Minería en Colombia: empresarios reclaman estabilidad jurídica en medio de impuestos, trabas y violencia

La minería es un sector que puede energizar la economía y es mucho más que carbón y oro, dos de los minerales que con frecuencia son satanizados en Colombia, porque el Gobierno los asume como ‘venenos’ para el aire y el agua. Esta actividad tiene bajo su sombrilla una variedad de minerales que se necesitan para muchas de las necesidades humanas: la producción del campo, la seguridad en el suministro de los alimentos y la medicina, entre otras. Así lo afirmó Lina Franco, directora de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quien habló del amplio potencial que hay en un país en el que solo el 2,5 por ciento del territorio está ocupado por la minería legal.

La ilegalidad pulula, lo que se vuelve un contrasentido, pues su impacto no es solo económico, sino social, ya que se debe a la pobreza, a los problemas de orden público y al control de algunos territorios por parte de grupos ilegales que se ven atraídos por el alto precio de minerales como el oro, el cual genera mayores rendimientos que el lavado de dinero (compran oro para limpiar el dinero ilícito y luego venden el mineral a buen precio).

La falta de estabilidad jurídica desestimula la inversión formal. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que reunió a los empresarios del sector en su congreso, estima que la inversión en exploración en Colombia tuvo una reducción del 37 por ciento en 2024, lo que implicó una merma de 63 millones de dólares. De ahí que la petición para los próximos gobernantes del país la enfocan en la estabilidad jurídica para el sector.

El debate no se limita a la actividad empresarial. Entre los actores de la industria minera existe consenso en que la reducción de la pobreza exige crecimiento económico y que permitir el desarrollo del sector puede ser parte de la solución. Los productores de minerales sostienen que el Estado capta más de la mitad de las utilidades de cada proyecto, y recuerdan que, en general, de la industria extractiva —poco respaldada por el Gobierno— depende buena parte de los ingresos públicos.

Pero las cosas no son fáciles para esta industria en el país. Muchas empresas mineras tienen títulos en zonas donde ni siquiera pueden entrar por los graves problemas de violencia y hostigamiento al sector privado, como lo contó Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, la compañía que opera una gran mina a cielo abierto, que se enfoca en la producción de ferroníquel. “En nuestras minas en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, municipios de Córdoba, no va a subir nunca el grado de níquel, va a ir bajando. Tenemos otras opciones: unos títulos en el sur del país, entre Cauca y Nariño, pero por temas de orden público no hay cómo entrar a explorarlos. También contamos con títulos mineros en Ituango y sucede lo mismo, no se puede entrar”.

Los volúmenes de producción se contrajeron y, si en 2014 eran de 40.000 toneladas al año, en 2025 van a ser de 33.000. La salida a la que está acudiendo Cerro Matoso, para que el negocio siga siendo sostenible, es importar, y lo harán desde Costa de Marfil, donde el nuevo dueño de la compañía, el conglomerado turco CoreX Holding, tiene minas. “El año pasado hicimos una prueba de importación mineral desde Guatemala, con 60.000 toneladas, lo que ayudó a impulsar la producción. La traída de níquel desde Costa de Marfil es un proyecto aún”, aseguró.

Cada subsector de la minería tiene sus realidades, pero la defensa del conjunto de problemas que los agobian la hace Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, que agrupa a 72 empresas de las más grandes.

El directivo se refirió al impacto que tiene en la bolsa pública el ensañamiento contra el sector minero, en especial contra el carbón, un mineral que, a diferencia del oro, ha sufrido por la caída de precios, con una disminución interanual del 23,4 por ciento frente a agosto de 2024.

Los productores de carbón son sorprendidos, de manera recurrente, con sobretasas, nuevos impuestos, anuncios de proyectos de ley, como el de Ecominerales, que, con el argumento de modernizar la minería, en el fondo buscaría crear una especie de empresa minera estatal, en línea con la política de estatización que promueve el Gobierno, reduciendo la participación del sector privado. A ello se le agrega el impacto del decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, que recientemente molestó al presidente Gustavo Petro, quien dijo en un consejo de ministros que no le estaban haciendo caso, pues seguía la venta al país que él considera genocida de niños. Es más, ese es un ejemplo de inestabilidad jurídica, pues las exportaciones de productos se hacen con contratos que no pueden ser suspendidos de la noche a la mañana.

En conjunto, las cifras de la ACM dan cuenta de que hay 74 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, con injerencia directa o indirecta en el sector, algunas relacionadas con temas ajenos a la actividad, como una sobre las zonas agrícolas que enfocarían el uso del suelo en la producción alimentos. Inclusive, el procurador general, Gregorio Eljach, durante el congreso minero, habló del caso del Cerrejón, donde se explota carbón a gran escala y lleva varios días bloqueado, por conflictos que tienen las comunidades, en los que la empresa privada nada tiene que ver. “Es un tema de asignación de tierras”, recordó el funcionario.

La consecuencia para el Estado, que, además, está ante una crisis fiscal, sin la suficiente liquidez para invertir en el desarrollo y bienestar ciudadano, se hace visible con los números. Si en 2022, sumando la renta minera sin petróleo y las regalías, la bolsa pública recibió 20,4 billones de pesos, en 2023 se pasó a 15,6 billones.

Y los efectos no son solo económicos. Según afirma Nariño, “el carbón es el segundo producto de exportación del país. Cuando los precios disminuyen, los factores de competitividad, es decir, qué tanto me cuesta, como país, producir el carbón, se vuelven muy críticos. Precisamente, hoy esa circunstancia es muy compleja”.

Las empresas no tienen margen de maniobra, pues según las explicaciones de Nariño, “los factores de competitividad no los dan las eficiencias en la industria, sino la nación. Por ello, Colombia debe rodear de factores de competitividad a los sectores de carbón. De lo contrario, se va a cumplir lo que ya se ha venido anunciado: la reducción de hasta un 50 por ciento de la producción del mineral. Eso tiene efectos reales en la gente, en el empleo, en la inversión social en los municipios mineros y en las regalías”.

La Agencia Nacional de Minería sigue hablando del potencial del país y hasta hay un largo listado de minerales con usos estratégicos, como hierro, cobre, aluminio, níquel y carbón metalúrgico, para mencionar solo unos cuantos. Según Lina Franco, “tenemos 10 por ciento del territorio con posibilidades para el cobre, mineral con el que hay un déficit del 33 por ciento. También hay una cifra similar para arenas silíceas, de crucial utilidad para la industria de la construcción”.

Pero los argumentos que hablan de potencial no suenan ya a música en los oídos de los protagonistas del sector minero. “Hay que dejar de hablar de potencial. Con eso no se hace mercado. Hay que explorar y desarrollar el negocio”, indica el presidente de Cerro Matoso, quien ve venir un nuevo golpe para la industria, de materializarse el decreto que por ahora está en borrador, el cual impondría una sobretasa del 20 por ciento a ciertos sectores de la industria, en la factura de la energía, componente que es el que más pesa en el costo de producción. “Es una locura. Nos sacaría del ring a muchas empresas que, como nosotros, ya consumimos la energía a precio de Montería-Córdoba. Sería un golpe duro”.

Pero la paliza mayor en el contexto de la minería, sin duda, recae sobre el carbón, que en medio de la declaratoria de conmoción interior por la crisis humanitaria en el Catatumbo, recibió un nuevo impuesto del 1 por ciento al momento de exportación o primera venta en el país, lo que les volvió más caro todo.

El contrasentido que ven los empresarios de la minería es que, mientras cargan al sector legal con tantas obligaciones, lo que a juicio de Juan Camilo Nariño “es irresponsable”, el Gobierno pone a crecer sus gastos. “Un Estado no puede pretender gastar mucho incrementando las contrataciones por prestación de servicio en casi 60 por ciento y aumentado el Presupuesto General desde 2022 hasta acá en 200 billones de pesos, y pretender que sea la gente la que pague por esas decisiones, cuando le está restando posibilidades al sector productivo y al minero en particular. Con ello, lo que hace es quitar oxígeno para emplear más personas”.

Por su parte, José Miguel Linares, presidente de Drummond en Colombia, compañía que tiene minas de explotación de carbón a cielo abierto en el Cesar, con un puerto marítimo para la exportación en Ciénaga (Magdalena), dice que, pese a la transición, en el mundo sigue existiendo demanda de carbón. Es más, según sus cifras, “2024 fue el año con más autoconsumo de carbón en la humanidad”, haciendo referencia al que se usa para la generación de energía, que sigue dando para cubrir el 30 por ciento de la demanda.

No se puede olvidar que el carbón, el mineral más rechazado, junto con el gas, fueron los que salvaron al país del apagón durante el fenómeno de El Niño, cuando la energía se obtuvo de las térmicas ante la escasez de agua para la generación en las hidroeléctricas.

El carbón seguramente tendrá que pasar la página, sin que ello implique que desaparezca del todo, pues la transición energética es una exigencia global para combatir el cambio climático. Pero el camino requiere una planeación estratégica. La viceministra de Minas, Sorrel Parisa, quien también participó en el congreso minero, confirmó que en las próximas semanas será radicado en el Legislativo el proyecto de ley minero, con el cual, aseguró, “la minería debe superar el extractivismo como monoactividad”.

Con todas esas dificultades a cuestas, lo que más piden los empresarios mineros es la estabilidad jurídica que les permita recuperar la confianza en que se puede invertir en Colombia sin que les cambien las reglas del juego cuando ya están embarcados en proyectos millonarios.

Hamyr González, presidente del consejo directivo de la ACM, dice que en vez de un enemigo, como se ha visto hasta ahora, “la minería responsable puede ser parte de la solución fiscal que el país necesita. No lo decimos con alarmismo, lo decimos con claridad: vamos a enfrentar una situación fiscal compleja y el país va a necesitar al sector privado para sostener su economía. Nosotros estamos listos para continuar apostando por Colombia y seguir siendo ese aliado confiable en la construcción de país”.

“El carbón en Colombia se quedará enterrado en el subsuelo”

Alberto Calderón, CEO de AngloGold Ashanti, considerado como una autoridad en minería, habló con SEMANA sobre la actualidad del sector.

SEMANA: La minería ha recibido una ola de ataques de la actual administración. ¿Qué opina de los mensajes del presidente Petro sobre parar proyectos que afecten el recurso hídrico?

Alberto Calderón: Estamos de acuerdo en que los proyectos mineros no pueden afectar negativamente el agua. Este tema está resuelto en los países desarrollados donde se estimula la minería, como Canadá y Australia. Es totalmente compatible hacer gran minería responsable en armonía con el medioambiente. Lo que sí destruye el medioambiente es la minería ilegal, que es la que ha crecido significativamente en estos años.

SEMANA: Colombia posee gran potencial minero, pero no atrae inversión. ¿Qué minerales ve con mayor oportunidad en el país?

A.C.: Veo potencial en cobre y en oro.

SEMANA: ¿Está el país listo para explotar otros minerales en la transición energética?

A.C.: No. Todo lo contrario. Estamos muy lejos de una preparación.

SEMANA: AngloGold ha sufrido trabas como licencias archivadas y regulaciones estrictas. ¿Cómo enfrenta la compañía estos desafíos?

A.C.: Es claro que el actual Gobierno no cree que el sector minero sea importante para el futuro del país.

SEMANA: Aprovechando su conocimiento del carbón, ¿qué perspectivas le ve a este mineral en el país?

A.C.: El carbón tiene los años contados y en Colombia se quedará una gran cantidad enterrada en el subsuelo.