Finanzas públicas
Recorte del presupuesto 2026 en al menos $45 billones, el llamado de la Andi, ante la cercanía de fecha para decidir el monto
El Congreso tendrá que elegir entre la tijera o más deuda e impuestos, lo que impactaría a todos los colombianos, dice el gremio de empresarios.

Proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas es el llamado que hace el gremio de empresarios Andi, ante las reuniones que se adelantan entre el gobierno y el Congreso de la República, para intentar llegar acuerdos sobre el monto definitivo del Presupuesto 2026, el cual, debe estar aprobado antes del 15 de septiembre, según las reglas del trámite de la carta financiera de la Nación.
De ahí que el gremio, a través de su vocero oficial, Bruce Mac Master, pidió tanto al gobierno como al Legislativo, que hagan estudio profundo y realista de las verdaderas capacidades que tienen, tanto la ciudadanía colombiana, como las empresas, de poder seguir transfiriendo recursos al Estado.
Ello, en el entendido, según el cual, la propuesta del Ejecutivo, con el presupuesto para 2026, es de 556,9 billones de pesos, de los cuales, 26,3 billones provienen de un proyecto de ley de financiamiento que podría no tener mucha viabilidad en los estrados del Legislativo.

El Ministerio de Hacienda y el equipo de ponentes y coordinadores de la iniciativa gubernamental, llevan ya seis días de reuniones y, según mencionó el representante a la Cámara, Christian Garcés, inclusive se habría hablado de la posibilidad de disminuir un poco el monto y hasta la expectativa de ingresos a obtener con la ley de financiamiento, pero, a juicio del parlamentario, no se habría tocado lo estructural, y es “la necesidad de recortar los gastos”.
De hecho, la Andi, en su pronunciamiento, plantea un recorte de alrededor de 45 billones de pesos, cifra que estaría en línea con la propuesta del Comité Autónomo de Regla Fiscal-Carf.
“Eso sería lo responsable. Cuando se optó por recurrir a la cláusula de escape, para suspender transitoriamente la regla fiscal, el país se comprometió a seguir una senda de ajuste para retornar a esta regla al cabo de tres años. Lo primero que se debe discutir seriamente es dónde se debe recortar el gasto”.

Al decir de la Andi, la del presupuesto no debe ser una discusión menor, ya que se trata de los ingresos que recibe el gobierno y la manera en la cual los gastará.
Sin lugar a equivocaciones
No se puede olvidar que el Estado funciona con recursos aportados por todos los ciudadanos, a través de los impuestos. Inclusive, cuando hay financiamiento público con deuda, también se requieren tributos de los contribuyentes. Por consiguiente, según la Andi, “de llegar a equivocarnos en la aprobación de ese monto presupuestal, podemos estar enviando a Colombia a una situación insostenible, desde el punto de vista de recursos que tendrían que ser cobrados por la vía de impuestos”.
Una equivocación con el monto del presupuesto podría derivar en una cadena de efectos. Por ejemplo, el directivo gremial argumenta que “los mayores impuestos producirían, no solo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo”.
Además, advirtió que si se acude a deuda, peor aún, pues en ese sentido, Colombia ya no da más. Esto implica que hay una disyuntiva: “no podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco podemos cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente en un momento en que apenas nos estamos recuperando; y no podemos enviar mensajes equivocados a los mercados diciendo que no estamos asumiendo nuestro reto de un ajuste serio a las finanzas públicas”, manifestó el directivo de la Andi.

¿Qué ha pasado en las reuniones gobierno-Congreso?
Hasta el momento van 6 días de reuniones entre el gobierno y el Legislativo para tratar de llegar a un punto medio.
Algunas fuentes cercanas al proceso afirman que, desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, prácticamente no habría plan B, es decir, no estarían dispuestos a bajar el monto del presupuesto, lo que conduciría a que el Legislativo tomara el camino de aprobar ni el monto ni la ley de financiamiento. Por lo tanto, la carta financiera se tendría que ir por decreto y la reforma a los impuestos terminaría archivada.