Los apuros del gobierno con la ley de financiamiento. MinHacienda, Ricardo Bonilla, responde a los reparos al proyecto de ley

Una reunión en Casa de Nariño

SEMANA: Algunos congresistas, como Christian Garcés, dijeron que las reuniones de ponentes con el gobierno, alrededor de la ley de financiamiento, se han hecho tradicionalmente en el Congreso o en el Ministerio de Hacienda. ¿para qué citaron a reunión privada en Casa de Nariño a los presidentes de las comisiones del Legislativo que debatirán el proyecto?

Ricardo Bonilla: El proyecto de ley de financiamiento fue radicado en julio. Va a cumplir cuatro meses y no le han dado trámite. La reunión era simplemente para mirar la agenda prevista.

SEMANA: ¿Y la demora es por lo sucedido con el presupuesto, que no se aprobó en el Congreso y que parte de su fondeo depende de este proyecto de ley?

R.B.: El proyecto de ley de financiamiento se radicó antes de que el Congreso tuviera que decidir sobre el monto del presupuesto (523 billones de pesos). Entonces no se trastocó por eso. La normativa permite radicar un proyecto de presupuesto que no está financiado del todo y para eso se presenta un proyecto que complete el financiamiento. Fue lo que hicimos. Es un trámite ordinario. No es la primera vez que pasa en Colombia.

SEMANA: Entre los parlamentarios hay voces que dicen que se trata de una reforma tributaria y debería ir en comisiones terceras, no en las que se tramita el presupuesto (terceras y cuartas).

R.B.: Está tramitado por las comisiones terceras, pero como es complementario del presupuesto, lo tramitan las comisiones económicas conjuntas. Ha pasado ya en otras circunstancias, que sale aprobado el presupuesto y la ley de financiamiento continúa su discusión. Eso no tiene ninguna objeción.

Ambiente político

SEMANA: Se dice que no hay ambiente favorable para aprobarlo. ¿Cómo lo ve?

R.B.: Sería un mal mensaje del Congreso. Significaría que no están cumpliendo su tarea, que es discutir los proyectos de ley.

SEMANA: Esta semana, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, intercambió trinos con el presidente Petro que sonaron a rifirrafe. ¿Afectará esto aún más el ambiente político para tramitar y aprobar la ley de financiamiento?

R.B.: En la reunión con el Congreso se constató que ya están listos todos los ponentes de las cuatro comisiones. Faltaban las resoluciones que debían entregar los presidentes de Senado y Cámara para que pudieran sesionar las comisiones conjuntas. Esa resolución ya fue firmada, así que ahora arrancan las reuniones para elaborar y presentar la ponencia.

La regla fiscal, un tema duro

SEMANA: Sobre lo que se sabe del proyecto, hay reparos a la idea de adelantar la regla fiscal, con lo cual el Gobierno obtendría 5 billones de pesos. ¿Aceptaría quitar ese punto?

R.B.: Como en todo proceso aprobatorio, hay opiniones divididas. En este caso, los grupos de oposición son los que dicen que esa alternativa no les gusta. En el resto de los congresistas hay un ambiente favorable. De hecho, cuando se estaba discutiendo el monto en el proyecto de presupuesto, dijeron que iban a aprobar la medida de adelantar la regla fiscal, al igual que el impuesto a las plataformas; y que el resto lo discutiríamos.

SEMANA: ¿Por qué incluyó la medida con la regla fiscal en este proyecto y no como ley aparte? ¿No le parece riesgoso, dado que de ella depende casi la mitad del recaudo esperado con la ley?

R.B.: Adelantar la regla fiscal encaja en esta ley porque es para completar el financiamiento del presupuesto.

La plata para la opción tarifaria

SEMANA: ¿Es cierto que si no se aprueba esta ley estaría en riesgo la financiación de la deuda por opción tarifaria, la cual permitió pausar los pagos de servicios públicos en estratos 1, 2 y 3 en la pandemia?

R.B.: En el proyecto de ley de financiamiento está planteado un artículo para que el Estado pueda asumir la deuda de la opción tarifaria. Lo que hemos dicho es que no se tiene el instrumento para hacerlo, porque solo podemos entregar subsidios, no está habilitado un mecanismo para asumir esa deuda desde lo público y garantizar así que se bajen las tarifas. Es lo que incluimos ahora.

SEMANA: ¿Qué otros gastos están previstos para ser asumidos con los recursos que se obtengan de esta ley?

R.B.: Con el sector de transporte de carga estamos revisando el programa de reposición del parque automotor. La exención de IVA para reposición de ese tipo de vehículos vence el 31 de diciembre. En el proyecto de ley se incluye la exención del IVA por cinco años, y que a partir de 2026 dicha exención lleve un ascenso tecnológico. Es decir, que los buses de pasajeros y vehículos de carga de menos de 10,5 toneladas vayan paulatinamente hacia eléctricos. Los de más de 10,5 toneladas, como ahí todavía no hay facilidad eléctrica, irían hacia Euro 6.

SEMANA: Dice usted que si no se aprueba la ley tendría que suspender recursos del presupuesto 2025. ¿Qué es lo que realmente hace que las finanzas estén tan apretadas?

R.B.: Le respondo de la siguiente manera: en los próximos días tenemos que entregar el decreto de presupuesto y no puedo quitar ni poner nada distinto a lo que se radicó originalmente. Antes del 30 de diciembre tenemos que entregar el decreto de liquidación del presupuesto, que es distribuir las partidas globales, porque su vigencia corre a partir del primero de enero. El 2 de enero, por norma, tengo que hacer un balance del presupuesto, y, si no se aprueba la ley de financiamiento, tendremos que hacer una suspensión por el monto que no esté financiado.

SEMANA: Pero la ejecución es baja. ¿Para qué más plata si no ejecutan?

R.B. El proceso de ejecución en materia de funcionamiento es normal y termina siempre alrededor del 95-96 por ciento. Quedan allí unos recursos pendientes de asignación durante el año, según necesidades. En pago de deuda, lo que se presupuesta se cumple al ciento por ciento, no se puede dejar de pagar la deuda. La discusión está en la plata de inversión, alrededor de lo cual algunos quieren milagros. La inversión tiene una particularidad, y es que se contrata para obras que requieren procesos de prefactibilidad, factibilidad, estudios de detalle y diseño.

El proceso de contratación no es automático, se puede demorar varios meses, según los objetivos, de los cuales, además, depende el tiempo en que se verán los resultados (no es lo mismo un contrato para comprar un software que para hacer una vía). Al evaluar la ejecución no están mirando los recursos comprometidos. Y eso se mide así porque estaban acostumbrados a que pedían anticipos que se reflejaban como plata ejecutada. Ahora, el Gobierno colombiano tiene prohibido entregar anticipos. Solo se puede girar plata cuando haya avances de obra.

SEMANA: Si el ministerio estima que la economía va a mejorar, ¿por qué no tiene la misma expectativa con los ingresos? Si hay crecimiento sube el recaudo tributario.

R.B.: Efectivamente, si la economía mejora hay más recaudo. Si hay más recaudo tributario, hay más posibilidad de financiar la inversión. El problema en 2024 es que no se cumplió la meta de recaudo y por eso teníamos restringida la caja para inversión. Y para 2025 falta por financiar la inversión, que es la que contribuye a reactivar la economía. Además, el año entrante tenemos que pagar 112 billones de pesos en deuda.

Un año electoral

SEMANA: El problema es que se están buscando más recursos y viene un año electoral, por lo que surgen suspicacias sobre el uso de los recursos públicos...

R.B.: Con la llegada de las elecciones entra a regir la Ley de Garantías; en consecuencia, en esa etapa no se podrá realizar cierto tipo de contrataciones, pero eso no evita tener que seguir pagando la deuda, ni todo lo demás.

El régimen simple de tributación

SEMANA: El régimen simple se ha visto como estímulo para formalizar pequeñas empresas y facilitar el pago de impuestos. ¿Por qué lo quieren eliminar?

R.B.: La discusión alrededor del régimen simple se centra en que se aplicó con el argumento de formalizar empresas y traer mayores contribuyentes, pero la evaluación que hace la Dian es que eso no se cumplió. Lo único que hizo fue llevar a los formalizados a pagar menos. La medida no fue efectiva, por lo que es preferible pasar de una tasa de impuesto sobre los ingresos brutos a una tasa de ingresos sobre las utilidades. La tasa para las microempresas baja al 27 por ciento.

SEMANA: Algunos congresistas han llamado ‘carnada’ a la propuesta de reducir la tasa de renta a las empresas, para que se apruebe la ley de financiamiento en su conjunto. ¿Qué les diría?

R.B.: La propuesta de bajar las tasas es gradual. Para 2025 es neutra. En 2026 las empresas comienzan a tener un ahorro de 3 billones de pesos y en 2030 llega a 8 billones. El objetivo es que tengan recursos para invertir y para ampliar la capacidad productiva del país. Así como estamos aplicando otras estrategias, como el pacto por el crédito, que está funcionando. Y estamos próximos a formalizar un pacto para las exportaciones.

Queda poco tiempo

SEMANA: Estamos a un mes de terminar las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no le parece que los tiempos están apretados?

R.B.: Los tiempos alcanzan si el Congreso tiene la voluntad política de discutirlo. Lleva cuatro meses radicado y no lo han tramitado.

SEMANA: ¿Convocarán a sesiones extras?

R.B.: Lo más seguro es que sí.

SEMANA: ¿Cree que logrará los 12 billones de pesos previstos originalmente en el proyecto?

R.B.: Esa es la meta global. Lo que les he escuchado a los congresistas es que aprobarían, sin pensarlo dos veces, medidas que podrían aportar 8 billones. Quedarían para discusión 4 billones. Pero además, ellos mismos están interesados en incluir otros artículos. Cuando se discutió el presupuesto, no aceptaban el monto, pero luego presentaron proposiciones que valían 70 billones de pesos más. Se muestran en desacuerdo con una ley de financiamiento por 12 billones, pero pretenden propuestas que requieren más gasto.

Quieren meter amnistías

SEMANA: ¿Qué quieren meter los congresistas en esta ley?

R.B.: Amnistías, por ejemplo. También radicaron una propuesta para que se autorice una mayor descapitalización del Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales).

Impuesto al carbono

SEMANA: Otro reparo a la ley de financiamiento es que el impuesto al carbono se triplica y podría aumentar más los precios de los combustibles. ¿Cedería en eso?

R.B.: El impuesto al carbono es un tema a discutir. El de Colombia es muy bajo frente a lo que hay en otros países. Es un mensaje en el sentido de ir avanzando en la descarbonización. Si la discusión es el precio del diésel, podría pensarse en la gradualidad: que empiece a correr en dos o tres años.

SEMANA: ¿Es decir que el aumento en ese impuesto no es para aumentar el recaudo?

R.B.: Es para completar el financiamiento. Con la ley también se están sellando huecos que existen en el Estatuto Tributario. En el proyecto no estamos tocando el IVA general, ni el impuesto de renta a personas naturales, pero sí identificamos dónde había problemas y por eso la idea de nivelar la carga de las apuestas (juegos de suerte y azar). No es posible que unas apuestas paguen y otras no. Eso lo que está generando es que las personas se pasen de las apuestas físicas a las de plataforma, lo que es promovido por las mismas plataformas, que ya hacen lobby para nunca pagar impuestos.

SEMANA: ¿Entonces está confiado en que va a pasar la ley de financiamiento?

R.B.: Estoy confiado en que se tramite y que no haya posiciones ambivalentes; es decir, que desde el Congreso le digan al público una cosa y en lo privado otra.