COWORKING

El cuestionable comportamiento de WeWork durante la pandemia

El gigante del coworking viene pasando por una crisis que pone en aprietos su futuro, y a la que ahora se suma las solicitudes de cancelación de contrato de varias empresas por la falta de liquidez. En Colombia usuarios se quejan por cobros arbitrarios.

12 de mayo de 2020
Frente a las denuncias, la compañía aseguró que efectivamente algunos miembros han solicitado la finalización de sus contratos y que con cada uno de ellos se ha mantenido una comunicación directa. Getty. | Foto: GETTY IMAGES / AFP

WeWork está sumido en una crisis de la que parece será difícil levantarse. La compañía, que ya estaba pasando por un mal momento, ahora está empezando a sentir más fuerte los efectos del coronavirus en su modelo de negocio. 

A finales de marzo, Softbank anunció que abandonaría sus planes de comprar hasta US$3.000 millones en acciones de la compañía. Según el gigante japonés la decisión se tomaba luego de encontrar una serie de incumplimientos en las condiciones de cierre. Esto trajo un escenario de batallas legales entre la compañía y el fondo, que advirtió hace unas semanas que las pérdidas de este año serían mayores de las esperadas -  US$8.400 millones -  por cuenta de su inversión en el gigante del coworking.

Esto dejó en vilo la operación de la compañía que ahora está enfrentando los estragos del coronavirus y de las malas decisiones que tomaron para acelerar su expansión. Dadas las medidas de confinamiento implementadas a nivel mundial y que buscan mitigar la propagación del virus, el gigante del coworking ha visto como se incrementan sus pérdidas. Además de empezar a renegociar algunos de sus alquileres de edificios - firmados desde el año pasado y que dejaron a la empresa en una difícil situación financiera-, ahora tienen que enfrentar que miles de inquilinos se nieguen a pagar el alquiler o intenten anular sus contratos con la compañía. 

Según informó Financial Times, la compañía ha visto un significativo incremento en el volumen de llamadas y correos electrónicos de pequeñas y grandes empresas que han optado por dejar el alquiler de las oficinas para reducir gastos en medio de la emergencia. 

“La tasa de ocupación del grupo cayó a aproximadamente el 64% a principios de abril. Una persona advirtió que la caída aún no explicaba las consecuencias económicas completas de la crisis y el aumento de cancelaciones por las que la compañía todavía está ceñida”, afirmó el medio. 

Esto ha llevado a la compañía a ofrecer beneficios a algunos clientes y renegociar algunas condiciones para otros con el objetivo de retener la mayor cantidad de clientes posible. Pero, según informó Financial Times, aún con estos esfuerzos muchas compañías han decidido no negociar con la compañía y han tomado medidas como la cancelación de los pagos durante un mes.  

WeWork no se ha pronunciado al respecto. 

¿Qué pasa en Colombia? 

El país no es ajeno a la situación que vive WeWork a nivel mundial. En las últimas semanas se han conocido varias denuncias de pequeñas, medianas y grandes empresas que están inconformes con el tratamiento que le ha dado la compañía a la crisis por el coronavirus. 

Muchos de ellos denuncian cobros arbitrarios, falta de claridad con las medidas y protocolos de bioseguridad, así como una ausencia total en la renegociación de las condiciones de los contratos. 

John Morales tiene un contrato de alquiler con la compañía de una oficina de ocho puestos en la que funciona su oficina de abogados. A raíz de la pandemia han visto disminuir sus ingresos y el aislamiento los obligó a no hacer uso de la oficina.

Asegura que ante la situación que están viviendo la única oferta que recibió de WeWork es que la mensualidad del mes de mayo se difiera sin intereses a tres meses y se pagara de forma proporcional junto con la mensualidad de cada mes siguiente. “Están tratando la situación de forma distinta. Saben que algnos van a seguir pagando porque les da miedo y pereza demandar. Pero algunos llevaremos esto hasta el final”, dijo Morales.

Morales afirma que en su caso no pagó el mes de abril hasta que la compañía acceda a renegociar unas condiciones que se ajusten a la realidad y al hecho de que “durante por lo menos dos meses nos vimos impedidos legalmente de utilizar la oficina”. “La respuesta de la compañía fue que no cedían en nada y el jueves a las 2:00 a.m. me enviaron una carta en la que terminaban unilateralmente el contrato y diciéndome que había perdido el depósito en garantía que me tienen de 10,5 millones”, afirmó. 

Carlos Serrano tiene arrendada una oficina en el WeWork de la Calle 26 en Bogotá, asegura que sin poder ir a la oficina por decreto presidencial, ha tenido que responder por la oficina y los servicios que no están disfrutando y que les ofrece WeWork en su membresía. “Ellos dicen que tienen el edificio abierto y que debemos pagar completo el arriendo. Dicen que el decreto presidencial no les toca porque ellos no ofrecen arriendo sino membresía y nos obligan a pagar completo”, aseveró. 

También señala que WeWork está vendiendo espacios perjudiciales para los miembros, ya que estos no tienen más de 20 centímetros de separación por cada puesto y el distanciamiento que debe existir es de 2 metros. “Siguen vendiendo su negocio y sin protocolos de bioseguridad”, afirmó. 

La misma situación vive Lorenzo Márquez Krüger. Cuenta que están intentando hacer lo posible por mantener a flote la compañía en medio de la incertidumbre y la principal decisión para mantener el empleo fue reducir algunos gastos, entre ellos prescindir de una oficina que tienen en WeWork en la ciudad de Medellín. “Les solicitamos la terminación anticipada del contrato, amparados en la emergencia sanitaria declarada en el país y ante la imposibilidad de poder ir a trabajar a este lugar. Pero nos encontramos que nuestro contrato no es por arrendamiento, sino por prestación de servicios, membresía”, dijo.

Márquez asegura que solicitaron la terminación del contrato o la suspensión del cobro durante los meses que no se puede hacer uso de las oficina. Pero la respuesta de WeWork es que mantienen el servicio, que los miembros pueden asistir y “no acceden a suspender el cobro del servicio, porque ellos no consideran esta situación como fuerza mayor”. 

También intentaron cancelar el contrato aún perdiendo el depósito de 16 millones de pesos, hacer un downgrade, bajar el número mínimo de personas en una oficina, pero la compañía respondió con una serie de penalidades como el veto a ingresar a los edificios o sanciones por bajar el número de empleados en los espacios. 

La respuesta de la empresa 

Dinero consultó a WeWork sobre las denuncias realizadas por varios empresarios que tienen contratos con el gigante del coworking. Según la compañía, han monitoreado de cerca el brote de coronavirus e implementado medidas obligatorias y de protección en todas sus operaciones en el mundo, de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Organización MUndial de la Salud y las autoridades sanitarias locales. 

“WeWork ha venido implementando diferentes protocolos de protección y seguridad en tiempo real en todos nuestros edificios, pues existen empresas que son parte de nuestra comunidad que están exceptuadas de los decretos. Para estas empresas somos un aliado fundamental para poder seguir operando, por ello, nos hemos mantenido abiertos con los más altos estándares de seguridad, protección y limpieza, facilitando así su operación”, señaló la compañía. 

Frente a las denuncias, la compañía aseguró que efectivamente algunos miembros han solicitado la finalización de sus contratos y que con cada uno de ellos se ha mantenido una comunicación directa con el objetivo de plantear las mejores alternativas para darles mayor flujo de caja. 

Al respecto señalaron que con la mayoría de miembros han podido llegar a acuerdos que alivian su flujo de caja durante los meses de cuarentena y que cada contrato es diferente según las necesidades del miembro, básicamente en el tiempo de duración y la cantidad de membresías. “Estos son factores importantes a la hora de plantear una solución que beneficie a las dos partes”. 

Sin embargo, la compañía hizo algunas precisiones sobre los contratos que deben tener en cuenta sus miembros. En cuanto a la relación jurídica, los contratos que firma WeWork con sus miembros son contratos de membresía, y no de arrendamiento, “lo que es de pleno conocimiento para las partes desde el inicio de la relación, pues hace parte de nuestro valor agregado”. En ese sentido, señalan que la membresía incluye otros beneficios como la provisión del mobiliario, servicios de internet, seguridad, limpieza, mantenimiento, servicios públicos entre otros, lo que según ellos, los diferencia notoriamente de un contrato de arrendamiento tradicional. 

Así, recalcan, que en el contrato de membresía es WeWork quien asume en un 100% la carga de dichos beneficios, por lo que esta está en la obligación de garantizar la cadena de pagos que permita a cada empresa asistir a las instalaciones y obtener todos los servicios que contrató. 

“Entendemos las dificultades que estamos viviendo, y que todos de una u otra manera estamos siendo impactados por la coyuntura. WeWork ha trabajado todos los días con una conciencia colectiva buscando las mejores alternativas para nuestros miembros, sin olvidar las obligaciones que nosotros debemos seguir cumpliendo con nuestros arrendadores, proveedores y aliados, con el fin de mantener activa la economía. Estamos ante un momento en donde cada eslabón de la cadena productiva debe cumplir para evitar que esta se rompa”, afirmaron. 

Habrá que esperar cuál es el futuro de esta discusión, pues a nivel mundial se adelantan una serie de firmatones en las que se exige a la compañía tomar medidas y una posición más clara sobre la coyuntura.