“Lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que actualizarlo”: la advertencia de Andesco frente a la reforma a la ley de servicios públicos

SEMANA: ¿Cuál fue su reacción cuando conoció ese borrador del proyecto de Ley de la Reforma de Servicios Públicos, cuya versión trascendió recientemente?

CAMILO SÁNCHEZ: Me preocupó mucho, porque hemos venido trabajando durante el último año con el superintendente de Servicios Públicos, con la ministra de Vivienda, con el ministro de Minas y Energía, y estábamos llegando a muchos puntos de encuentro desde la diferencia. Ahí me asustó mucho que estuviéramos devolviéndonos a una discusión que no tiene sentido, de volver todo público, cuando la Ley 142, el gran avance que tuvo fue entrar lo privado, lo público y lo mixto a competir. Y eso nos ha permitido lograr la mayor cobertura, la mejor calidad y la continuidad de los servicios, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 30 años.

SEMANA: ¿Se podría decir que el modelo lo que busca es estatizar nuevamente los servicios públicos, como los tuvimos en los 80 y principios de los 90?

C.S.: Esa es una de las partes críticas del tema, porque realmente no tiene sentido. Hemos visto que en esa época era la politización de los servicios públicos lo que había llevado a la crisis. Después llegamos al apagón, no tuvimos inversión en el país, la gente no tenía confianza en los servicios, las coberturas eran mínimas y era el premio de consolación en los diferentes momentos para los políticos, se les entregaba el acueducto, la energía y muchas de estas cosas donde se llenaban de cuotas políticas, pero no se hacían las inversiones ni se avanzaba como se debía avanzar.

Así que ese sería un retroceso muy importante y más aún cuando el Ministro de Hacienda nos dijo que no hay ni siquiera los recursos para que los servicios públicos se puedan hacer. O sea, ni siquiera pensar en un tema como este.

SEMANA: ¿Cuáles son los aspectos que a usted más lo preocupan del borrador que se conoció?

C.S.: Primero este que me parece muy pertinente, que es tratar de volver al pasado sabiendo que por eso fue que hicimos el cambio en la Ley 142. En esa época yo era senador de la República, hicimos muchos debates y fue muy importante ver que en estos 30 años no nos equivocamos, no hemos tenido apagones ni cosas por el estilo. Y va bastante bien el tema.

Además, recordarles a los colombianos, más del 50 % de los servicios públicos en Colombia siguen siendo públicos. Lo que pasa es que no son del Estado, son de las regiones que han hecho una transición muy importante, muy buena, donde hay gobiernos corporativos.

El segundo, que quisieran volver a darle las atribuciones al Presidente de la República. El Presidente tiene demasiados temas para que quiera volver ahora a la minucia. Es más, yo creo que la mayoría de los Presidentes de la República no conocen la parte técnica y es un exabrupto que se pongan a hablar de indexadores, indicadores y muchos otros temas que sería muy complicado que el día a día se dedicaran a eso. Para eso se pusieron comisiones técnicas. La CRA, para lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, y la CREG, la que tiene que ver con energía y gas. Igualmente, la CRC, en lo que tiene que ver con las TIC.

Muy preocupante adicionalmente que le estén dando esas funciones cuando había funcionado perfectamente la CREG. Y ahí hay otro tema.

Le hemos dicho al Gobierno que es muy importante nombrar técnicos en propiedad. Y esto no se ha hecho hasta el momento en el caso de la CREG. De los seis miembros que tienen, solamente se han nombrado cuatro. Uno en propiedad, tres se les dieron delegaciones, son funcionarios de algún ministerio o alguna institución del Estado. Pero lo triste es que en este momento se cayeron tres de esos nombramientos, porque se pasó el periodo y tristemente hoy no puede sesionar. No hay quórum para sesionar en pleno fenómeno de El Niño. Esto es una irresponsabilidad. Por eso seguimos pidiendo al Presidente que nombre a esas personas ya, porque esto sería un riesgo gigantesco e innecesario.

SEMANA: Usted mencionó el tema de la estatización de las comisiones de regulación. Y en este tema quiero detenerme un poco, porque el presidente Gustavo Petro ya había intentado el año pasado tomar las decisiones alrededor de la Comisión de Energía y Gas. ¿Eso en qué terminó? ¿Qué fue lo que pasó?

C.S.: Recordar que el Consejo de Estado le dijo en su momento al presidente, cuando sacó ese decreto, no se puede, no lo puede hacer. Tiene que tener lo técnico por encima de lo político. Y no se equivoquen, que eso sería un error grave. Aquí quieren volver a lo mismo. O sea, creímos que habíamos avanzado en ese proceso y pues nosotros aquí como gremio lo que hacemos es tratar de ayudar a construir política pública.

Decirle al Presidente de la República que necesitamos que no se equivoque, porque esto ha funcionado. Lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que actualizarlo. Tenemos que avanzar y en este tema, seguimos muy preocupados porque todavía no hay ningún delegado que tenga conocimiento absoluto de gas y no hay mujeres incorporadas en esto.

Y en este borrador también se pide en algunos casos poner más. No hemos nombrado los que tenemos y queremos pedir más para la CREG.

Igualmente, en el caso de los mínimos vitales nos preocupa muchísimo que estemos hablando nuevamente de ellos sin financiamiento. Hemos llegado a acuerdos, hemos hablado con el Gobierno y le hemos dicho que es importante tener mínimos vitales, es importante ayudar a las personas que no tengan los recursos y que demuestren que no tienen cómo y que sea el gobierno con los recursos del Estado y las regiones que den esos mínimos vitales para no poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas que hoy están funcionando perfectamente, y que están demostrando, como lo hicieron en la pandemia, que son fundamentales para la economía y la vida de los colombianos.

SEMANA: Ante la situación de la CREG, en donde no se han nombrado los comisionados, está también la discusión alrededor del nombramiento de la nueva fiscal. ¿Hay algún paralelo que se pueda hacer alrededor de esto?

C.S.: Uno tiene que ser coherente. Si uno está pidiendo que nombren en propiedad un funcionario, pues uno tiene que hacer lo propio en la CREG y en otras muchas instituciones donde no se han nombrado las personas y que las tenemos interinas y eso es muy grave, porque no da seguridad y tampoco se avanza rápidamente, porque no hay un responsable absoluto y la gente que está ahí prefiere no arriesgarse para no tener problemas con las ías.

SEMANA: ¿Cómo modifica este proyecto el tema de tarifas de energía?

C.S.: Quiero contarles otra cosa. Aquí hay que tener claro que no hay que tender cortinas de humo. Hoy tenemos un problema coyuntural de tarifas, pero decir que con la ley vamos a cambiar ese proceso es una cortina absoluta de humo. ¿Por qué? La ley se demora 6, 8, 10, 12 meses para que sea y se pueda aplicar y el problema es coyuntural de hoy. Esto sería una mentira y el que es desconocedor se come ese cuento. Hoy la solución, la primera que se tiene que tomar, es que si es política, el Presidente de la República tiene que destinar recursos del presupuesto nacional para esta coyuntura, para que no suban los servicios públicos en este instante. ¿Qué está sucediendo? Es que estamos en fenómeno de El Niño, tuvimos la guerra de Ucrania y adicionalmente estamos teniendo un momento crítico de calor, que también está aumentando la demanda por parte de los usuarios. ¿Qué tenemos que hacer para bajar las tarifas? Que los proyectos que están represados, todos esos proyectos que debían haber entrado, eólicos y solares, entren. Necesitamos más oferta que demanda y hoy tristemente ha crecido la demanda en más del 7 %, muy distante al 2,5 % que estaban diciendo las instituciones que debía crecer.

Está creciendo casi 3 veces ese valor, pero no estamos generando en este instante la energía. Así que el primer tema, político, pongamos los recursos para poder bajar o mantener que no suban las tarifas. Segundo, revisar los temas en la Costa. Allí tenemos el peor de los temas, porque se incorporaron las pérdidas que eran muy grandes en esa región. Las pérdidas se cobran en todo el país, pero en la Costa fue más del 30 % el incremento que se incorporó a la tarifa para que las empresas que iban a entrar, Aire y Afinia, pudieran hacer el cierre financiero o si no, no se hubiera podido dar.

Pero eso, sumado adicionalmente a algo que tenemos nosotros, que es muy importante, que es la opción tarifaria, que empezó a cobrarse desde noviembre, estamos teniendo incrementos fuertes que tenemos que buscar la forma que no sigan hacia el futuro. Pero no podemos tomar decisiones en coyuntura. Tomar decisiones en caliente es lo peor. Si usted se acuerda, la peor situación que estuvimos viviendo hace casi un año, cuando el IPP superó el IPC y esto hizo que casi desbaratáramos una norma que habíamos hecho en la CREG y que en este momento se tomó una decisión salomónica, se tomara el menor de los indexadores entre el IPP y el IPC y hoy por hoy, nuevamente ya estamos en el sendero que debe ser. Hubiéramos tomado una decisión nefasta si hubiéramos acabado los indexadores, porque estábamos, como lo dije ya, vendiendo el sofá donde tenemos o han hecho alguna cosa indebida a alguna persona creyendo que con eso se soluciona el problema.

SEMANA: La semana pasada se dio la subasta de energía. Además del desarrollo de proyectos solares, hay una gran preocupación en dos sentidos. El primero, que esa no es una energía en firme y la segunda que están entrando 33 nuevos proyectos, pero los que estaban de la subasta del 2019 no han entrado. ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí?

C.S.: Exactamente. Ese es uno de los problemas. Nosotros vimos que se hizo la subasta, es importante porque hubo señales de participación. Eso es importante porque si no hubiera llegado la gente estaríamos en el peor de los mundos, porque la gente no quería hacer la inversión. Lo que estamos buscando es que no se asuste a la gente, que no se vaya de Colombia. En La Guajira ya se fueron nuestros amigos de Enel, que dijeron que ya no quieren estar allí y Celsia está diciendo lo propio. Se fueron los que venían de Portugal y por consiguiente lo que estamos viendo es que con la inseguridad jurídica que se está dando, al no tener esa seguridad que se requiere, los inversionistas se están yendo a otros países. Revisen por ejemplo en ISA. ¿Qué ha sucedido? La gran mayoría de los 3.000 millones de dólares que se están haciendo no se están haciendo en Colombia. Se están yendo a Perú y a otros países. ¿Qué significa esto? Que la seguridad y la rentabilidad en otras partes es superior y las inversiones se hacen dependiendo de este proceso. Así que es importante la subasta, es importante que ayudemos en el tema para que Colectora (línea de transmisión en La Guajira) sea una realidad. El Presidente de la República ayudó en una parte a que las consultas previas avanzaran, pero quedamos en la mitad del camino, porque no se avanzó en lo que tiene que ver con todo lo que es ambiental. Toda esa parte ambiental también ha puesto una cantidad de procesos y las comunidades han hecho que estas inversiones se retrasen demasiado y que la gente prefiera empezar a salirse de esos procesos e inversiones.

Así que hay que tener cuidado, porque estamos jugando con candela. Estamos caminando por el filo de la cuchilla y sería muy grave que perdiéramos todo lo que hemos avanzado en este proceso. 30 años que no hemos tenido un apagón. Somos ejemplo en Latinoamérica. En Latinoamérica hay 18 países y de los 18 estamos en el puesto 9 en el valor de incremento de las tarifas. Tampoco es verdad que somos los más costosos.

Pero también hay que entender que las señales que el Gobierno nos da en unos momentos son peligrosas. Repito una: el gas. Hoy estamos importando gas. ¿Y el gas qué tiene de complicado que importemos? Una cosa, es carísimo. Está mucho más caro que el que podemos producir. Entonces la señal del Gobierno que dice no más petróleo, no más gas, vamos a traerlo importado, hace que tengamos unos costos superiores que se transfieren en la tarifa. Por eso es muy importante que la señal que dé Ecopetrol y el Gobierno es que no vamos a parar. La transición energética no quiere decir que ese sea el camino, que nosotros vayamos a salvar el mundo. Colombia solamente genera el 0,6 % de CO2. Nosotros no contaminamos. Es muy poco los que contaminamos, por debajo de lo que debía contaminar un país en vía de desarrollo como el nuestro.

Así que ahí los mensajes son claves, porque si queremos bajar tenemos que decir, consigamos carbón que se tiene que utilizar que, aunque es contaminante es el nuestro y lo tenemos en regiones que se tienen que utilizar. Tenemos que utilizar el gas, que es fundamental y hoy las térmicas están generando más del 50 % de la generación firme de Colombia. Si no tuviéramos las térmicas, que funcionan la gran mayoría a gas y una parte en carbón, estaríamos en el peor de los mundos. Hubiéramos tenido un apagón. Hace unos meses entraron las últimas térmicas de la costa muy importantes que han ayudado y son inversión privada. Igualmente estamos viendo que el carbón es importante que lo utilicemos en este momento; lo están utilizando en China, en Inglaterra, en otros países, porque en un momento determinado lo primero es tratar de evitar los sobrecostos para las personas de los lugares. Colombia tiene que pensar en el usuario y el Gobierno, además del discurso, tiene que hacerlo práctico para estos procesos.

SEMANA: El gobierno ha insistido en que Ecopetrol entre al negocio de generación de energía. ¿Este proyecto trae algo en ese sentido?

C.S.: Es que aquí se hace con otros articulitos la posibilidad de que algunas empresas puedan cumplir esa labor. No habla con nombre propio, pero podría ser Ecopetrol, podría ser ISA, otras más las que pudieran ser y cumplir esas funciones. Pero aquí tenemos que jugar con mucho cuidado, porque también hablamos de las comunidades energéticas y eso suena maravilloso. Nosotros no estamos en contra de que las comunidades participen, pero hoy no están preparadas, hoy no están vigiladas, hoy la Superintendencia de Servicios Públicos no vigila estas comunidades. Y entonces, por consiguiente, no se les puede entregar recursos del presupuesto nacional a esas comunidades. Segundo, no tienen la técnica ni la parte financiera para poder hacer estas inversiones y estos proyectos. En el tema eléctrico es muy importante esa capacidad técnica y financiera, porque son miles de millones de pesos para poder ser sostenibles en el tiempo en estos temas. Queremos las comunidades, hay que prepararlas, hay que hacer un capítulo específico para darles ese cuidado y que además las vigilemos. Es mucha plata. Y no podemos volver ahora a plata de bolsillo pequeños proyecticos y proyecticos, porque si no se pierde el norte y no se hace lo importante que es hacer la transición. Y además de eso, terminar los proyectos macro, que son los que nos van a generar valor agregado y crecimiento económico en cada uno de los rincones del país.

SEMANA: En el escenario en que el proyecto prospere, ¿qué va a pasar con la inversión en servicios públicos? En especial, ¿qué va a pasar con la inversión privada?

C.S.: Estamos tendiendo puentes, estamos hablando que no vamos a presentar este proyecto sino hasta el momento en que haya una cantidad de más acuerdos desde la diferencia. Está claro que hay una cosa dogmática acá, que queremos decir más de la realidad. Muchas veces uno habla cosas que son casi imposibles de lograr y eso se vuelve una verdad en el imaginario. Vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan que el presidente nos ofreció un tren del Pacífico al Atlántico, y que iba a pasar por todo el Darién? Pues esto, en el imaginario de la gente, muy seguramente creen que estamos muy próximos a eso y ni siquiera hay un estudio, no hay un proyecto, no hay nada. Aquí, yo creo que tenemos que seguir construyendo, seguir hablando con el ministro de Minas, mostrar la viabilidad de seguir utilizando nuestras ventajas comparativas en el país para poder seguir perforando, teniendo petróleo y gas, tener el gas suficiente para entregárselo a las térmicas en el momento adecuado. Tenemos que seguir construyendo la parte técnica, por encima de la política. Decir que vamos a bajar tarifas a las malas o ponerles techo a los mercados es muy peligroso si no conocemos los pros y los contras. Y si los pro son más que los contras, pues tomar decisiones. Pero hoy repito, tenemos que darle alas a esa CREG, tenemos que darle independencia y tenemos que nombrarlos en propiedad. La CRA tiene los cuatro nombrados en propiedad. Hoy tengo que reconocer otra cosa. El gobierno tiene mayorías absolutas para tomar decisiones. No requiere recoger una labor el presidente y dejar esas labores para los que conocen específicamente el tema.

Imagínense, de verdad, repito, que al presidente todos los días le estén preguntando por el tema de gas, por el tema del gasoducto, de si traemos importado o no importado, si cambiamos la norma, si cambiamos el indexador, cosas por el estilo. No gobernaría, lo tendríamos más bien del presidente de la CREG. Entonces, hoy la presidencia de la CREG la tiene el ministro de Minas y Energía, que es del presidente. El segundo a bordo es el ministro de Hacienda. El tercero es el director de Planeación, que es del mismo gobierno. Y el cuarto, con voz, pero sin voto, el superintendente de Servicios Públicos, más los seis delegados que tiene que nombrar y que tan solo tenemos hoy uno en propiedad y hoy no tenemos quórum para decidir ninguna contingencia. Y en caso de gas, sí que tenemos problemas en la actualidad y que se nos pueden volver muy grandes para la ciudad de Bogotá y para las grandes ciudades que vienen y están pidiendo que ya tienen que darles normativas sobre esos procesos.

SEMANA. ¿Cuál es el mensaje que se da en materia de seguridad jurídica a los inversionistas con este proyecto de ley?

C.S.: Ahí también estamos hablando al presidente. Le decimos, mire, presidente, son muy peligrosos, así sea que no parezca, los trinos suyos. Son muy peligrosos mensajes como el que estamos diciendo de la perforación y no la perforación. Estamos muy preocupados cuando se dice que vamos a buscar más inversión pública que privada, cuando se ha demostrado que esa competencia ha funcionado. Debemos tener mucho cuidado porque, repito, fíjense, muchos inversionistas en Colombia están pidiendo los recursos para irse a otros países de Latinoamérica, porque están viendo que, ¿usted cómo va a hacer inversiones si le están diciendo que en la mitad del partido le cambian las reglas de juego? Eso no le gusta al inversionista. Eso hace otra cosa peor. Encarece nuestra deuda. Aquí la inversión de Colombia es debido a la deuda y cuando llegan Fitch y otras calificadoras de riesgo que nos están diciendo en un momento determinado que estamos poniendo en riesgo esto, hace que se encarezca la deuda. Eso, sin hacer nada, se nos sube el costo, nuestra deuda, simplemente por un mensaje que no debió haberse dado y que debimos construirlo en privado para que cuando ya saquemos los mensajes sean mucho más contundentes y tranquilos y así evitamos que se asuste la gente, que se asusten los mercados y que se nos encarezcan los créditos para hacer las inversiones que son fundamentales.

SEMANA: El Gobierno anunció el año pasado que para principios de este año iba a tener la hoja de ruta de la transición energética. ¿En qué va ese proceso?

C.S.: Pues ahí estamos tratando de construir esa transición y repito que la transición energética es un camino y no una meta, y que cada país es distinto, y que Colombia, con lo que ya les dije, contaminamos tan poquito que nosotros y nuestras empresas están siendo carbono neutral la gran mayoría de las importantes. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado. Les di un ejemplo al presidente y al ministro, les dije: si de verdad queremos ayudar, por ejemplo, en la transición, el camino para evitar contaminación, quitémosle el IVA a los vehículos eléctricos que tienen el 5 % y el 19 % del IVA a los vehículos a gas. Con eso, hacemos una gran transformación, ayudamos a la no contaminación y se ve verdaderamente reflejado un cambio donde multiplicaremos por 20 o por 30 los vehículos a gas y los vehículos eléctricos para verdaderamente tener un proceso. Y aprovechemos nuestras ventajas comparativas.

Ningún otro país en el mundo está dejando enterrada su riqueza. Aquí hay que aprovecharla, tenemos que ser los menos contaminantes, ayudar a tener políticas en esos procesos, pero no nos equivoquemos. Si hacemos mal las cosas, esto va a ser el deterioro de los más pobres de este país. La mayor cantidad de los recursos para hacer la inversión social viene de las exportaciones de petróleo y de los minerales del país. Así que nosotros estamos trabajando en equipo. Nosotros no hacemos oposición al gobierno. Nosotros, repito, ayudamos a construir política, estudiamos, nos sentamos con ellos, les entregamos estudios. En el último estudio que entregamos con Enel y con un exministro de Minas y Energía que nos entregó, mostrándonos la transición energética, cómo el gas era el ejemplo fundamental del más importante elemento de la transición. Y Colombia no quiere el gas. No puede ser. Nosotros no podemos ser como los diferentes del paseo, sin tener de verdad sustentos económicos y técnicos para tomar decisiones que después van a salir más caras de lo que necesitamos que lo saquen.

SEMANA: ¿Qué pasó con el techo a los precios de la energía en bolsa?

C.S.: Aquí hay que tener mucho cuidado en todos estos temas, porque aquí supuestamente lo que queremos es que el usuario tenga el mejor beneficio. Y aquí tengo que darle un capitulito a eso. Las empresas públicas de servicios no queremos que se disparen los costos, ni que se nos disparen las tarifas. Porque si crecen por encima de la inflación se vuelven impagables. La mayoría de los colombianos gana salario mínimo y, por consiguiente, si usted hace que se crezcan las tarifas por encima, pues la gente no las puede pagar. Nosotros somos los primeros que estamos en eso. Segundo, estamos totalmente reglamentados, vigilados, cuidados y nosotros no ponemos el valor de lo que se puede incrementar la tarifa. Eso lo hace la CRA y la CREG. Por consiguiente, también quitemos esa otra mentira que se está diciendo, que los empresarios estamos ávidos de que suban porque eso nos enriquece. No, pone en riesgo el servicio. Por consiguiente, esa no es la tarea. Tercero, somos tan distintos al resto del mundo que el objetivo nuestro es vender. ¿Y qué tenemos que decirles? Estamos pidiendo una campaña de incentivos del gobierno para disminuir el consumo de energía, gas y agua para que de esta manera podamos pasar el fenómeno de El Niño sin riesgo alguno de apagón. Eso solamente pasa en Colombia. La vez pasada, en el fenómeno del 2016, logramos disminuir la demanda en el 4,5%.

Aquí estamos pidiendo los incentivos para hacer lo propio. En agua, se está haciendo un incentivo distinto que es que, si usted se pasa el consumo promedio, se le cobra más. Aquí en energía se está diciendo que demos un incentivo si disminuimos el consumo que tenga una disminución en beneficio del usuario. Y eso funciona, tenemos que seguirlo haciendo. Así que intervenciones en la bolsa como economista que soy, siempre he dicho, primero miremos los pros, los contras y si son mejores los pros que los contras al usuario, lo hacemos. Pero esto se hizo al ojo de tigre. Así miremos, hagámoslo y después miramos cuál va a ser el resultado. Gracias a Dios eso está ahí. Estamos viendo que el mercado está funcionando. Estamos dándole también la razón a lo que hicimos al principio. Si usted mira los precios del fenómeno de El Niño anterior con respecto a lo que tenemos hoy, es totalmente diferente. Estamos por debajo. Hoy tenemos embalses al 47%. Todavía estamos muy bien. Si hubiéramos gastado el agua al principio como nos estaban pidiendo los medios de comunicación, que no entendían, estaríamos en el peor de los mundos porque no tendríamos hoy el soporte y el colchón de seguridad para evitar tener un apagón. Si no hubiera entrado Ituango, turbina 3 y 4, si no hubieran entrado las térmicas, al no haber entrado la energía eólica y solar, Colombia habría tenido un apagón. Y aquí nosotros los gremios también hicimos una tarea importantísima, destapar que estuvimos muy cerca del apagón financiero, porque no tenían los recursos los comercializadores. Y ahí aplaudo al ministro y aplaudo al gobierno que entregó el primer billón de pesos a través de Findeter con tasa compensada. Ahora va por otro billón porque ese recurso se necesitaba. Y tenemos que también entender, al ministro lo vi ahí diciendo que estaba preocupado que había seis billones de pesos de la opción tarifaria que ellos tenían que pagar. Es que cuando uno llega al gobierno lo que viene del anterior y de los anteriores es parte fundamental de sus procesos. Y para eso están las vigencias futuras y también la responsabilidad.

Y después lo que deje Petro en el siguiente gobierno y los siguientes y las inversiones que hagan también tendrán que ser respetadas y respondiéndole a la gente porque si no, nadie volvería al país a invertir un solo peso si no existiera esa seguridad y ese compromiso de que lo que se vive se cumple y se paga.

SEMANA: Para terminar, finalmente pasamos bien este fenómeno de El Niño y no hay ninguna amenaza de apagón.

C.S.: Pues yo odio decir eso porque cada vez que un ministro dice eso, tómela. Tomás (González), que fue el que hizo el estudio último de la transición, fue uno de los que tuvo que vivir ese dolor de cabeza.

Se cayó Guatapé y casi tenemos un apagón. Le voy a dar un ejemplo también buenísimo que pasó hace unos poquitos días. El presidente fue a La Loma, entregó el proyecto de energía solar más grande del país, hecho por una empresa de energía privada y mixta que es Enel. Esa fue una obra espectacular, pero repetimos, necesitamos tener las térmicas. Y fíjense que en el mismo discurso dijo que teníamos que acabar las térmicas. Si no tuviéramos las térmicas hoy trabajando, hoy Colombia tendría problemas drásticos de oferta de energía. Yo creo que aquí tenemos que agradecer que tenemos térmicas, que tenemos energía eólica, que tenemos energía solar, que tenemos energía hidráulica y que nuestra matriz es muy limpia. Pero tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas, mandar muy pocos mensajes peligrosos, tener seguridad jurídica y lo más importante, dejarle claro a los inversionistas que Colombia es buena paga, que no cambia condiciones y que nosotros cumplimos la palabra.