“No pongo tinte político en la SIC”: la superintendente Cielo Rusinque habló con SEMANA sobre sus decisiones al frente de esa entidad

Polémicas visitas

SEMANA: De la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se han vuelto polémicas las visitas intempestivas a empresas y gremios. ¿Qué tanto es lo que están investigando?

Cielo Rusinque: Podemos hablar de un aumento notorio de las investigaciones y de las sanciones, porque hay mayor presencia territorial de la superintendencia y del cumplimiento de la misionalidad en las seis delegaturas que integran la entidad. Algunas resultan ser mucho más mediáticas que otras, y suele ser el caso de la Delegatura de Protección a la Libre Competencia, en donde en año y medio hemos sancionado a más de 182 personas naturales y jurídicas por infracciones al régimen.

En multas, en esa sola delegatura, tenemos 110.000 millones de pesos. Catorce casos están relacionados con infracciones a las reglas de competencia, principalmente en los procesos de contratación. En ese sentido, hemos tenido que hacer toda una campaña de sensibilización, porque para llegar a esos resultados es necesario –precisamente– hacer uso de las herramientas que tradicionalmente ha tenido la superintendencia, como son las visitas administrativas, que nos permiten recolectar el material probatorio requerido, sobre todo para determinar conductas como la colusión y la cartelización. Esas herramientas han sido avaladas por la Corte Constitucional y son de uso común por los organismos de vigilancia, también en otros países.

Cartelización en la UNP

SEMANA: ¿Qué casos emblemáticos están en curso?

C.R.: Entre lo más sonado, de pronto por el tipo de agentes, o por el alcance mediático que han tenido estas investigaciones, está el de los carros blindados de la UNP (Unidad Nacional de Protección), por una posible cartelización.

Recientemente, anunciamos la apertura de una investigación en el caso de Mexichem, por un eventual abuso de la posición de dominio. También tuvimos que abrir el caso de unos hoteles en Cali, con las tarifas aplicadas durante la COP16; y se tomó una medida cautelar por la gravedad de la situación y por los indicios y las pruebas que teníamos en ese momento.

SEMANA: ¿Cuál es la conclusión con los carros blindados de la UNP?

C.R.: El caso aún está en curso. Es importante señalar que entre la realización de una visita administrativa y la eventual formulación de un pliego de cargos, seguida de una posible sanción, debe transcurrir un tiempo razonable. Este margen es necesario para contrastar las pruebas, escuchar a las partes involucradas, complementar el material probatorio y, solo entonces, determinar si las hipótesis justifican una sanción, la imposición de órdenes administrativas o incluso el archivo del caso.

Se trata de un proceso que no ocurre de manera inmediata. Con la UNP se hizo un pliego de cargos y se está en periodo probatorio, valorando algunas garantías. Sobre ellos ya hemos resuelto procesos por incumplimiento de instrucciones. En general, en este componente, hemos impuesto sanciones en 24 ocasiones. No es posible normalizar que en una visita de inspección tenga que ser voluntaria la entrega de información. El no facilitar lo solicitado o crear barreras injustificadas nos lleva a hacer uso de nuestras competencias.

SEMANA: ¿Cuál es el criterio que prima para llegar a hacer una visita o iniciar una investigación?

C.R.: Permanentemente se suele hacer un monitoreo del comportamiento de los agentes del mercado. También nos basamos en las denuncias recibidas. Son diferentes indicios los que conducen a hacer una visita administrativa, que tiene una fase de alistamiento, no es de un día para otro.

Es importante resaltar que hay unos procedimientos reglamentados para brindar condiciones de seguridad óptimas. Se utiliza una serie de softwares que garantizan el buen uso y la no alteración de la información.

Cuando accedemos a un dispositivo electrónico, llámese correo, celular..., en fin, lo que a veces genera temor, porque pueden existir datos privados, siempre buscamos tomar solo lo que sea de nuestro interés.

Tenemos las garantías, en estos software, de que solo se accede a esa información específica para la investigación. De hecho se cuenta con lo que se llama la huella hash, con la que queda claro quién vio, cuántas veces, qué información. Todo eso tiene una trazabilidad. El uso que se le da a esa información es exclusivamente para proporcionar los elementos de juicio necesarios y determinar las eventuales infracciones.

‘Algo que era cotidiano en la SIC, ahora se tilda de abuso’

SEMANA: Pero llegan de manera sorpresiva, entonces los visitados se sienten como si fueran delincuentes...

C.R.: La llegada de la SIC de manera sorpresiva es por simple sentido común. Mi impresión es que algo que era cotidiano en esta superintendencia, ahora, por tratarse de un nuevo Gobierno, se tilda de abuso de las competencias con un particular interés.

Somos una policía administrativa, pero se vuelve escandaloso cuando usamos las herramientas que siempre se han tenido para investigar ese tipo de conductas.

Estamos haciendo pedagogía para que se sepa el alcance, las garantías que hay en las actuaciones de la SIC y resolver el debate frente a una extralimitación de funciones.

Desde siempre se ha hecho esa función de inspección, vigilancia y control, no solamente a organismos privados o agentes privados, sino también a los públicos, llámese gobierno nacional, administraciones departamentales, municipales, entre otras.

SEMANA: Pero se perciben ciertas coincidencias. Por ejemplo, el Gobierno ha manifestado su desacuerdo con la extracción de hidrocarburos, y en ese contexto, la superintendencia actúa contra gremios como Naturgás, justo cuando había una controversia por las cifras oficiales de abastecimiento...

C.R.: No se trata de que el Gobierno esté en desacuerdo con la industria extractiva. En ese caso particular, se identificaron varias inconsistencias entre la información entregada por los agentes –distribuidores y comercializadores de gas– y la proporcionada por Ecopetrol sobre la capacidad y suficiencia del abastecimiento en Colombia.

Mientras Ecopetrol afirmaba que había suministro suficiente, los agentes alegaban escasez, lo que los obligaba a acudir al mercado internacional a través de Bolsa, lo que resultaba más costoso. Eso nos hablaba de una eventual distorsión del mercado, una especulación con los precios o un posible acaparamiento. A nosotros nos corresponde verificar.

Es importante que la ciudadanía sepa que estamos defendiendo el interés general.

Entre sancionar y disuadir

Semana. Cuando usted se posesionó en el cargo recibió una instrucción del presidente Petro, de defender a los pequeños y medianos empresarios, y a los consumidores. En general se escuchan casos de infracciones de la gran empresa, ¿alrededor de los pequeños no hay denuncias?

C.R.: Denuncias se presentan a toda escala y de manera permanente. La Delegatura de Protección al Consumidor la actividad se despliega para grandes, pequeños empresarios, una infracción al régimen del consumidor, por ejemplo, o al Estatuto del Consumidor, consistente en eventuales engaños, en no hacer valer el derecho al retracto, o en no dar la debida garantía en un producto. Eso ocurre tanto a nivel de la gran industria como en la pequeña o la mediana.

Lo que hacemos también es una actividad de pedagogía de la que poco se habla, para incentivar las buenas prácticas a todo nivel, porque la idea no es llegar a la sanción.

El hecho de que se sepa que estamos actuando, es disuasivo para quien pretende cometer infracción.

SEMANA: ¿Es más efectiva una SIC que sanciona o una que disuade al infractor?

C.R.: Es más efectiva una superintendencia que cumpla sus funciones. Cuando llegamos acá, observamos que había cierta inactividad por parte de la administración anterior y de eso hablan las cifras; no es una opinión mía. Cuando se tiene una entidad activa que llega a los sectores en los que se están presentando inconsistencias, anomalías, y se hace de manera indistinta, también es disuasivo. Recientemente, resultó polémica una sanción impuesta a la empresa Postobón.

Lo que debería ser polémico es que en un Estado Social de Derecho existan empresas que no se puedan tocar cuando están violando el régimen.

Investigaciones a grandes empresas

SEMANA. ¿Con qué indicios llegaron a Postobón?.

C.R.: Eran unas visitas que se habían ordenado desde antes de llegar a este gobierno, en julio del 2022. Los indicios apuntaban a inconsistencias entre el contenido que está en el etiquetado y la realidad.

Hay una reglamentación, incluso internacional, que prevé unos márgenes en cuanto a la cantidad, que pueden ser producto de una equivocación. Cuando la diferencia en una botella es mínima parecería irrelevante para el consumidor directo, pero si se suma por horas y hasta años de producción, estamos hablando de unas cifras que ya son gravosas en el sentido de economía.

SEMANA. De investigaciones de la SIC, como el de la leche con el lactosuero, que involucra a empresas grandes y poderosas, finalmente se resolvió si son o no culpables.

C.R.: La investigación está en curso. Ellos presentaron sus recursos. En el tema del lactosuero, cuando actuamos en un sector tan estratégico como el lácteo, no es solo desde la delegatura de competencias. Está también la actividad que se adelanta para corroborar la metrología legal (que el contenido sea el que se ofrece). También estamos en toda esa campaña de vigilar que se le pague el precio justo a los productores de leche basados en una reglamentación que venía desde el 2012, pero que en la práctica no se estaba respetando, lo que hacía que a los campesinos les estaban pagando casi que a voluntad lo que querían los demás agentes de la cadena.

SEMANA: Para usted, ¿esa percepción que tienen las empresas de que la superintendencia no es una policía administrativa, sino una policía política, es infundada?

C.R.: Yo creo que es la dificultad para aceptar la llegada al poder de un Gobierno que representa una tendencia política diferente a la que tradicionalmente había en Colombia.

Podría demostrar, frente a cada uno de los señalamientos que acusan las actuaciones de tener un tinte político, que no es así.

Cuando llegué a este cargo, se me tildó de activista, como si alguna vez se hubiera tenido un superintendente que no fuera cercano al Gobierno. Esta es una nominación presidencial y mal podría un presidente de la república nominar en cargos de confianza a personas con las que no tiene identidad.

SEMANA. Pero, ¿no cree que sería mejor que la Superintendencia de Industria tuviera independencia del gobierno?.

C.R.: No sé si sería mejor. El punto es que esta entidad es un órgano administrativo que hace parte del Ejecutivo, que, a su vez, es elegido por voto popular. Lo que es llamativo es que esto ahora se plantee cuando así existe desde siempre. Eso no quiere decir que no estamos sometidos a una Constitución y a una reglamentación legal cuyo incumplimiento acarrearía las correspondientes acciones. Yo soy sujeto de vigilancia tanto de los organismos de control, en la actual misión, como por ser profesional del derecho.

Ahora, si vamos a ver cuál es el sistema de elección de cargos como el procurador, el defensor, el fiscal. Siempre se hace el mismo tipo de críticas. No vamos decir que -por ejemplo- alguien como el actual procurador (Gregorio Eljach) es desligado de la política. En cambio, este gobierno, creo yo que por primera vez ha ternado personas que no eran de su cercanía. Acá no podemos decir que tenemos un fiscal, una defensoría o una procuraduría de bolsillo, como si era cotidiano en el pasado.

De integraciones empresariales

SEMANA: Volvamos a algunos casos puntuales. La viabilidad de la integración entre Tigo y Movistar está pendiente de un concepto de la SIC. ¿Cómo va?

C.R.: Está en segunda fase. Se habían hecho unos últimos requerimientos. Antes de emitir ese concepto, tenemos que evaluar las intervenciones que nos han llegado de terceros interesados, como Wom. MinTIC también nos ha aportado análisis y recomendaciones. Hay conceptos de la CRC, de la Agencia Nacional del Espectro.

Es una operación muy compleja porque impacta diferentes mercados. Además, no tiene el mismo efecto en las distintas regiones, en cada una hay otros agentes prestadores del servicio que se pueden ver impactados.

Entonces, hay que vigilar, primero, la viabilidad de la integración y, en el caso de aceptarse, lo que se suele hacer es emitir condicionamientos encaminados a evitar impactos sobre el equilibrio y sobre los demás agentes, sumando además a los usuarios de los servicios de telefonía.

SEMANA: ¿Qué sabe de una eventual fusión de Postobón con otra empresa extranjera? ¿Tendría que pasar por la SIC?

C.R.: No tenemos una referencia formal en esta superintendencia, ni algún relacionamiento con el caso.

Del nombramiento demandado

SEMANA: ¿Está amañada en la superintendencia? Esto, teniendo en cuenta que hay una demanda a su nombramiento.

C.R.: La demanda a mi nombramiento está en el Consejo de Estado. Han interpuesto ese tipo de recursos prácticamente contra todos los funcionarios que han integrado este Gobierno. Ahí es llamativo que les dieran mérito a los argumentos de la acción jurídica, en los que estarían pidiendo requisitos para ser superintendente, que nunca fueron exigidos. Estarían solicitando casi que debí haber sido superintendente antes para poder ejercer el cargo ahora.

SEMANA: En algunas oportunidades, el presidente Petro ha criticado el libre mercado. ¿Qué opina usted de que los precios se regulan por oferta y demanda y no pueden ser intervenidos?

C.R.: El libre mercado es una realidad. Otra cosa es que nosotros promovamos una economía social del mercado. Eso establece que el mercado no puede estar por encima de los derechos de las personas, del interés común o del mismo Estado. En el libre mercado hay unos poderes de las trasnacionales que inclusive escapan al poder de regulación del Estado.

Yo tengo una formación como constitucionalista; entonces, creo que no todo puede ser visto como una mercancía. Los derechos, por ejemplo, no pueden ser tratados como bienes transaccionales de los cuales se saca una mayor rentabilidad. Por supuesto que me adhiero a esa crítica del presidente.