Cuáles son los retos energéticos de Colombia

El segundo trimestre de este año registró la peor caída en la historia de la economía en Colombia: una contracción de 15,7%, ante la cuarentena y el aislamiento obligatorio.

Viene ahora la etapa de reapertura y recuperación de la economía en medio de los picos más altos de contagio del coronavirus. Pero este complejo y retador panorama no debe eclipsar la visión de futuro que garantice que el país tenga los soportes necesarios para una efectiva recuperación económica.

Uno de estos soportes es la energía. Sin embargo, atraviesa graves tensiones que pueden poner en riesgo las inversiones, los planes de expansión y hasta la seguridad energética.

La primera alerta llegó sobre el proyecto de generación más grande en la historia de Colombia: Hidroituango. Su desarrollo no ha sido un camino de rosas por la difícil relación entre sus socios (Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín) y por los graves tropiezos que estuvieron a punto de causar su derrumbe y una tragedia aguas abajo del proyecto. 

Leer también: Se inició proceso sancionatorio ambiental contra Sociedad Hidroituango

Y ahora llegó el escollo más reciente: el anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de demandar al consorcio constructor, interventores, diseñadores y aseguradoras, por casi $10 billones. Esta situación causó la renuncia de la junta directiva de EPM y una crisis institucional sin precedentes en la capital paisa. La gerencia de EPM ha manifestado que el proyecto empezará a generar energía en 2022, pero se han suspendido temporalmente las relaciones comerciales con algunas financieras locales e internacionales, como un coletazo a la baja en la calificación de Fitch.

De otro lado, está en dificultades uno de los proyectos bandera del Gobierno, el desarrollo de energías renovables no convencionales, eólica y solar, principalmente. Tres procuradores judiciales le solicitaron al Gobierno suspender las obras de las líneas y casi todo el plan de expansión en La Guajira, donde se concentran gran parte de los proyectos, mientras no ejecute las consultas previas suspendidas por la pandemia. Se trata de más de una decena de proyectos con una capacidad de generación de 2.400 MW e inversiones superiores a los $10 billones.

El sector, además, está a la expectativa de lo que pase con Electricaribe. A principios de este año, la empresa se dividió en dos sectores, Caribe Mar y Caribe Sol, adjudicados a EPM y el grupo de Alberto Ríos. Sin embargo, la pandemia transformó el entorno y estas dos organizaciones están en negociaciones con el Gobierno, pues en la firma del contrato quedó una cláusula de lo que llaman los abogados el efecto material adverso. Están revisando los alcances e impacto de la crisis para corregir los posibles desbalances generados. 

Lea también: Gobierno ha dado casi $3 billones para operación de Electricaribe

Finalmente, cerca de 36 congresistas presentaron un proyecto de ley para prohibir en Colombia el fracking, polémica práctica no convencional para extraer hidrocarburos que enfrenta a ambientalistas y productores. El proyecto incluso plantea la posibilidad de no realizar los pilotos que determinarían la viabilidad de esta práctica.

La polémica es grande. Unos plantean el riesgo sobre el medio ambiente y las fuentes de agua. Otros, la pérdida de las reservas de petróleo y gas, que alcanzan para menos de una década y obligarían a importar crudo y combustibles que costarían unos $30 billones al año.

Esto sin contar con las tensiones sociales y ambientales de proyectos mineros de oro y cobre, como las de Antioquia (en Jericó) o Santander (cerca al páramo de Santurbán).

Las discusiones en todos estos frentes están en su punto más alto. Reflejan el nerviosismo que ha generado el impacto de la pandemia y también la amenaza a la seguridad energética, la transición energética y los compromisos ambientales del país. Llegó el momento de buscar consensos para evitar consecuencias dramáticas.