Malabares del Gobierno para cumplir su promesa de bajar las tarifas de energía y que hasta ahora no ha podido honrar

“Vivo solo con un gato en un apartamento de estrato 5 en Cartagena. Utilizo el aire acondicionado un par de horas en la noche y pago 500.000 pesos mensuales”, dice un habitante de la Heroica, ciudad donde se realizó el Congreso de Andesco, que reunió a los representantes de las empresas de servicios públicos, quienes abordaron temáticas alrededor de las tarifas, principalmente la de la energía.

Con los cambios que ha venido introduciendo la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para tratar de que finalmente el alivio llegue a los hogares en las facturas de servicios públicos, el usuario mencionado tiene la expectativa de que se le reduzca el costo en al menos 100.000 pesos.

Cayó el régimen especial del Caribe, pero nada

Eso sí, admite que aún tiene dudas, pues recuerda que, desde hace tres años, el Gobierno ha venido hablando de reducir los costos para los usuarios, especialmente en la región Caribe.

Sin embargo, en esta zona, el monto de pago aumentó tras la llegada de nuevas empresas de distribución, como Air-e y Afinia, que aplicaban cobros adicionales al consumo real. Esto se justificaba bajo un régimen especial establecido para el Caribe, que fue recientemente eliminado por la Creg.

Unos pagarán deudas ajenas

Otros asistentes al Congreso de Andesco, entretanto, celebraron la búsqueda de alternativas, aunque se mostraron en desacuerdo con que se hagan a costa de los usuarios, como lo propone el Ministerio de Minas.

Esta cartera destapó un proyecto de ley de tarifas en el que incluye propuestas que de inmediato desataron un torrente de críticas, pues buscan que el pago de la opción tarifaria esté a cargo de los estratos 4, 5 y 6. No solo hay escepticismo frente a esa idea, sino que advierten que en los actuales momentos no habría ambiente en el Congreso para tramitar una iniciativa de ese estilo.

Es más, esa coyuntura revivió los reclamos por el incumplimiento de la promesa hecha por el Gobierno de Gustavo Petro el año pasado durante un evento público en Barranquilla, en donde aseguró que la deuda de opción tarifaria la cubriría con plata pública.

En ese mismo escenario, también se fue contra las empresas y manifestó que las tarifas de energía que les estaban cobrando a las familias eran ilegales, porque la fórmula que se aplica para fijarlas, aunque la apruebe la Creg, “en realidad viene de las generadoras privadas”.

Para finales de 2023, la opción tarifaria demandaba 5 billones de pesos y en ese entonces el mensaje indicaba que solo se pagaría lo correspondiente a los estratos 1, 2 y 3.

Muchos han pagado

Nada de eso se ha cumplido, mientras que al menos el 30 por ciento de los usuarios ya ha cubierto su propia deuda, que, vale la pena recordar, la adquirieron en pandemia, cuando se acogieron a una estrategia que les permitía dejar de pagar la factura para usar ese dinero en suplir necesidades que planteó la crisis sanitaria.

Así, quedan pendientes 2,9 billones de pesos, de los cuales 2,5 billones los deben los estratos 1, 2 y 3.

Por ello, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, el gremio de distribuidores de energía eléctrica, dice que al menos el 70 por ciento de los que ya han amortizado la opción tarifaria terminarían aportando el doble, pues cumplieron su obligación y ahora tienen que asumir la de otros. Eso sería inconveniente, en especial si hay otras salidas, como la de usar las regalías o hacer que la Creg tome las decisiones oportunamente, dado que esa es la instancia indicada.

Si la Creg hubiera actuado a tiempo...

De hecho, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, señala que entre más se demore la Creg en hacer su tarea, más tiempo permanecerán las tarifas altas. “Las tarifas deben ser revisadas cada cinco años. Si la Creg hubiera regulado antes, habríamos tenido precios eficientes desde hace rato”. Por eso, varios expertos coinciden en que no se necesita una ley de tarifas, sino una Creg actuando.

Inclusive, la ley podría resultar contraproducente, pues siempre habrá espacio para mejorar tarifas, y una norma legislativa impondría una camisa de fuerza.

Subsidios

El proyecto también baraja la posibilidad de reformar los subsidios, que para las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía implican una compleja situación financiera, porque dejan de cobrar la totalidad de la factura a la espera de que la nación les gire. Pero los retrasos en los pagos han puesto en aprietos a varias compañías, lo que condujo a temer por lo que se llamó “un apagón financiero”.

El Ministerio de Minas argumenta que los subsidios están mal focalizados. Benefician a los estratos 1, 2 y 3, pero esa clasificación provoca distorsiones, pues no siempre quien está en esa parte de la pirámide socioeconómica tiene poca capacidad de pago.

Los recursos para aplicar los subsidios –60 por ciento del valor de la factura en el estrato 1, 50 por ciento en el 2 y 15 por ciento en el 3– salen de una sobretasa del 20 por ciento en los recibos de los estratos altos y de los usuarios comerciales e industriales. Pero la mayor parte la aporta el Estado a través del presupuesto general, que ahora está deficitario, de manera que en la propuesta de ley se busca lograr que los usuarios de mayores ingresos sean solidarios con quienes lo necesitan.

Se pagó el 2024, pero no hay plata para 2025

Recientemente, fue anunciado el pago de una parte de esta deuda, pero, según afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco, era solo lo correspondiente a las obligaciones atrasadas desde 2024. “Estamos en junio y cada mes que pasa son 300.000 millones de pesos nuevos en deuda de subsidios de energía. En el caso del gas serían 100.000 millones nuevos. Es decir, en cinco meses la sumatoria daría 2 billones, que no están en el presupuesto nacional actual, porque se gastó la plata de 2025 en pagar lo de 2024. Para octubre o noviembre estaríamos de nuevo al borde de ese apagón financiero, del que no le gusta oír al ministro Palma y que nosotros como empresarios no queremos que se produzca”.

No obstante, el apagón financiero ronda y lo grave es que podría convertirse en apagón del servicio, lo que llevaría a un racionamiento que, de producirse, arrastraría el crecimiento de la economía y el empleo. Cálculos presentados por el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, indican que un apagón generaría una disminución del PIB entre 0,1 y 1,7 por ciento a partir de 2027, mientras el desempleo pasaría del 9,1 por ciento registrado en abril a 10,1 por ciento.

Debido a estas preocupaciones, y considerando que la instrucción al ministro de Minas, Edwin Palma, parece ser reducir las tarifas a toda costa, esa cartera confirmó que se está evaluando la posibilidad de eliminar el cargo por confiabilidad. Este concepto, incluido en la fórmula tarifaria, representa un pago que los usuarios realizan a unas 50 empresas generadoras de electricidad, incluidas hidroeléctricas, termoeléctricas y plantas de energías renovables, por garantizar la confiabilidad energética en el país.

De materializarse esa medida, según estimativos de la cartera que lidera Palma, el costo de las facturas de energía a los usuarios se reducirá entre el 5 y el 8 por ciento. Además de las tarifas, los subsidios y los retrasos en el pago de las deudas por parte de la nación, la energía enfrenta múltiples desafíos. Según los actores de la cadena, la crisis no se ha superado y garantizar la seguridad en el suministro en los próximos años aún parece una meta lejana.

Aunque la Creg modificó el régimen tarifario para la región Caribe, con lo cual la expectativa que tienen los habitantes de la zona es que se reduzcan 54 pesos por kilovatio hora en el recibo, todo está por verse. Habría que esperar hasta el segundo semestre para verificar si los resultados llegan.