Petro podría enfrentar la negociación del salario mínimo más tensa en su mandato. Debate, en cruce de dardos

Empezó el ‘Songo le dio a Borondongo’

En la mesa tripartita de concertación para definir el alza en el salario mínimo de 2026 empezó el acostumbrado ‘Songo le dio a Borondongo’. La tirantez reina entre quienes se suman a uno de los debates económicos y sociales más controversiales de cada diciembre, y todo apunta a que, de nuevo, podría repetirse lo sucedido el año pasado, cuando el incremento fue adoptado por decreto ante la dificultad para llegar a un acuerdo.

Los argumentos que se basan en las variables que forman parte de la fórmula para definir el alza en el salario mínimo, es decir, inflación, productividad, crecimiento económico y contribución de los salarios al ingreso nacional, parecen caer en terreno infértil. Más aún si el ambiente se caldeó, incluso desde antes de que se instalara oficialmente la mesa de concertación de política salarial.

¿Diálogo fracturado?

Muy temprano en el proceso de negociar el alza, el Gobierno manifestó su posición de volver a aplicar un ajuste de dos dígitos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, remató, al decir que el ingreso básico para un trabajador debería llegar a, por lo menos, 1.800.000 pesos. Si esa cifra se refiere solo al salario base, sin el auxilio de transporte, implica un incremento del 26 por ciento; mientras que si se incluye el subsidio, equivale a un alza de 11 por ciento, y las dos ponen a sudar frío a los empresarios, principalmente a las pymes: pequeñas y medianas compañías.

Acopi, el gremio que las agrupa, advirtió sobre graves riesgos para su sostenibilidad si el aumento llega a sobrepasar el 7 por ciento, ya que no podrían hacer inversión ni mantener los empleos.

El diálogo para una posible negociación parece haberse fracturado, no solo porque Fenalco –que representa al comercio, uno de los principales generadores de empleo remunerado con salario mínimo– anunció que no participará en la concertación, sino también porque los mensajes del presidente se han vuelto cada vez más confrontativos.

El más reciente de ellos recayó sobre el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. El presidente Gustavo Petro le habló duro, en respuesta a la sustentación que hizo el directivo de la entidad que maneja la política para contener la inflación.

Villar manifestó que el ajuste del salario mínimo para el año que está en curso fue del 11 por ciento, sumando el incremento básico y el del auxilio de transporte. Calificó ese ajuste como “muy fuerte frente a la inflación vigente en ese momento y a las expectativas para el año”. Advirtió que, si se repite una decisión similar aprovechando el último año del actual Gobierno, será más difícil reducir la inflación y acercarla al rango meta del 3 por ciento, objetivo que no se cumple desde hace seis años y cuyo rezago termina afectando el crecimiento económico.

El mandatario de los colombianos no tardó en ripostar. “La tasa de inflación se reduce acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía”, dijo, como una pulla directa a las decisiones que se están tomando en la junta del Emisor. Allí no han bajado las tasas de interés desde la reunión de abril de 2025, cuando quedaron en 9,25 por ciento.

Le dio palo al Banco de la República

En su mensaje, Petro calificó como ‘activistas económicos del uribismo’ a los miembros de la Junta del Banco de la República que han votado contra una reducción de tasas, argumentando que priorizan las señales de un posible repunte inflacionario. Esta se puede volver a elevar mucho, lo que, de ocurrir, se comería cualquier aumento en el salario mínimo.

Los beneficiados

La intensa disputa que el presidente libra por el aumento del salario mínimo –justificada como una defensa de los derechos de los trabajadores– sería para favorecer, en la práctica, únicamente a los 2,4 millones de ocupados que devengan un salario mínimo. Las características del mercado laboral colombiano no han cambiado, pese a que baje el desempleo. Hay altos niveles de informalidad y de trabajo por cuenta propia, que en muchos casos no es más que rebusque y que con frecuencia ni siquiera alcanza a generar un ingreso equivalente al mínimo vigente.

Las cuentas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, son distintas. Afirma que el aumento que se defina impactará a 12 millones de trabajadores, al incluir no solo a quienes ganan un salario mínimo, sino a todos los ocupados hasta ese rango.

Desde su posición con el salario mínimo, que está en línea con la del presidente Petro, también propone que el ajuste se determine bajo el criterio de salario vital y móvil sugerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ello, sostiene que un incremento en los niveles que contempla el Gobierno sería ‘un acto de justicia laboral’, porque sin fuerza laboral no hay riqueza.

Tinte político

Más que en cualquier otra ocasión, la coyuntura política se inmiscuye en la negociación de un ajuste salarial que, además de los trabajadores que lo recibirán, salpicará a toda la economía, por la llamada indexación.

Al menos 70 bienes, servicios y tarifas están amarrados a este incremento, y muchos son inevitables de usar, como la vivienda y la educación, sin olvidar que las pensiones mínimas, al subir al ritmo de esta variable, presionan las finanzas públicas.

El centro de pensamiento económico Anif estima que cada punto de incremento demanda 240.000 millones de pesos adicionales solo para el pago de mesadas en el régimen de prima media que maneja Colpensiones.

Con una inflación exacerbada por un incremento en el salario mínimo más allá de lo prudente, los afectados serían los mismos a quienes se pretende beneficiar, pues se trata de una especie de naipe en el que ninguna carta escaparía al coletazo. Muestra de ello es que en los conjuntos de apartamentos, las administraciones suben en el porcentaje del ajuste salarial, porque tienen que cubrir sueldos de trabajadores que devengan el mínimo. Y ni qué decir de la comida, inclusive el corrientazo, cuyo precio también recoge el alza.

Se ha aumentado el 37,6 %

Con ese argumento, el Gobierno insiste en incrementos sustanciales, bajo la premisa de que existe una deuda histórica con los trabajadores. Esa brecha, afirma, se ha venido cerrando en la actual administración, donde los aumentos acumulados en los últimos tres años alcanzan el 37,6 por ciento.

Para la negociación de este año, más que en cualquier otra ocasión, no deja de percibirse un marcado tinte político en la negociación del mínimo, debido a la proximidad de los comicios para elegir tanto a los integrantes del Congreso de la República como al presidente.

Fabio Arias, directivo de la CUT, sindicato que está de lleno metido en la negociación de la política salarial, reconoce que en esta, como en cualquier otra concertación, si bien hay un criterio técnico, lo que prima es lo político. “Si la discusión gira en torno a que la riqueza generada por el trabajo se la apropia el capital es un asunto político”, afirma.

Lo cierto es que la actual administración, con su propuesta de incremento del salario mínimo, ha sido calificada de ‘populista’ por plantear nuevamente una cifra muy superior a la que resultaría de sumar la inflación esperada –alrededor del 5 por ciento– más un 1 por ciento por productividad, certificada por el Dane en 0,91 por ciento.

Una carta de muchos

El calendario para las reuniones de concertación está andando y prevé que el 9 de diciembre se destapen las cifras que pondrán las partes interesadas en la puja por el alza. Previo a ese momento, más de un centenar de nombres, entre exministros que formaron parte del gabinete de distintos Gobiernos, y líderes de opinión de todos los sectores, respaldaron una carta que llegó a la mesa tripartita. En ella advirtieron sobre los riesgos de un incremento desbordado del salario mínimo. Inclusive, recomendaron que si la meta del Gobierno es solucionar problemas de distribución del ingreso y de equidad, hay otras medidas distintas que pueden ser más efectivas.

También advierten que, en la negociación, no puede ignorarse el equilibrio de fondo: al privilegiar a quienes ya tienen empleo –los beneficiarios directos del aumento– se corre el riesgo de afectar a quienes están desempleados o en la informalidad. Y son estos, que representan la mayoría, quienes quizás deberían estar en el centro de una política laboral y salarial que sea diseñada con sensatez.