Paro nacional: 80.000 obreros del Valle del Cauca podrían perder su trabajo ¿por qué?

La situación actual de orden público en el Valle del Cauca ha generado una fuerte afectación social y económica a los trabajadores de diferentes sectores productivos.

Los bloqueos, protestas y marchas han impedido que miles de caleños se desplacen a sus sitios de trabajo.

Representantes de Camacol y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtieron este viernes que uno de los grupos más afectados, han sido los obreros de construcción, quienes en su mayoría tienen contrato por obra-labor, es decir, que sus ingresos dependen de la realización de una labor determinada y ante la imposibilidad de trabajar no tienen manera de llevar sustento a sus hogares.

Se calcula que de los 90 mil empleos que, según el Dane, genera el sector constructor en Cali, el 89% son trabajadores de obra, de los cuales dependen económicamente más de 360 mil personas, lo que recrudece más aún la situación, no solo para los trabajadores, sino también para sus familias.

A los problemas de movilidad que enfrentan los trabajadores para llegar a las obras, se suma el desabastecimiento de insumos y materiales de construcción por cuenta de los bloqueos en diferentes puntos de acceso a la ciudad, lo que ha generado que el 96% de las obras de construcción en Cali y los municipios vecinos, hoy estén suspendidas.

Puntos de vista

Sandra Patricia Quiñonez, de 32 años, se desempeña haciendo resanes en obras de construcción, es madre de una niña de 5 años y manifiesta la apremiante necesidad de continuar trabajando para mantener su hogar.

“Me he sentido muy afectada en términos económicos por esta situación. Me toca caminar casi 1 hora y pagar casi 15 mil pesos diarios en transporte para llegar a mi sitio de trabajo. Cuando por fin logro llegar, no puedo trabajar la jornada completa porque no llegan los insumos o porque tenemos que salir temprano por el temor que cierren las vías”, dijo.

Otro caso es el de Jhon Martínez, un trabajador de construcción de 39 años que ha padecido las dificultades de los bloqueos en carne propia.

“Vivo a dos cuadras del sector ahora llamado Puerto Resistencia, todas las calles están bloqueadas y se convive a diario con personas que controlan el paso de carros y motos, es una situación muy difícil ya que nos sentimos casi secuestrados. Salir a trabajar ha sido bastante difícil. Salir en mi propio vehículo es prácticamente imposible y si es en servicio público definitivamente no pasa ninguno.

En ocasiones toca caminar tramos bastante largos para poder conseguir un medio de transporte. Es una tensión muy grande, salir y ver como se está viendo afectada tanta gente y se ponen en riesgo los empleos”.

A la problemática de Sandra Patricia y Jhon, se suman otras 30 mil personas que dependen de la cadena de distribución y suministros, como lo son ferreterías y distribuidoras de materiales que están desabastecidas. Así mismo se han visto afectados 25.000 empleos del sector de la infraestructura en la región.

Camacol y la CCI indican que el 74% de las plantas de producción que proveen materiales e insumos tanto para las obras como para las ferreterías, no están operando y el 14% lo está haciendo al menos del 50% de su capacidad.

Por su parte, el 60% de las empresas del sector de infraestructura de la región están operando a menos del 20% de su actividad o tienen detenida totalmente su operación.

El cierre de una planta de producción, trae graves implicaciones, no solo por causa del desempleo, sino también porque una vez cerrada puede tardarse hasta 15 días en reactivarse por cuenta de los procesos, encendidos y puesta en marcha de la maquinaria. Crisis social.

Ante este panorama y teniendo en cuenta que el 84% de los obreros viven en situación de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2 y que el 89% no cuenta con una fuente de ingresos diferente a la de su trabajo en obras, los dos gremios advirtieron que la ciudad “podría enfrentarse a una agudización de la crisis social que en el corto plazo podría dejar sin empleo a más de 80 mil trabajadores de obras”.

Los hogares compradores de vivienda podrán verse afectados también con retrasos en la construcción y entrega de sus viviendas.

Para 2021 estaba proyectado iniciar la construcción de 30 mil viviendas, de las cuales, 6.862 se iniciarían entre enero y abril.

Nidia Pérez, de 55 años compró una vivienda en 2019 que estaba prevista para entrega a mediados de este año. “Con todo lo que está pasando, estoy viendo con mucha incertidumbre el sueño de mi familia de recibir nuestra vivienda este año.

Nuestro temor es que también podemos perder el subsidio de vivienda y el crédito que ya el banco nos había pre aprobado. Esperamos que se resuelva pronto toda esta situación” manifestó.