Bruce Mac Master, presidente de la Andi, llama “peligrosa” la tributaria y advierte en SEMANA una “recesión”. Habla del “caramelo envenenado”

SEMANA: ¿Cómo está hoy la relación de los empresarios con el Gobierno?

Bruce Mac Master: Nosotros no tenemos que ser cercanos al sector público o al Gobierno nacional. Al final, en una sociedad, los estamentos no son amigos o enemigos entre ellos; cada uno cumple un papel y busca que ese papel sea reconocido y respetado.

Desde agosto de 2022, cinco días después de que el presidente Petro se posesionara, le dijimos que queríamos ser parte de las soluciones que estaba buscando: superación de pobreza, sostenibilidad y alternativas para los asuntos fiscales. “Las empresas somos sus aliados”, le expresamos.

En realidad, nos hemos encontrado con una posición que no ha sido fácil de llevar. Por eso hemos tenido que ser muy rigurosos en la relación institucional y en el papel que cumplimos.

Tengo la ilusión de que en esta segunda mitad del gobierno la relación sea mucho más funcional, más operativa, más razonable que en la primera, cuando hasta un ministro dijo que las relaciones estaban rotas con la Andi porque yo criticaba la reforma tributaria, lo que era absurdo.

SEMANA: ¿Ha temido que el Gobierno pida su salida como lo ha hecho con otros gremios?

B.M.: No he tenido temor porque he sido independiente. Nuestro papel va mucho más allá de cada gobierno. La Andi ha estado en el país por 80 años y seguramente estará por 80 más. Estamos convencidos de que solo en condiciones democráticas y transparentes las sociedades progresan.

SEMANA: ¿Cuál cree que es el liderazgo que se requiere para conducir un país?

B.M.: Una nación es un gran colectivo donde hay unos que producen, otros que enseñan, otros que cuidan a los viejos o a los niños. Ese colectivo tiene que funcionar bien. Por eso soy un profundamente enemigo de que los líderes sean disociadores y que generen peleas entre unos y otros. Cuando eso sucede, ahí acaba su liderazgo.

Quisiera ver gente cada vez más dedicada a tratar de que el colectivo funcione armónicamente, no para construir consensos, porque los unanimismos no existen. Cincuenta millones de personas pueden ser 50 millones de opiniones, pero eso no debe impedir el trabajo por objetivos comunes y, además, grandes.

A Colombia le falta soñar con cosas. Al menos con dos: el desarrollo económico pleno, entendido como esa economía capaz de ofrecerle muchos beneficios a la gente, y el desarrollo democrático pleno, que es esa sociedad capaz de ofrecer libertades a las personas.

SEMANA: ¿Es la corrupción la que pone el freno al desarrollo de Colombia?

B.M.: Colombia tiene en este momento un problema de corrupción desmesurada, al punto que ya vamos perdiendo la capacidad del asombro. Lo que frena al país son muchas cosas, pero sobre todo, no hemos tomado la decisión de pensar en grande. Todo lo que hablamos es en pequeño.

España, que no es precisamente el país más rico del mundo, es el sexto con la infraestructura más desarrollada del planeta. Trenes de alta velocidad que van y vienen; aeropuertos impresionantes; vías monumentales. Y nosotros no soñamos con eso. Diría que tenemos que tomar la decisión como sociedad de salir adelante.

SEMANA: ¿Qué opina de las ideas del Gobierno sobre industrialización?

B.M.: Creo que estamos en mora de construir verdaderamente un programa visionario en términos industriales. Necesitamos la reactivación económica, pero eso es a muy corto plazo. Lo segundo es precisamente que los líderes de la comunidad piensen a largo plazo y en grande.

SEMANA: ¿Cree que se puede lograr todo lo que se menciona con la economía popular, entendida como los pequeños negocios?

B.M.: Creo que hay que abrir esas oportunidades, pero no se puede correr el riesgo de centrarse en entidades informales. Uno de los grandes problemas de la economía colombiana es la informalidad. Privilegiar a los informales sobre los formales no tiene sentido. Lo que hay que hacer es formalizar a esta gente, y que sea una exigencia. Si no aprovechamos las oportunidades que vamos teniendo para reducir la informalidad y, por el contrario, la alimentamos, tendremos problemas estructurales muy grandes. Veo muchas decisiones orientadas a atacar el corto plazo, algunas muy relacionadas con intereses electorales.

SEMANA: ¿Como cuáles?

B.M.: Por ejemplo, los programas de superación de pobreza. No pueden estar diseñados solo para el corto plazo y que eventualmente produzcan popularidad. No se trata de entregar plata y punto, sino de identificar qué moviliza socialmente a las personas y cuándo vamos a ser capaces de decir que ya no son vulnerables.

SEMANA: ¿Se desperdician los subsidios si la gente no sale de la pobreza?

B.M.: Sí, y los subsidios tienen el inmenso problema de que son muy atractivos para hacer política electoral.

SEMANA: De las reformas, ¿qué expectativa tiene con la tributaria?

B.M.: No creo que el objetivo sea reducir la tasa corporativa. Eso está siendo utilizado como un caramelo que puede terminar siendo envenenado. Durante la pandemia, el empresariado alzó la mano y aceptó la subida del impuesto del 30 al 35 por ciento. Pero era temporal.

En la reforma de 2022 pedimos que volvieran a dejarla como estaba, y nos sacaron de la discusión con cajas destempladas. En este momento la economía está en un nivel crítico, por no decir grave. Si uno le quita 12 billones de pesos a los hogares y a las empresas y se los pasa al Estado, se va a cometer un inmenso error porque va a afectar la actividad económica y la viabilidad de las compañías, así como el ingreso disponible de los hogares, que ya hoy está suficientemente afectado.

Desde el punto de vista macroeconómico, es una medida peligrosa porque conduce eventualmente a la recesión.

SEMANA: ¿Por qué les molesta particularmente la reforma a la salud?

B.M.: Cualquier reforma a la salud que se vaya a hacer debe garantizar, primero, que se mejore la atención a todos los pacientes, no que se desmejore, como les pasó a los maestros y, en general, lo evidencian los PQR: demoras para las citas médicas, autorizaciones, cirugías. Lo segundo es que Colombia tiene que ponerse a sí misma la condición de que la reforma sea sostenible en lo fiscal.

No podemos meter al Estado en obligaciones que no vamos a ser capaces de atender, porque así quedamos abocados a una crisis absurda. Ya las tuvimos en el pasado y fue necesaria una ley de punto final, con ajustes en presupuestos máximos, entre otras cosas. Las decisiones que tenemos que tomar deben ser muy responsables y no simplemente populares o populistas.

SEMANA: ¿Cree que la reforma laboral mejoró o ahora es más onerosa para el empleador?

B.M.: El gran problema, además de lo onerosa, es que ha sido violatoria de todos los principios del tripartismo. Esto no es un asunto menor. Colombia suscribió acuerdos de la OIT en donde se comprometió a que las discusiones laborales más importantes se darían de forma armónica, transparente, clara y participativa entre Gobierno, empleadores y representantes de los trabajadores, pero la conversación ha sido prácticamente nula durante los dos últimos años.

Colombia recibe recursos de países escandinavos, por ejemplo, para propiciar el diálogo social que hoy está bastante roto desde el punto de vista laboral. Ahí arrancan los problemas de esa reforma.

SEMANA: ¿Cree que la situación alrededor de los combustibles de aviación ha sido una crisis mediática como lo han insinuado algunos?

B.M.: Creo que es la muestra de lo importante que es la autonomía y la seguridad energética para el país, y Colombia tiene que trabajar en ella. Para eso hay que explorar, buscar recursos, hacer que los proyectos funcionen. Estamos siempre a un milímetro de un eventual desabastecimiento. Necesitamos tener no solo energía suficiente, sino energía con colchones de seguridad que nos permitan atender cualquier situación imprevista que se presente.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión del proyecto de ley de jurisdicción agraria, recientemente radicado por el Gobierno?

B.M.: Que no tendría ningún sentido que hubiera eventualmente expropiación por la vía ejecutiva que le dé posibilidad a un funcionario de quitarle la propiedad a una persona. Eso iría en contra de todos los principios y derechos del ciudadano. Creo que, además, también sería fuente de grandes conflictos en nuestro país.

SEMANA: Con todos estos problemas, cree que tenemos posibilidades de soñar, como usted recomienda.

B.M.: Tenemos la obligación de hacerlo.