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Movistar responde a la SIC luego de recibir millonaria multa por irregularidades en procesos de portabilidad

La empresa aseguró que buscará una apelación en el proceso.

Redacción Economía
17 de septiembre de 2024
Movistar se pronunció tras imposición de sanción de la SIC. | Foto: Dinero.com

Hace algunas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la imposición de una fuerte sanción contra la reconocida empresa de telefonía Movistar, luego de que el organismo evidenciara una serie de irregularidades en los procesos de portabilidad, con los que los clientes realizan el cambio de operador.

De acuerdo con la investigación adelantada por la SuperIndustria se evidenció que, en uno de los casos estudiados, el operador activó una línea móvil que era objeto de portación, sin que se hubiera efectuado la entrega de la SIM al usuario correspondiente. Por esa razón, la empresa deberá asumir una multa de 718.229.188 millones de pesos, que corresponden a unos 740 salarios mínimos.

Igualmente, en el documento la SIC precisa que el operador habría incurrido en múltiples irregularidades, luego de desconocer los derechos de información y elección de los usuarios.

| Foto: Cristina Arias / Getty Images

“Esas conductas resultaron en la infracción de disposiciones relativas a la portación, el derecho de los usuarios de elegir y cambiar libremente el proveedor y a recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos”, afirmó la SIC en su comunicado.

Movistar respondió tras anuncio de multa de la SIC

Horas después de que el organismo anunciara la imposición de la sanción, la empresa Telefónica, responsable de la marca Movistar, se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguró que fue notificada por la Superintendencia de la sanción, que está relacionada con dos errores en el proceso de portación y entrega de información de dos usuarios de la marca.

“La compañía respeta la decisión adoptada por el organismo de control y vigilancia. Sin embargo, prepara los recursos de reposición y apelación a los que tiene derecho para defender la transparencia de sus actuaciones”, dijo la empresa en su declaración pública. Es decir, aunque la empresa recibió la sanción, esta realizará un proceso de apelación de la misma.

También es importante aclarar que al elegir el proceso de apelación, la empresa tendrá que presentar dicho recurso ante la superintendente delegada para la protección del consumidor.

El fuego podría amenazar las antenas de telecomunicaciones.
El fuego podría amenazar las antenas de telecomunicaciones. | Foto: Getty Images

Es preciso recordar que no es la primera investigación de la SIC contra Telefónica durante este 2024, pues en el mes de agosto, la empresa fue informada sobre otra indagación, en la que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó visitas de inspección administrativa a los operadores de servicios de comunicaciones en la ciudad de Inírida (Guainía). Tras estas diligencias, evidenció que estos al parecer no estarían garantizando la atención física de sus clientes.

Este incumplimiento implicaría una vulneración al derecho de información de los usuarios, “ya que probablemente no suministraron información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, a través de los distintos medios de atención, sobre la existencia y/o ubicación de estas oficinas”, sostiene un comunicado de la Superintendencia.

Como resultado, inició investigaciones administrativas en contra de Movistar, Tigo y Wom. Adicionalmente, en el caso de Tigo, se advirtió que no contaría con las medidas adecuadas para atender de forma prioritaria a los usuarios en situación de vulnerabilidad.

De llegar a comprobarse las conductas por las que los tres operadores son investigados, la SIC podrá imponerles multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales a cada uno de los investigados. Así mismo, el organismo de control informó que contra las resoluciones de apertura de investigación no procede recurso alguno por ser un acto de trámite; sin embargo, a partir de su notificación los investigados cuentan con el término legal de 15 días para ejercer el derecho de contradicción y defensa.

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