Presupuesto de 2026: a Petro no le gustó la baja inversión social, pero quiere más gasto y deuda para el país

Ni el monto destinado al gasto social ni la distribución de los recursos de inversión por sectores –donde, por ejemplo, educación tendría una reducción del 12,4 por ciento frente a lo asignado para 2025– convencieron al presidente Gustavo Petro. Tras escuchar la propuesta de presupuesto para 2026 presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante el gabinete en pleno, el mandatario pidió rehacerla, advirtiendo que no está dispuesto a firmar el proyecto de ley si este contempla recortes en el gasto social.

De hecho, el presidente calificó la propuesta como “un presupuesto del gran capital”, al señalar que asciende a 551,6 billones de pesos y que con esos recursos se invertiría en infraestructura para beneficiar “al gran capital” y se irrigan subsidios que favorecen a las empresas de energía.

No obstante, la propuesta presentada por Hacienda indica que, de ese total, solo 84,5 billones se destinarían a inversión, lo que representa apenas el 15,2 por ciento y constituye el menor porcentaje entre los tres grandes componentes del plan de gastos. En contraste, el rubro de funcionamiento concentraría 364,6 billones de pesos (66 por ciento del total), mientras que para el servicio de la deuda se asignarían 102,5 billones, equivalentes al 18,5 por ciento.

En Colombia no hay antecedentes de una devolución pública de la propuesta presupuestal dentro del propio Ejecutivo antes de su llegada al Congreso, como ocurrió el lunes durante la transmisión en vivo del consejo de ministros.

Los ajustes se hacían internamente para cotejar las cifras de manera sensata, a partir de las realidades financieras del país. Por esa razón, en esta ocasión, el debate nacional empezó antes de lo habitual, y ahora tiene al ministro Ávila rehaciendo cuentas contrarreloj, pues el proyecto debe ser radicado en el Legislativo diez días después de la instalación del Congreso, es decir, entre el 20 y el 29 de julio, según las normas vigentes.

Entre las críticas al presupuesto para 2026, que además será el último que ejecutará Petro como presidente, está la de apartarse del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la hoja de ruta para una década, recién presentada y en la que se pide austeridad en medio de la crisis fiscal del país. “Para la vigencia 2026 deberá formularse un presupuesto que responda al principio de austeridad, garantizando una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos”, dice el documento.

La argumentación del ministro Ávila para no plantear un apretón del cinturón en la carta presupuestal sigue siendo la de “la rigidez de los gastos del Gobierno”. Así, se refirió a las pensiones de las fuerzas armadas y del magisterio, entre otras, que en el presupuesto previsto en 2026 tendrían una suma de 84,7 billones de pesos. “También hay un segundo rubro inflexible que es el servicio de la deuda. Pero en 2026 creemos que es posible reducirlo, pasando de 112,6 billones en 2025 a 102,5 billones en el próximo año”.

Sin embargo, en las cuentas del endeudamiento hay varios riesgos. En el mismo MFMP se mencionan los asociados con las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación. “Con corte al 31 de marzo de 2025, por denominación de moneda, el 31,7 por ciento de la deuda bruta del Gobierno se exponía al riesgo cambiario; el 19 por ciento al de inflación, y el 5,3 por ciento al de tasas de interés. Los impactos adversos en estas variables podrían comprometer el servicio de la deuda a corto plazo, tanto en términos de amortizaciones como por el gasto en intereses, así como afectar el nivel general de endeudamiento”, dice el documento.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destaca que la propuesta presupuestal crece 8 por ciento frente a la de 2025, la cual fue expedida por decreto y hoy pasa factura por su desfinanciamiento, el cual impide cumplir varias promesas de Gobierno. “El presupuesto para 2026 crece casi el doble de la inflación esperada para el próximo año. Y excluyendo el servicio de la deuda, el gasto aumentaría 12,7 por ciento, lo que equivale a tres veces la inflación proyectada”, advierte.

En relación con el gasto en burocracia, han llovido reclamos porque la cifra prevista para 2026, en lo que tiene que ver con el pago de personal, es de 65,1 billones de pesos frente a 46,4 billones de 2022. Si bien allí se reflejan los incrementos del salario mínimo, casi todos de más de un dígito en esta administración, también está a la vista la creciente contratación de personal por prestación de servicios, que pasó de 48.492 puestos en 2022, a 63.851 en 2024.

El financiamiento del presupuesto para 2026 es otra de las aristas. Se esperan ingresos totales por 350,6 billones de pesos, según el MFMP, de los cuales, 321,6 billones provendrán de los impuestos, lo que pone al Estado a depender de una reforma tributaria que busca obtener cerca de 20 billones, pero que aún no ha sido radicada en el Legislativo y cuya aprobación es incierta. Así, Petro prácticamente condicionó la estabilidad de las finanzas públicas a la obtención de ese aval en el Parlamento. “Si no hay ingresos suficientes, la financiación se llama deuda. Sin ley de financiamiento, el país se va a la quiebra”, dijo en su alocución.

La prudencia será clave al reestructurar el presupuesto de 2026, especialmente porque la deuda ya supera el 60 por ciento del PIB, un nivel preocupante. Además, el déficit fiscal proyectado para este año incumple la regla fiscal. A esto se suma que la ruta hacia el crecimiento económico aún presenta incertidumbres: aunque la proyección oficial para este año es del 3 por ciento, factores externos podrían frenar ese desempeño y escaparse del control del Gobierno.

Ante la actual fragilidad fiscal del país, Mejía advierte que “por tercer año consecutivo, el proyecto de presupuesto muestra una capacidad de financiación cuestionable y evita dar el paso –difícil, pero necesario– hacia un recorte del gasto público”.

Ajustes posibles

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, estima que hay margen de maniobra para reajustar el presupuesto de 2026. El asunto es que todo apunta al mismo blanco: el componente del gasto de funcionamiento, algo complejo de encoger en un escenario preelectoral.

“El aumento proyectado en el gasto de personal supera el 8 por ciento, lo cual contrasta con una inflación de cierre estimada en torno al 5 por ciento. Esta diferencia pone en evidencia una presión creciente sobre el gasto público. En ese sentido, resulta esencial revisar con rigor estas partidas y promover eficiencias que permitan un ajuste fiscal responsable. Todo esto debe hacerse sin comprometer la inversión social ni depender exclusivamente del endeudamiento como única alternativa”, señala Pabón.

Así las cosas, ahora la primera tarea con el presupuesto 2026 está en manos del Ministerio de Hacienda, que está acatando el mandato presidencial de rehacer la propuesta, para lo cual Mejía estima que el tema de fondo debe ser “evitar la materialización de una crisis fiscal”.

En este sentido, indica que “es crucial que el presupuesto de 2026 refleje una voluntad política del Gobierno para recortar el gasto. Dada la suspensión de la regla fiscal, no existe límite al crecimiento del gasto, más allá del que pueda establecer el Congreso de la República en la primera discusión de fondo, que es precisamente la del monto del presupuesto”.

La disyuntiva es que el ministro Ávila, desde que tomó las riendas de Hacienda, manifestó su posición de hacer caso, mientras que muchas voces advertían que en ocasiones es indispensable decir ‘no’ al presidente. Por lo tanto, una vez se recomponga el proyecto de presupuesto, la pelota quedará en la cancha del Congreso, que es el espacio en el que se debe construir la carta financiera, basada en la realidad de la situación fiscal del país.

El llamado de Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, es a que “el Gobierno entienda que el Congreso, frente a esta ley de presupuesto, o frente a cualquier otra, no es un notario que le tenga que aprobar todo lo que proponga sin poderle cambiar ni una coma”.

Ojalá se dé el debate en el Legislativo, que tiene hasta el 30 de octubre para aprobar o desaprobar. De lo contrario, de nuevo el plan de ingresos y gastos del próximo año tendría que irse por decreto, lo que para nada es sano en una democracia.

Del desenlace de estas prerrogativas con el presupuesto de 2026 dependerá el curso que tome el tema fiscal en el último año del Gobierno Petro.