¿Cuáles son las sanciones por no pagar las prestaciones sociales a los trabajadores?

En Colombia, el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador, especialmente el no pago de las prestaciones sociales, constituye una infracción grave de la legislación laboral.

Las prestaciones sociales son un conjunto de beneficios que la ley ordena pagar a favor del trabajador como reconocimiento a su labor y con el objetivo de proteger su bienestar económico y el de su familia. Estas incluyen la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones.

Por medio del Ministerio de Trabajo se puede conocer la ruta de acción que enfrentarían las empresas que no cumplan con estas obligaciones y la forma de solicitar el respeto de sus derechos por parte de los trabajadores.

¿Qué sucede cuando un empleador no cumple con estos pagos?

Cuando un empleador no cumple con el pago oportuno y completo de estas prestaciones, se expone a diferentes tipos de sanciones que pueden ser administrativas, laborales y hasta penales en ciertos casos.

En primer lugar, la sanción más común es la sanción moratoria, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta consiste en el pago de un día de salario por cada día de retraso en la liquidación y pago de las prestaciones al momento de terminar la relación laboral, siempre que el empleador no haya actuado de buena fe. Esta sanción puede ser muy onerosa, especialmente en casos de demoras prolongadas.

En segundo lugar, el empleador puede ser objeto de sanciones administrativas impuestas por el Ministerio del Trabajo. Esta entidad tiene la facultad de adelantar investigaciones y sancionar con multas que pueden ir desde los cinco hasta los cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción, la reincidencia y el número de trabajadores afectados.

Además, el empleador podría enfrentar demandas individuales o colectivas por parte de los trabajadores afectados. Para estos casos se deben superar diversas etapas.

Si finalmente no se acreditan los pagos, los jueces laborales pueden ordenar el pago de las prestaciones adeudadas, así como las correspondientes indemnizaciones y sanciones moratorias. Este tipo de litigios también implica costos adicionales como honorarios de abogados, costas procesales y posibles daños reputacionales para la empresa.

Otra consecuencia importante es que la falta de pago de prestaciones puede ser un indicio de una relación laboral no formalizada correctamente. Esto puede abrir la puerta a que las autoridades fiscales y de seguridad social inicien investigaciones por evasión de aportes al sistema de seguridad social, lo que conlleva sanciones adicionales, incluyendo intereses moratorios y multas.

Cabe mencionar que en casos extremos donde se compruebe un actuar doloso, como fraude o simulación de relaciones laborales para evadir responsabilidades, los responsables podrían incluso enfrentar consecuencias penales, aunque esto es menos frecuente.