Camacol toca la puerta en la Procuraduría para pedir poner lupa en el Ministerio de Ambiente

Intervención urgente de la Procuraduría. Esa fue la petición que hizo Camacol para que la entidad del Ministerio Público ponga el ojo en la resolución que avanza en el Ministerio de Ambiente y que, según el gremio de las constructoras, bloquearía de tajo el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca.

Se trata de un proyecto de norma que busca el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y, de acuerdo con los cálculos de Camacol, dejaría en el limbo 360.000 unidades de vivienda, 65 % de las cuales son de interés social, lo que equipararon con seis años de oferta de vivienda nueva en la Sabana de Bogotá.

Todo porque la propuesta de resolución contiene determinantes ambientales que afectan 60 planes parciales y bloquea 2.983 hectáreas de suelo para la construcción de vivienda.

Vigilancia al proceso

Camacol le pidió de manera expresa a la Procuraduría que haga vigilancia al proceso de expedición de la resolución. Considera que las decisiones que impacten el ordenamiento territorial deben basarse en los principios de la Constitución y la ley.

En esta ocasión, no ha habido participación de todos los actores involucrados, ni mucho menos análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio, insiste Camacol.

“La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible", dice Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

A la petición se suma el Consejo Gremial

A juicio de Camacol, “la resolución ha sido un proceso unilateral del Gobierno que no ha cumplido con los requerimientos legales. No hubo participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales".

A la petición de Camacol le siguió la del Consejo Gremial, gremio de gremios, que también hizo un pronunciamiento en el mismo sentido: “En nuestra evaluación del proyecto de resolución hemos identificado varios factores críticos que generan incertidumbre y podrían afectar significativamente el desarrollo de la Sabana de Bogotá. El proyecto de Resolución genera incertidumbre jurídica al establecer determinantes de aplicación inmediata sin respetar la normatividad vigente, lo que afecta la autonomía de los municipios en sus planes de ordenamiento territorial", manifestaron.

Alcalde Galán, despachado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se mostró visiblemente molesto con el destape del proyecto de resolución y señaló que no ha habido ningún respeto por la autonomía territorial. “La resolución es una imposición”, alrededor de lo cual manifestó que la ley y la Constitución no son opcionales y se está pasando por encima de ellas. “Representa un nuevo ataque del Gobierno nacional a la autonomía local“.

De esa manera, Galán pidió el retiro del proyecto de resolución, para que se proceda a elaborar una norma de manera concertada, como lo indican las normas legislativas y constitucionales.