Contraloría hace nueva alerta por infraestructura vial en Colombia: atrasos en proyectos de acueductos y vías terciarias

La Contraloría General de la República elevó esta semana una nueva alerta por la grave situación que se estaría presentando en proyectos de infraestructura. En un comunicado, la entidad aseguró que, luego de un estudio de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), se evidenció un preocupante estado de las obras de infraestructura en el país.

Entre las preocupaciones está el desarrollo de sectores básicos para el país como agua potable, saneamiento básico y transporte, tanto de las vías concesionadas a cargo de la ANI como de las vías a cargo del Invías

En su comunicado, la Contraloría asegura que desde abril del 2020, la Diari ha desarrollado y operado modelos de monitoreo especializados para identificar riesgos y anomalías. Con esta herramienta, pudieron identificar 1.647 alertas, que comprometerían recursos por 71,8 billones de pesos, de los cuales 6,2 billones corresponden a 287 alertas emitidas en 2024.

“Entre los proyectos más afectados destacan infraestructura vial (19,81 %), vivienda (17,73 %), centros educativos (17,67 %) y el sector acueductos y alcantarillados (13,50 %). Las principales inconsistencias están relacionadas con: avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo contractual y diferencias marcadas entre los avances físicos y financieros de los contratos”, indica el comunicado.

Dichas alertas reflejan fallas en planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos, que deriva en que algunas de las obras están demoradas e inconclusas.

“El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos, tiene una inversión estimada de $ 8 billones. A octubre 15 de 2024, se han suscrito 2.157 convenios solidarios y contratos, de los cuales se han terminado obras en 728 de ellos; están en ejecución 285 convenios solidarios; están suspendidos 20 convenios y están firmados sin iniciar ejecución 1.124 convenios y contratos, todo esto con una inversión total de $ 524.778 millones”, demostró la Contraloría.

Entre las falencias que detectaron en este proyecto está el avance físico, que está muy por debajo del cronograma establecido, además del incremento en los plazos de ejecución, que a esta fecha oscilan entre 7 y 12 meses y que fueron originalmente planificados entre 1 a 3 meses. Adicional se encuentran dificultades en la supervisión e interventoría, debido a montos insuficientes en los convenios.

“Los departamentos de Boyacá (con 4), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas”, comentan.

Además de ello, adicionan que estas situaciones afectan las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras; además, retrasan la debida conectividad en zonas rurales donde se ubican e incrementan los costos de las obras, en muchos casos disminuyendo su alcance.

“Producto de esta situación, la Contraloría delegada para el sector de Infraestructura ha incluido en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de 2025, una Auditoría de Cumplimiento al Invías por este Programa, para las vigencias 2023 y 2024″, indica.

¿Qué pasa con los acueductos?

De acuerdo con el informe, hay una inversión acumulada de $10.9 billones en proyectos de agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, el 64% de estas obras han requerido reformulaciones debido a fallas en los estudios iniciales.

Dicha situación ha producido incrementos promedio del 28 % en costos totales, además de tiempos de finalización extendidos entre 2 y 5 años. Además de proyectos incompletos o inoperativos, como los acueductos de Acandí y Río Quito, detenidos desde 2018.

El análisis revela que el 68 % de estos proyectos son financiados a través de los Planes Departamentales de Agua, cuya normatividad requiere ajustes para prevenir inconsistencias y garantizar la funcionalidad de las obras.

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