Año preelectoral, con festín de contratos y aumento de la contratación directa o ‘a dedo’. Lo que dicen las cifras

Los contratos ‘a dedo’ o de adjudicación directa suelen resurgir en los años preelectorales, como 2025, y su uso ya se ha intensificado ante la inminente entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

A partir del 8 de noviembre, con motivo de las elecciones parlamentarias, se restringirán los convenios interadministrativos, y desde el 31 de enero de 2026, de cara a los comicios presidenciales, se limitará también la contratación directa.

En las estadísticas de Colombia Compra Eficiente, se revela que en 2025, en comparación con 2021, el anterior año electoral, los contratos directos, sin que se hicieran ofertas para que otros interesados participaran, pasaron de 366.929 a 632.670. Esto equivale a un crecimiento de 72 por ciento, consolidándose como el mecanismo preferido de contratación.

Según dicha entidad, que en la actualidad dirige Cristóbal Padilla, aunque el uso de la modalidad directa puede implicar más agilidad, “también supone un mayor riesgo en términos de competencia y transparencia”. Y no se trata de pocos recursos. En la plataforma Secop, donde se debe registrar toda la actividad contractual, aparecen variantes de la contratación directa dependiendo de si se hizo con ofertas o bajo los parámetros de la Ley 1150 de 2007, que introdujo modificaciones a la habitual Ley 80 de 1993. La sumatoria implica un valor superior a 49 billones de pesos en lo que va de este año.

La modalidad de contratación directa con ofertas, que aparentemente podría verse como más participativa, en 2021 registró un número de 3.589 contratos y en 2025 pasó a 5.557, un crecimiento del 55 por ciento. “Aunque crece, sigue siendo un bajo porcentaje”, señaló la agencia.

En cuanto a los convenios interadministrativos, que durante la vigencia de la restricción se pueden suscribir entre dos o más entidades, pero sin que involucren recursos (convenios gratuitos), son aplicables a las entidades territoriales y han tenido un crecimiento de 55 por ciento en número; en montos, pasaron de 1,8 a 2,5 billones de pesos.

Se creo para frenar el riesgo de corrupción en elecciones

Con la Ley de Garantías se ha buscado ponerle talanquera al riesgo de corrupción con el uso de los recursos públicos, de manera que no puedan ser utilizados con fines electoreros a favor de los candidatos cercanos al gobernante de turno. Por este motivo, lo que más se ha tratado de controlar es el abuso del contrato de prestación de servicios para vincular personal, pues termina generando nóminas paralelas para pagar favores políticos. “En 2005, cuando se creó la Ley de Garantías, los prestadores de servicios no llegaban ni a 100.000. En los últimos años, hay alrededor de 500.000”, manifestó Edwin Cortés, de la firma de abogados Holland & Knight.

Así, con el inicio de la Ley de Garantías también entran en incertidumbre al menos 200.000 contratistas estatales, que podrían ver interrumpida la renovación de sus contratos porque finalizan en plena temporada restrictiva.

De ahí que la controversia en torno a la funcionalidad de la Ley de Garantías se avive cada vez que se acercan las elecciones. Algunas voces opinan que, si por un lado se cierran puertas al mal uso de los recursos públicos, por otro se abren atajos.

Temas de seguridad y de margen de maniobra ante cualquier eventualidad que ponga en peligro la vida de las personas no se pueden paralizar. Por tanto, sectores como defensa y seguridad, crédito público, emergencias educativas o sanitarias, desastres naturales, reconstrucciones de infraestructura (vías y puentes), infraestructura energética y comunicaciones pueden hacer contratación directa en la temporada restrictiva.

Alta controversia

Lo cierto es que la carrera por contratar antes de las restricciones preelectorales comienza con anticipación, ya que la medida estará vigente durante cuatro meses en cada etapa previa a las votaciones. Esto significa que, con las dos fechas electorales que se aproximan, no podrían celebrarse contratos bajo esas modalidades hasta junio de 2026, después de una eventual segunda vuelta presidencial.

Para algunos, la medida provoca una parálisis estatal, pues limita la ejecución del presupuesto y retrasa programas que benefician a la ciudadanía. Quienes apoyan la restricción insisten en que funciona si se planifica con anticipación. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro advirtió en el consejo de ministros del 15 de agosto lo que se avecinaba. “Todo lo que este Gobierno haga, que tenga que ver con toma de decisiones, termina en noviembre, tal cual indica la Ley de Garantías. No hagan cálculos a agosto del año entrante, ni siquiera a 31 de diciembre. Las cifras las necesitamos redondas y contundentes antes del 8 de noviembre, en hechos”, le dijo a su equipo.

Otros sostienen que la Ley de Garantías evita que se raspe la olla de los recursos públicos con fines proselitistas. Aunque se permiten modalidades como licitaciones públicas, selección abreviada y mínima cuantía, la contratación directa sigue siendo la más apetecida y la que más facilita el festín de contratos. Padilla precisó que la idea es “asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”.

También, el abogado Cortés opinó que la Ley 996 de 2005, que entrará a regir ahora, “tenía buena intención, no quería paralizar el Estado, sino proteger los dineros públicos. Nació con buena fe, pero se usa con mala fe”.

Mala relación con regiones

Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios, dijo que la Ley de Garantías es una restricción absurda y que por ello todos los Gobiernos han propuesto su supresión. “No se necesita. Lo que le dio origen ya desapareció. Lo que hace es frenar innecesariamente el desarrollo, sobre todo de los Gobiernos municipales, porque se limita de una manera drástica el apoyo que tiene que haber y la armonía requerida entre el Gobierno nacional, el municipal y el departamental”.

El directivo gremial puso de presente la mala relación que ha existido entre el nivel central y el regional, y alegó que “la queja de la mayoría de los alcaldes es que no ha habido el apoyo que se necesita del Gobierno nacional con los recursos que se requieren para cofinanciar las obras y planes locales de desarrollo”.

De hecho, la figura de las llamadas alianzas público-populares (APPo), que el Gobierno decretó para incentivar la economía popular y permitir contratar con cooperativas, asociaciones y similares, a juicio de Toro, “ha hecho más difícil la gobernabilidad local, porque se ha pretendido desinstitucionalizar el país, desconocer los Gobiernos locales, su legitimidad, su representatividad”.

Hay que recordar que esas APPo les permiten a las entidades estatales contratar con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro, dentro de la idea de descentralización que tiene la actual administración. Esto implica salir del círculo de grandes oferentes de los servicios que demanda el Estado. Ocurrió con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para el que se habilitó la opción de que pueda ser operado por asociaciones de padres de familia o Juntas de Acción Comunal, principalmente en zonas rurales dispersas.

Convenios solidarios, herramienta recurrente

También están los convenios solidarios, que, si bien existen desde 2012, se han convertido en una herramienta recurrente, hasta el punto de que estarían reemplazando a los contratistas tradicionales, que eventualmente tienen mayor experticia y capacidad de cumplir con las obras. “No se está acudiendo al mercado, sino a esos convenios solidarios que contratan hasta la menor cuantía, para realizar contratación directa con comunidades. Lo grave es que a veces se inventan tramos de vías que no corresponden a una división técnica, sino para que la cuantía les alcance para hacerlo en forma directa. Eso muchas veces se puede prestar para hacer politiquería o para direccionar recursos de forma inadecuada”, aseguró una fuente experta.

Con los contratos antes de las elecciones, lo político y lo económico se ponen en jaque mutuamente. Las alertas quedan encendidas para que después de los comicios no vengan los ayayay.