¿Por qué es urgente la reforma laboral?

En el marco de la crisis que vive el país, la práctica laboral se ha convertido en uno de los servicios legales más demandados. La causa: las decisiones que han tenido que tomar las empresas en este frente por la disminución de la actividad económica. Pero este no es un problema nuevo. De hecho, desde el año pasado el desempleo viene al alza.

El aislamiento ha dado un duro golpe a la mayoría de las empresas. Según las más recientes cifras del Dane, el desempleo nacional ya supera 20% y una reciente encuesta del Banco de la República prevé que la cifra podría pasar de 22% en el tercer trimestre del año y solo sería posible regresar a los niveles prepandemia en 2022.

Carolina Camacho, socia de Posse Herrera Ruiz, explicó que la falta de ingresos de las compañías es evidente y la caja de cada una de estas está bajo máxima tensión. “Las empresas son conscientes de que es un tema de mediano y largo plazo y que van a tener híbridos que implican reacomodación laboral”, indicó.

Desde el inicio del aislamiento, las empresas han pasado por distintas fases en materia laboral. Saida Quintero, socia de la firma Quintero & Quintero, señaló que al principio muchas empresas optaron por enviar a sus colaboradores a vacaciones, mientras se aclaraba un poco al panorama. No obstante, con el pasar de las semanas tuvieron que empezar a aplicar otro tipo de determinaciones como ajustes de beneficios extralegales, suspensiones de contratos, negociación de salarios y finalmente la terminación de las relaciones laborales.

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Juan Pablo López, socio de López y Asociados, agregó que, si bien hubo decisiones unilaterales al comienzo de la crisis, “por el miedo de muchas empresas que actuaron aceleradamente sin mirar todo el contexto y sin asesorarse bien”, el mutuo acuerdo entre trabajadores y empleadores ha jugado un papel fundamental.

Una de las modalidades más aplicadas por los empleadores ha sido la suspensión de contrato, una figura controvertida que les ha permitido mantener las relaciones laborales. “La suspensión preserva el empleo para luego recomponer las relaciones desde el punto de vista laboral”, explicó López.

En cuanto al papel del Ministerio de Trabajo, muchos coincidieron en que esta cartera generó desinformación con las declaraciones hechas al principio y que envió un mensaje errado a las empresas y a los trabajadores.

“Generaron sensación de ilegalidad al recomendar cosas que no se podían y al decirles a los trabajadores que no permitieran la suspensión de los contratos. Eso creó un mayor grado de conflictividad. Si no hubieran satanizado la suspensión de los contratos, más empresas habrían sobrevivido. Un 90% de las medidas anunciadas ya existían. Fue más un tema político”, aseguró Camacho.

El Gobierno lanzó salvavidas como el subsidio a la nómina y a la prima para evitar la fractura de las relaciones laborales. Sobre esas medidas, los laboralistas explicaron que es un esfuerzo loable, pero llegaron tarde y que, en cierta medida, castigó a las empresas que se vieron obligadas a suspender los contratos.

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Charles Chapman, socio de Chapman & Asociados, explicó que estos programas debieron llegar más oportunamente y que no tuvieron en cuenta a las personas naturales con menos de 3 empleados formales. “Eso, además, incita a la informalidad de los pequeños empresarios y personas naturales, cuando el mensaje debería ser contrario” agregó.

Para Tatiana Garcés, socia de Baker McKenzie, la pandemia demostró la obselescencia de la normativa laboral del país e hizo evidente la necesidad de actualizarla lo más pronto posible. “Pudimos ver lo necesarias que son las herramientas tecnológicas para seguir operando; no tenemos oportunidades como país para avanzar en la modernización y ajustar los esquemas de producción”, indicó.

Aunque no es probable que esta legislatura estudie una reforma laboral, es claro que la coyuntura demostró la necesidad de modernizar la forma de trabajar en el país.

En este sentido, la flexibilidad y el recorte de los costos laborales deben tener prioridad. Garcés insiste en que esto no significa el desmonte de beneficios ni la disminución de garantías laborales. “En Colombia tenemos estructuras pensadas para que el trabajador sea solo a tiempo completo, todas las normas de seguridad social están pensadas para full time, y la realidad es que la gente quiere flexibilidad en todo”.

Cambiar los términos de contratación en una eventual reforma y permitir, por ejemplo, la cotización por horas facilitará el ingreso a la formalidad de millones de colombianos que no tienen acceso a los mecanismos de seguridad social.

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Carlos Godoy, socio de Godoy Córdoba, considera además fundamental establecer condiciones diferenciales para las mipymes. “Las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir las mismas cargas que las grandes”, precisó.

Considera que, además de reglas diferenciales para las mipymes, la próxima reforma debe abordar aspectos como el salario mínimo para el sector rural, cambios en las jornadas laborales y la corrección de las distorsiones sindicales.

A pesar del difícil momento que vive el país, esta crisis representa una oportunidad para hacer los cambios necesarios en la normatividad laboral y fomentar la formalidad en el país. Con las viejas normas, la recuperación del empleo será una carrera cuesta arriba.