Aceptan demanda tras demoras en exoneración del 4x1.000 en bancos: perjuicios por más de 9 billones

En la mañana del 28 de agosto de 2025, SEMANA conoció que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo que se fundamenta en el posible incumplimiento de la Ley 2277 de 2022, la cual ordenó a los bancos implementar, antes del 13 de diciembre de 2024, un sistema para la exoneración automática del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000) en todas las cuentas con movimientos mensuales inferiores a 350 UVT.

En conversación con el abogado Óscar Aldana, SEMANA conoció en exclusiva detalles del proceso y de la posible afectación a los ciudadanos del país por la no implementación del sistema de exoneración.

“Resulta que el 14 de diciembre del año pasado se les venció el plazo a las entidades financieras para que se pusieran de acuerdo y crearan un sistema unificado de información que pudiese determinar si las personas naturales habían ingresado más de 350 UVT mensualizados, para dejar de cobrarles el 4 por mil”, afirma Óscar Aldana.

Por otra parte, Aldana señala que casi 30 millones de personas tienen cuentas de ahorro y que, prácticamente, el 90 % no supera el margen de las 350 UVT. Sin embargo, las entidades bancarias continúan cobrando un impuesto que, según la ley expedida, no deberían estar pagando actualmente.

“Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las entidades tuvieron dos años para poder organizarse y crear ese sistema informativo, y no lo realizaron. Por lo tanto, si tú haces una transacción ahora y no estás en una cuenta exenta del 4 por mil —por ejemplo, si tienes dos cuentas bancarias y no superas ingresos de 350 UVT, que son casi 17 millones de pesos mensuales—igual te siguen cobrando el 4 por mil”, destaca Aldana.

Sanciones a las entidades bancarias

Frente al posible incumplimiento de las entidades bancarias, el grupo que presentó la acción solicitó a la Superintendencia Financiera claridad sobre las sanciones a las cuales se enfrentarían los bancos del país, si se determina que no han adoptado las directrices señaladas en la Ley 2277 de 2022.

“Nosotros hicimos un derecho de petición a la Superfinanciera para que nos indicara si efectivamente las entidades bancarias habían realizado alguna gestión. Ellos no han hecho nada y están sujetas a sanciones disciplinarias y económicas que se puedan generar”, concluyó el abogado Óscar Aldana.

Por medio de la iniciativa se busca que las personas se les devuelva el dinero que se les cobró y que debía ser respetado por las entidades bancarias.