municipios los índices de riesgo sanitario superan el 81 por ciento, según cifras de la Contraloría General de la República.Uno de los casos más críticos es La Guajira. “Pese a que hay disponibilidad de agua en la región, la población no tiene acceso a agua potable. Los carrotanques no pueden transitar por las trochas, lo que impide la distribución”, señaló la Auditora General, constatando la desconexión entre inversión y resultados.

Riesgos financieros

De acuerdo con la Contraloría, en el sector energético, la cobertura ha alcanzado el 95 por ciento, pero aún hay 818.000 hogares sin acceso a este servicio. El cierre de esta brecha requeriría inversiones por 14,5 billones de pesos. Sin embargo, la falta de infraestructura eficiente en distribución ha generado un incremento sostenido en las tarifas. Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la gestión pública, explicó durante el evento que en la última década la Contraloría ha realizado más de 20 auditorías sobre el uso de subsidios a tarifas de energía, detectando hallazgos fiscales por más de 90.000 millones de pesos. Por su parte, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, advirtió que el incumplimiento en el pago de subsidios podría derivar en un “apagón financiero” en el sector. “En el caso de Air-e, se pactó el pago de 550.000 millones en enero y febrero, pero no se cumplió. En Puerto Carreño y Vichada, 40.000 personas estuvieron sin electricidad por falta de 1.600 millones de pesos”, señaló. Sánchez también alertó sobre la crisis en la distribución de energía en la costa Atlántica: “El 20 por ciento del mercado podría quedar nuevamente en manos del Estado si no se resuelve la crisis financiera de empresas como Air-e y Afinia, que requieren 950.000 millones y 1,3 billones de pesos, respectivamente, para continuar operando”.

Tecnología en el control fiscal

Para enfrentar estos desafíos, la Auditoría General le apostó a la modernización del control fiscal mediante la implementación de inteligencia artificial, big data y analítica de datos. Además, se han establecido convenios con la Dian y la Función Pública para mejorar la vigilancia del gasto público.“La Auditoría está trabajando en la creación de una guía especializada para auditar los servicios públicos, dado que la actual guía 4.0 no aborda sus particularidades”, indicó la Auditora General. Este documento busca mejorar la fiscalización en sectores clave y garantizar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales. Asimismo, se han fortalecido los comités de control social, pasando de 24 a 52 este año, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Un control fiscal más eficiente

Y aunque el control fiscal de los servicios públicos en Colombia enfrenta grandes retos, desde la corrupción hasta la falta de recursos en las contralorías territoriales; la modernización tecnológica y el fortalecimiento del control ciudadano ofrecen oportunidades para mejorar la transparencia y eficiencia en la supervisión de estos servicios.El exsuperintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, subrayó la importancia de coordinar esfuerzos interinstitucionales para lograr una prestación eficiente de los servicios. “El Estado enfrenta una situación fiscal compleja que dificulta la reducción de desigualdades. Todos los servicios públicos generan contaminación, y el control fiscal debe evaluar también los costos ambientales”, afirmó.

La Auditoría General cumple 25 años

En el marco del reciente aniversario de la Auditoría General de la República, María Anayme Barón Durán, resaltó los avances de la entidad en sus 25 años de existencia, destacando su evolución desde 1991 y su autonomía adquirida en el año 2000 con el Decreto Ley 272. Gracias al Acto Legislativo 04 de 2019, la Auditoría General ha certificado a las 67 contralorías territoriales, asegurando que cumplan con estándares mínimos de desempeño. Desde la implementación del proceso de certificación, se exige un puntaje mínimo de 70 puntos a las contralorías. En caso de incumplimiento, la Auditoría puede solicitar la intervención de la Contraloría General. Este mecanismo ha sido clave en la detección de irregularidades, permitiendo en los últimos cinco años la modernización del control fiscal por medio de herramientas como la operación estadística Auditec o el Sistema de Información Integrado de Auditoría (SIA).

Con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de prestación de servicios públicos más equitativo, sostenible y transparente. Sin embargo, para ello será fundamental que las entidades de control cuenten con los recursos y la independencia necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva.

Cifras destacadas

• En los últimos cuatro años, se han identificado 858 hallazgos con presunto detrimento patrimonial por 970.000 millones de pesos.

• Mientras que en las zonas urbanas la cobertura de acueducto es del 97,97 por ciento, en el sector rural apenas alcanza el 35 por ciento.

• Solo 12 departamentos cuentan con agua potable apta para el consumo humano.