ECONOMÍA
Reforma tarifaria con freno de mano: ¿una transición energética o un salto al vacío?
En medio del debate nacional sobre la transición energética, el Congreso de Colombia se enfrenta a una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia del sistema eléctrico del país.
El proyecto de Ley 475 de 2024, aprobado en el Senado y actualmente en discusión en la Cámara de Representantes, propone una reforma estructural al régimen tarifario de la energía eléctrica. Sin embargo, una ponencia negativa presentada el pasado 11 de junio advierte con contundencia: esta reforma no solo es innecesaria, sino peligrosa y solicita a la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes su archivo.
Un modelo que ha funcionado
Desde la crisis del apagón de 1992, Colombia ha construido un sistema eléctrico robusto, resiliente y técnicamente sólido. Las Leyes 142 y 143 de 1994 sentaron las bases de un modelo mixto, con participación pública y privada, que ha logrado cobertura del 96%, estabilidad tarifaria, calidad creciente y una matriz energética limpia y diversificada. Este modelo ha resistido fenómenos de El Niño, atentados a la infraestructura y crisis sociales sin recurrir a racionamientos generalizados.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto de ley busca modificar las fórmulas tarifarias, establecer techos a las utilidades de las empresas, redefinir principios tarifarios y otorgar nuevas funciones a entidades como la UPME. También plantea cambios en la composición de la CREG, la inclusión de criterios climáticos en la tarifa y la eliminación de cobros conjuntos en las facturas.
¿Qué está en juego?
La ponencia negativa, elaborada con rigor técnico y jurídico, advierte que esta reforma:
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- Desestabiliza la institucionalidad: Al debilitar la autonomía de la CREG y concentrar funciones en el Ejecutivo, se rompe el equilibrio técnico-político que ha garantizado decisiones basadas en evidencia.
- Desincentiva la inversión: La imposición de topes a las utilidades y la inseguridad jurídica podrían ahuyentar a los inversionistas, justo cuando el país necesita ampliar su capacidad de generación y transmisión.
- Pone en riesgo la sostenibilidad financiera: Cambios arbitrarios en las reglas tarifarias pueden afectar la viabilidad de las empresas, comprometiendo la calidad y continuidad del servicio.
- Afecta a los más vulnerables: La reforma no resuelve los problemas estructurales de regiones como la Costa Caribe, y podría agravar la situación al eliminar incentivos para operar en zonas de alta complejidad.
- Politiza el sistema: Al introducir criterios ambiguos como “alzas desmedidas” o “inestabilidad tarifaria”, se abre la puerta a decisiones discrecionales y populistas.
¿Transición energética o improvisación?
La transición energética es una necesidad ineludible. Pero no se decreta: se construye. Y para ello se requiere fortalecer lo que ya funciona, no desmontarlo.
La reforma propuesta ignora los avances logrados, fragmenta la institucionalidad y crea más problemas de los que pretende resolver.
Conclusión
Colombia no puede permitirse repetir los errores del pasado. El sistema eléctrico es un activo estratégico del país, y cualquier reforma debe partir de un diagnóstico serio, con participación de todos los actores y con respeto por la institucionalidad.
La ponencia negativa no es un acto de oposición política: es un llamado a la sensatez. Porque en energía, como en política, improvisar sale caro. Y el costo lo pagarán, como siempre, los más vulnerables.
