Juez estudiará tutela contra ministerios de Salud y Educación por caso de niño con obesidad

Alejandro Pineda Vásquez tiene 12 años y pesa 131 kilos. Según especialistas en temas de metabolismo, el menor tiene la calidad de vida de una persona de 90 años, con otras complicaciones de carácter psiquiátrico, pues padece de algunas enfermedades como autismo, esquizofrenia y síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético que causa la sensación de hambre constante.

Lo anterior dificulta que Alejandro reciba un tratamiento integral. Sin embargo, ese no es argumento suficiente para que el Estado vele por los derechos de salud, educación y otros que estarían siendo violados por la indiferencia del sistema, según el abogado Germán Calderón España, abogado constitucionalista y magíster en Derechos Humanos, quien se desempeñó como expersonero encargado de Bogotá y exprocurador delegado.

Él decidió instaurar una tutela en contra del presidente Iván Duque, de los ministerios de Salud y Educación, al igual que de Sura EPS y autoridades de Bello, Antioquia, para que entre todos se logre coordinar y brindar una vida digna para el menor y sus familiares.

En la acción de tutela se lee que “esta dramática situación se trata de una familia con pocos recursos económicos, cuyo hijo que padece enfermedades sistémicas que además de afectarlo en su salud, lo afectan en su dignidad humana, pues sus compañeros y conciudadanos lo tratan de ‘gordo feo, animal’, situación que agrava más la problemática por cuanto resulta siendo discriminado por su entorno social”.

La familia Pineda Vásquez es de bajo estrato, la madre del menor trabaja desde su casa maquillando uñas “desde su casa, donde puede vigilar el desarrollo de su hijo, quien permanece todo el día sin actividad alguna”, relata en el documento presentado al juez, argumentado que los ingresos de la familia son insuficientes para poder cubrir los gastos básicos del menor como pañales, pues su papá trabaja en temas relacionados con el reciclaje.

Cabe recordar que Alejandro no controla esfínteres. Lucía, su mamá, ha intentado que la EPS le proporcione pañales, pero la respuesta es que el niño no está en cama. Cada pañal de talla XL cuesta 5.000 pesos y requeriría mínimo diez al día. Con el trabajo de su papá como reciclador y el de su mamá arreglando uñas, no alcanza el dinero. Decidió dejarlo en bóxeres y lavarlos cada vez que los ensucia, y en la noche ponen una tela impermeable, que por momentos es insuficiente, pues el peso del niño hace que se dañe. Gasta un paquete de 120 pañitos húmedos al día y cuatro colchones al año. “Cada vez que duerme temo que no amanezca porque sufre de apnea y hay momentos en los que deja de respirar”.

El niño se encuentra, según lo evalúa el jurista, en estado de indefensión, violándole derechos fundamentales como: a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano, derecho a la integridad personal, a la salud, a la educación de calidad y no precisamente por falta de atención de los padres, sino de apoyo de un Estado, pues está demostrado que la familia ha hecho todo lo posible para que le presten atención.

Lucía Vásquez, quien anda de noche y de día con él, siente un dolor en el corazón. “Las personas no entienden que, mientras se burlan de mi niño, yo ruego cada minuto para que no se me muera, porque eso puede pasar en cualquier momento si no encuentro la ayuda adecuada”, relata con angustia.

La vida para Alejandro es comer sin parar. Sufre una enfermedad que lo impulsa a sentir placer con la comida. “Si dejo papas crudas, se las come; si ve la comida del perro, también”. La madre del niño tiene que esconder todos los alimentos en la casa para evitar que suceda lo que pasó cuando estaba en una guardería del Bienestar Familiar, junto con otros 14 pequeños. La señora que lo tenía a cargo se descuidó un momento y Alejandro se comió 15 huevos fritos, la merienda de todo el jardín.

Este martes, el Juzgado 12 Penal Especializado de Bogotá aceptó la tutela y luego la remitió al Juzgado 2 Laboral de Bello, Antioquia, donde un juez revisara las peticiones y dará sus consideraciones en menos de una semana cuando se conozca el fallo.