Falta de planificación y de un modelo de negocio definido; dificultad para acceder al crédito formal o para atraer capital humano; relevo generacional y conflictos familiares, así como un entorno incierto y una regulación compleja, son algunas de las razones que llevan a que menos del 40 por ciento de las empresas que se crean en el país puedan sobrevivir cinco años después de su fundación.

Las estadísticas de Confecámaras muestran que ese indicador es más alentador entre las grandes compañías, donde sobrevive el 85 por ciento, pero cae al 33 por ciento en el caso de las microempresas. Las brechas entre estos dos grupos son crecientes, pese a que las compañías pequeñas y medianas son mayoría.

La asimetría entre las grandes empresas y las mipymes colombianas se ha convertido en un problema estructural. Un estudio de la firma de consultoría Álvarez & Marsal advierte que esta brecha se refleja no solo en su participación en el PIB, sino también en indicadores financieros clave, como la diferencia entre los plazos de cobro y pago, que viene ampliándose. “Durante la pandemia, las mipymes cobraban más tarde y pagaban más rápido, financiando de facto a clientes de mayor tamaño. Aunque en 2021 y 2022 hubo una leve recuperación, en 2023 y 2024 el patrón regresó, dejando a las pequeñas con flujos de caja más frágiles y exposición creciente a retrasos”, indica el análisis. Agrega que esa dinámica no solo desencadena problemas de liquidez entre las firmas de menor tamaño, sino que también transmite riesgos a toda la cadena de suministro.

Otro hallazgo preocupante es el aumento de la presión fiscal efectiva. Entre 2019 y 2024, la relación entre impuesto de renta y utilidad antes de impuestos creció más del 26 por ciento en términos reales para las mipymes, mientras que en las grandes su tasa efectiva de tributación no subió. “Las más pequeñas, con menor capacidad de planeación tributaria, han absorbido directamente el impacto, sacrificando inversión y rentabilidad”, insisten en Álvarez & Marsal.

Paralelamente, el nivel de endeudamiento de las mipymes pasó del 69 por ciento en 2019 –usando el indicador ebitda sobre deuda– a 87 por ciento en 2024. Eso implica que por cada peso de resultados casi otro peso está comprometido en obligaciones financieras. Por tanto, se limita la capacidad de maniobra de las pequeñas compañías ante choques económicos o las puede llevar a buscar fondeo más caro (factoring o préstamos informales), profundizando un círculo vicioso de fragilidad operativa.

Otro análisis enfocado solo en micronegocios (los que tienen hasta diez trabajadores y activos de máximo 500 salarios mínimos, es decir, 650 millones de pesos actuales) sostiene que la mayoría de estos empresarios operan sin saber realmente cómo va su negocio, sin metas ni herramientas para proyectar el futuro. Se trata del Termómetro empresarial, una encuesta aplicada este año a 1.223 microempresarios de todo el país a través de la plataforma de formación virtual Biru. Allí se revela que su voluntad emprendedora es contrarrestada por considerables debilidades en temas de formación, planeación y gestión.

El 39 por ciento de los encuestados mezclan el dinero personal con el del negocio y no llevan control de sus cuentas. Esta falta de información les impide saber si su negocio es rentable y hace imposible tomar decisiones informadas sobre precios, inversión o crecimiento.

“El país necesita mirar a sus microempresarios más allá de la narrativa heroica del rebusque. Se requieren políticas y acciones que reconozcan su esfuerzo, pero también su vulnerabilidad. Formar, acompañar y fortalecer a este sector no es un gesto de apoyo, es una estrategia de desarrollo económico”, sostienen desde Biru.

Justamente, esas empresas que empezaron como micros, sin acompañamiento y con vientos en contra, pero que han logrado crecer, generar empleo y mover el PIB son las protagonistas de la décima edición del ranking de las 1.000 pymes más grandes del país, medidas por sus ventas. Muchas llevan décadas en el mercado y fueron fundadas por visionarios que no solo encontraron un buen negocio, sino que les heredaron a sus hijos su carácter emprendedor. Otras son más jóvenes, creadas por profesionales que encontraron oportunidades y que, literalmente, están haciendo país. Las pymes más grandes no solo son las de mayores ingresos, sino también las más resilientes.

Su labor es protagónica, pues, como dicen en Álvarez & Marsal, cuando las mipymes se tensionan, las grandes también sufren.

Las 28.000 pequeñas y medianas empresas que se estima existen en Colombia no solo son las mayores generadoras de empleos, sino que también conforman la base de la economía; de hecho, un reciente análisis de la firma global Álvarez & Marsal (A&M), con base en datos oficiales de la Superintendencia de Sociedades de los últimos cinco años, revela que el desempeño de estas compañías funciona como un indicador adelantado de los ciclos económicos del país.

Teniendo en cuenta esto, es factible esperar que en 2025 repitan el buen desempeño promedio que tuvieron el año pasado, al menos las 1.000 pymes más grandes de Colombia y que son las protagonistas de esta edición.

Ese grupo de compañías está conformado por aquellas que en 2024 vendieron entre 37.929 millones de pesos y 56.147 millones, pero cuyos activos no superaron los 30 salarios mínimos (39.000 millones de pesos). Así, la empresa de vigilancia bogotana Antares se ubica en el primer lugar y la tabla la cierra una compañía de transporte llamada Cotrasangil.

Los criterios definidos para seleccionar las pymes evaluadas buscan garantizar que el ranking refleje compañías de escala mediana y pequeña. La intención es excluir a grandes compañías que tuvieron una caída temporal en sus ingresos. Asimismo, se intentó dejar por fuera las filiales de multinacionales y de grupos económicos, dado que no enfrentan las mismas condiciones que una empresa que inicia de cero con recursos limitados, que hacerlo respaldado por el músculo financiero y el conocimiento de una firma ya establecida.

En total, las 1.000 pymes obtuvieron el año pasado ingresos operacionales por 45,7 billones de pesos, lo que refleja un crecimiento anual de 2,9 por ciento. Sus utilidades alcanzaron 1,69 billones de pesos, con un avance igualmente de 2,2 por ciento. De todo el escalafón, solo 105 empresas registraron pérdidas.

Las fuentes de información para el presente escalafón son las superintendencias de Sociedades, Salud, Subsidio Familiar, Servicios Públicos y Transporte, así como la Contaduría General de la Nación y varias Cámaras de Comercio.