En Colombia, la propiedad horizontal no solo implica convivencia, sino también responsabilidades compartidas sobre la infraestructura. En ese escenario, el seguro de bienes comunes se consolida como un mecanismo clave para proteger el patrimonio colectivo ante eventos inesperados.
De acuerdo con la Ley 675 de 2001, todas las copropiedades deben contar con una póliza que cubra, como mínimo, riesgos como incendio y terremoto.
Esta obligación cobra especial relevancia entre febrero y marzo, periodo en el que se realizan las asambleas de copropietarios y se revisa el estado de estas coberturas.
Según cifras del gremio asegurador Fasecolda, en el país hay más de 43.000 copropiedades aseguradas, con un valor respaldado que supera los $507 billones. La mayor parte corresponde a uso residencial, que concentra el 83 % de los inmuebles asegurados.
A nivel regional, la concentración es clara. Bogotá lidera con $141 billones asegurados (28 %) y más de 12.000 copropiedades, seguida por Medellín con $117 billones (19 %).
Cali y Barranquilla también figuran entre las principales ciudades, mientras que el resto del país agrupa el 39 % del valor asegurado.
El alcance de este seguro va más allá de las zonas visibles. Incluye elementos estructurales fundamentales como columnas, vigas, techos, fachadas, ascensores y redes internas, componentes esenciales para la estabilidad de las edificaciones.
También cubre áreas comunes como pasillos, escaleras, salones y sistemas de servicios públicos.
Aunque la ley establece coberturas mínimas, muchas copropiedades optan por ampliar su protección con riesgos adicionales como daños por agua, explosiones o responsabilidad civil, especialmente en complejos de mayor tamaño o con alta circulación de personas.
Sin embargo, el seguro no reemplaza el mantenimiento. Las pólizas están diseñadas para responder a eventos súbitos, no a deterioros progresivos por falta de gestión. Por eso, la adecuada administración de la infraestructura sigue siendo determinante para evitar riesgos mayores.
El seguro de bienes comunes se convierte en una herramienta clave para garantizar la estabilidad financiera de las copropiedades y la protección de miles de familias frente a eventualidades que pueden comprometer su patrimonio.