Minminas busca que el país deje de ser dependiente de los subsidios y que los hogares produzcan su propia energía

La promesa de reducción

SEMANA: Desde el inicio del gobierno se prometió reducir tarifas de energía, especialmente en el Caribe, pero aún no se refleja en las facturas. Ahora se plantea bajar costos para los estratos 1, 2 y 3, en medio de una crisis fiscal y sin sanear a Air-e, aún intervenida. ¿Cuál será la solución financiera?

Edwin Palma: En efecto, el Gobierno nacional recibió en 2022 una situación fiscal muy difícil y, desde ese momento, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, se ha asumido con responsabilidad y con el compromiso de mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. En el sector de energía eléctrica, el Gobierno heredó los saldos de la opción tarifaria, que alcanzaron valores cercanos a los 5,5 billones de pesos, producto de la pandemia del covid-19 y de un indexador del sector (el IPP de oferta interna) con un crecimiento desbordado. Estos factores incidieron en crecimientos acelerados de la tarifa.

SEMANA. Esa es la foto del pasado, pero se prometió un cambio. ¿Qué están haciendo al respecto?

E.P.: Para resolver este problema, desde el Ministerio de Minas se han implementado diferentes estrategias de diálogo permanente con los actores del sector, como el Pacto por la Justicia Tarifaria.

Si bien la intención del Gobierno era asumir el pago de los saldos de la opción tarifaria, la realidad fiscal impidió que se concretara esta posibilidad.

Por lo anterior, se ha propuesto que sean los usuarios con mayor capacidad de pago quienes solidariamente asuman la deuda de los usuarios más pobres y vulnerables.

En este sentido, se están buscando espacios de eficiencia y optimización tarifaria a través del aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los mecanismos de contratación bilateral de largo plazo en contraste con la bolsa.

Financieramente es posible y responsable explorar estas medidas.

De igual modo, se trabaja para optimizar el uso de los recursos y aprovechar las nuevas tecnologías mediante estrategias como Comunidades Energéticas o Colombia Solar, con las que seguramente se reducirá la presión fiscal y se lograrán reducir las tarifas de la población más necesitada.

Proyectos energéticos que no avanzan

SEMANA: Muchos analistas sostienen que la reducción de tarifas requiere más oferta, pero los proyectos no avanzan. Con la capacidad actual, las tarifas no bajarían, pese a nuevas medidas. ¿Cuál será la alternativa para destrabar proyectos y lograr la reducción?

E.P.: Los proyectos, a pesar de las dificultades, están entrando. El Gobierno ha trabajado de manera articulada en destrabar y facilitar la entrada de los proyectos de generación y transmisión que necesita el país.

Los desarrolladores están anunciando avances importantes en los proyectos de transmisión de La Guajira y de FNCER (fuentes no convencionales de energía renovables) en todo el país. De hecho, Colectora está próxima a entrar en operación (fase I y fase II el año entrante).

El Gobierno está comprometido con alcanzar la incorporación de 6 gigavatios con FNCER en el cuatrienio. La estrategia es desatar los nudos que dificultan el desarrollo de los proyectos a partir del trabajo con las instituciones, comunidades y actores del sistema.

El Gobierno está flexibilizando y creando nuevos esquemas que faciliten la obtención de licencias ambientales para proyectos de generación basados en energías renovables de hasta 100 MW.

SEMANA: ¿Cuáles son las cifras reales de los subsidios? Aunque se reduce la deuda, sigue creciendo cada mes con nuevas obligaciones. ¿Cómo lograrán ponerse al día?

E.P.: En efecto, es un ciclo permanente. Este es un ejemplo más que ha llevado al Gobierno a buscar eficiencia dentro del espacio que dejan las normas existentes. En el país existen viviendas de alto valor clasificadas en estratos bajos que reciben subsidios sin necesitarlos. Las medidas propuestas desde MinEnergía están orientadas a identificar este tipo de casos a través del consumo eléctrico y subsanarlos, mientras que se implementa el Registro Universal de Ingresos como herramienta para focalizar los subsidios. Igualmente, las estrategias lideradas desde MinEnergía, como Comunidades Energéticas y Colombia Solar, buscan que el país deje de ser dependiente de los subsidios y que los hogares sean autónomos en la producción de energía, derivando una menor carga fiscal en materia de subsidios.

¿Y el pago de la opción tarifaria?

SEMANA: Sobre la opción tarifaria y el proyecto de ley, surgen dudas: ¿podrá el Congreso aprobar un plan que carga a los estratos 4, 5 y 6 con una deuda ajena? ¿Qué pasó con la promesa del Gobierno de asumir ese pago? ¿Cuánto se debe en total, considerando que en algunas regiones los usuarios ya saldaron su deuda?

E.P.: El Gobierno nacional presentó la propuesta en la ley de financiamiento que no fue aprobada en la Rama Legislativa. La deuda que nos heredó el anterior Gobierno era cercana a los 5,5 billones de pesos.

El esfuerzo tarifario realizado por los colombianos ha hecho reducir esta deuda a 2,9 billones, que, en su mayoría, está concentrada en los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de la costa Caribe.

Confiamos en que el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias y apruebe medidas que ayuden a cerca del 80 por ciento de los colombianos, que son los más necesitados.

Adicionalmente, las estimaciones que hemos realizado en el ministerio sobre los efectos de esta medida plantean reducciones tarifarias, dado que la deuda puede ser diferida a periodos de hasta 15 años, mientras que algunas comercializadoras del país optaron por recuperar la deuda en periodos de un año. De esta manera, consideramos que la medida, lejos de afectar a los usuarios con mayor capacidad de pago, pudiera beneficiar a todo el sistema eléctrico nacional.

El pago de la opción tarifaria es una oportunidad para que todos los estamentos, el país político y la nación entera den un paso más hacia la solidaridad.