¿Fue un crimen de Estado?

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado la solidaridad de los colombianos ante tan execrable hecho y ha puesto al Gobierno Petro en su peor momento, tanto en popularidad como en aceptación.

Los colombianos sentimos que hemos retrocedido treinta años, que estamos regresando a esa época en la que el sicariato era pan de cada día. Algunos ya consideran que este atentado es un crimen de Estado, al igual que lo fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

De acuerdo con Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, un crimen de Estado es una acción ilegal o violatoria de los derechos humanos cometida por agentes del Estado, como funcionarios, fuerzas de seguridad o instituciones gubernamentales, en el ejercicio de sus funciones o con el respaldo del poder estatal. Estos crímenes suelen ejecutarse para mantener el control político, reprimir la oposición, eliminar la disidencia o alcanzar objetivos estratégicos del Gobierno, y a menudo se caracterizan por su sistematicidad o generalización.

Aunque de acuerdo con la definición no se dan todas las características para definirlo como crimen de Estado, vale la pena hacer un análisis más detallado para determinar si podemos catalogar este suceso dentro de esa categoría.

Hasta hoy, no se ha podido determinar quién dio la orden o quién es el autor intelectual de este atentado. Ya hay más de tres capturas, incluyendo al sicario que disparó el arma, que no es un agente del Estado. Sin embargo, esa consideración no le quita la posibilidad de ser un crimen de Estado.

El poder estatal hoy en día está en manos de quienes lucharon contra el Estado en el pasado. El presidente Petro. Como muchos de sus colaboradores más cercanos, fueron miembros del grupo narcoterrorista del M-19, responsable de hechos como la toma del Palacio de Justicia, el robo de armas en el Cantón Norte y los asesinatos de Gloria Lara y José Raquel Mercado, entre otros.

Mantener el poder es una obsesión de Petro. Hoy en día, muchos colombianos tenemos susto de que no haya elecciones en el 2026. Un atentado como el perpetrado a Miguel Uribe, adicionado a una escalada de violencia, puede ayudar a Petro con su cometido.

Hay un hecho adicional que vale la pena resaltar. El responsable de garantizar la seguridad de los miembros de la oposición es el Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, hoy dirigida por Augusto Rodríguez Ballesteros, exmiembro del M-19. El senador Uribe solicitó en más de veinte ocasiones mayor seguridad, pero sus pedidos nunca fueron atendidos. Además, en la UNP trabajan muchos excombatientes de guerrillas que lucharon contra el Estado y cometieron crímenes de lesa humanidad.

Como se puede ver, aunque no existe hasta ahora evidencia de que el Estado es partícipe del atentado, sí existen indicios de que ha habido muchas coincidencias y falencias que hicieron posible este atentado. Muchas veces no se necesita accionar el gatillo para cometer un crimen, simplemente el hecho de sembrar un discurso de odio hacia la víctima como lo ha venido haciendo Petro y relajando su seguridad se pueden lograr los objetivos.

Para mí este atentado sí es un crimen de Estado.