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Almacenes Flamingo, a responder ante la SIC tras vulneración a derechos de consumidores
El organismo registró varios hallazgos tras indagaciones.
Este 22 de agosto, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció el inicio de una investigación administrativa contra la compañía Almacenes Flamingo S.A., tras una presunta vulneración de los derechos de los consumidores.
De acuerdo con lo descrito por el organismo, la empresa habría realizado cobros de intereses superando el límite legal, además de incumplir el deber de información hacia los consumidores nacionales.
“La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó distintos requerimientos de información a Almacenes Flamingo, en relación con el servicio de ventas con financiación, la información suministrada a los consumidores en la etapa previa de la compra y los cobros efectuados”, indicó la SIC.
En el documento, aseguró que, tras revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana.
De otro lado, indicaron que Flamingo no habría entregado información mínima obligatoria en los contratos de crédito, puesto que al estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios, mediante sistemas de financiación celebrados en enero y noviembre de 2024. La Dirección de Investigaciones encontró que en estos contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de los consumidores, relacionada con la descripción detallada del bien adquirido; las tasas de interés, expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato.
La SIC precisa que esas actuaciones habrían generado que los consumidores pagaran más de lo debido y no contaran con elementos suficientes para tomar decisiones al momento de adquirir distintos bienes.
Además de ello, detallan que de comprobar las actuaciones descritas, la empresa podría enfrentar multas por hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del cierre del establecimiento de comercio hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer al público determinados productos, entre otras sanciones.
