Esta sería la medida del Gobierno Petro para quienes hagan pagos a través de plataformas digitales. ¿Qué pasará con el efectivo?

Desde hace algunos días, el país cuenta con la posibilidad de utilizar el nuevo sistema de transferencias Bre-B, el cual busca facilitar las operaciones financieras y comerciales.

Sin embargo, mediante una nueva propuesta, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de imponer un impuesto del 1,5% a las transacciones realizadas por medios digitales, lo que representaría un costo mayor para los usuarios del sistema financiero.

En el momento en que una persona realice un giro por medio del sistema, este efectuaría el respectivo cobro, lo que daría un golpe directo a las finanzas de las personas de a pie y a los comercios que utilizan este tipo de plataformas para sus operaciones comerciales diarias.

Con esta nueva propuesta, se busca que las personas vuelvan a utilizar el dinero en efectivo para el pago de servicios y productos. Sin embargo, esto también provocaría que diversos trámites no pudieran realizarse con la brevedad que ofrecen los sistemas digitales.

Además, algunos actores del mercado señalan que se podría generar un impacto negativo en el comercio, al quitarle una de las principales alternativas mediante las cuales se efectúan los pagos por los servicios ofrecidos.

¿Qué normativas aplican en el país sobre el porte y uso del dinero en efectivo?

Actualmente, en el país se pueden realizar diversas operaciones comerciales por medio del dinero en efectivo. Los principales sectores comerciales de la nación aún consideran el efectivo como uno de sus principales aliados.

En cuanto al porte de dinero en efectivo, no existe un monto máximo establecido; las personas pueden llevar la suma de dinero que necesiten, siempre que puedan acreditar el origen lícito de los fondos si alguna autoridad lo requiere.

Las fuerzas de la ley pueden preguntar la finalidad del dinero que una persona porta y el medio por el cual lo obtuvo.

Para las personas que ingresan o salen del país, las medidas se limitan a la obligación de realizar una declaración ante las autoridades cuando se transporte una cifra superior a 10.000 dólares o su equivalente en otra moneda.

Las personas deben cumplir con los trámites necesarios para evitar sanciones por parte de las autoridades migratorias. A través de los canales de atención de la DIAN y las entidades de control, se puede consultar toda la información necesaria para el cumplimiento de las normas financieras.