Duro golpe a buses intermunicipales que muchos usan para viajar tras anuncio de aumento del diésel

Hace algunos días, el Gobierno Nacional anunció, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, un nuevo aumento en el precio del diésel, que se vería en las próximas semanas. La modificación fue presentada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Entre las medidas anunciadas, además de la del diésel, se anunció también la suspensión por 3 años de la regla fiscal y una nueva reforma tributaria. Las medidas buscarían mejorar las finanzas públicas y la estabilidad de las mismas de cara al cierre del periodo presidencial.

En los próximos días se espera que se emita el decreto que regulará esta medida, aunque esta vez solo se incluirá el parque automotor del país y se excluirán a los vehículos de carga.

Tras la decisión, hubo varias entidades y gremios que se pronunciaron al respecto. Entre ellas se encontró la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), que rechazó enfáticamente el anuncio de la cartera.

“Esta medida, improvisada y sin concertación, pone en riesgo la movilidad de millones de colombianos y amenaza gravemente al turismo, uno de los sectores clave para la economía nacional”, comentó el gremio.

Adicional a ello, aseguraron que un incremento en el diésel significa un aumento inmediato en los costos operativos del transporte intermunicipal que, a su vez, se traducirá en tarifas más altas, menor conectividad y una caída en la llegada de turistas a cientos de destinos.

También detallaron que el impacto lo vivirán campesinos, estudiantes, comunidades indígenas y en general la población de regiones apartadas que dependen de este transporte de carretera para su desarrollo.

“Nuestros vehículos no son particulares: son servicio público, regulado, continuo y esencial, que llega a zonas donde no existen otras alternativas de transporte. No pueden ser medidos con el mismo rasero fiscal”, comentó el gremio.

Finalmente, también elevaron una exigencia al Gobierno para el desarrollo de una política diferenciada que garantice la viabilidad económica del sector, evitando que los sobrecostos se trasladen al usuario final o afecten la continuidad del servicio.

“Solicitamos la instalación urgente de una mesa técnica con la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y Transporte para construir soluciones responsables que eviten el colapso del sector y protejan el turismo, el empleo, la estabilidad económica de más de 35 mil familias que dependen del sector y la movilidad del país”, indicaron.