El sector eléctrico del país está en cortocircuito ante los anuncios presidenciales. ¿Cuál es su temor?

El próximo 7 de febrero se cumplen 30 años de haber terminado uno de los capítulos más oscuros para el sector eléctrico en el país: el apagón. Un intenso fenómeno de El Niño, que tomó los embalses con bajas reservas de agua y sin el polémico proyecto de El Guavio en operación, llevó a que los colombianos tuvieran racionamientos de casi diez horas diarias en el servicio por cerca de un año.

Hoy, los fantasmas de los cortes obligados de luz, al menos en Bogotá, vuelven a aparecer por cuenta de las advertencias que hizo la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien tras su abrupta salida de la cartera señaló que por los limitados avances en los proyectos de transmisión hacia Bogotá y la ausencia de una subestación eléctrica, la capital y parte del departamento de Cundinamarca están en riesgo de apagón. Pero no es la única sombra que acompaña al sector eléctrico.

Se suman los retrasos, en cerca de tres años, para la entrada de los proyectos de energías renovables no convencionales y la necesidad de una subasta de energía para atender la demanda entre los años 2025 y 2026, que estará apretada. Y, por si fuera poco, cobra fuerza la llegada de un fenómeno de El Niño a partir de junio de este año, según Acolgen.

Todo esto en medio de un ambiente tenso en el sector, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir las funciones de regulación en servicios públicos, en especial energía eléctrica y agua, por las altas tarifas. Al cierre de esta edición, circulaba un borrador del decreto con el que se concretaría esa decisión, originada en el incremento que han tenido los precios de la luz.

El hecho produjo en el sector profundas preocupaciones, en especial, por lo que significaría un control de precios y un cambio en las reglas del juego frente a las tarifas pactadas para cubrir las inversiones. Pero, además, la antesala a conflictos jurídicos y a que se diluya el apetito inversionista en el sector eléctrico, poniendo en riesgo los proyectos futuros.

Pero, además, avanza un proyecto de ley en el interior del Gobierno para transformar uno de los principales referentes del servicio de energía: la ley de servicios públicos de la década de los noventa, que surgió después de la Constituyente de 1991 y el apagón de 1992. Esa ley les permitió a los inversionistas privados participar en el sector de energía eléctrica, que antes de los años noventa era público, pero cuyas empresas, en su gran mayoría, estaban sumidas en profundos problemas financieros, dificultades operativas y una corrupción galopante.

La coyuntura

La mayor preocupación en el país hoy es la inflación. Al cierre de esta edición, se esperaba el dato de enero, pero la cifra de diciembre superó las expectativas y con el 13,12 por ciento encendió las alarmas. Al terminar 2022, la inflación del servicio de energía eléctrica subió 22 por ciento anual, pero ya mostraba una tendencia descendente, luego de alcanzar picos por encima del 25 por ciento. Sin embargo, ese es apenas el promedio del país. La gran diferencia está en la costa caribe, en donde los precios han crecido por encima del 40 por ciento y la brecha con el resto del territorio nacional es muy marcada.

Este incremento se da porque con la llegada de los nuevos operadores (Air-e y Afinia) que se quedaron con el mercado de Electricaribe se acordó que los usuarios pagarían las pérdidas de energía, que en las otras regiones las asumen las empresas, pero que en la costa son muy altas por el robo de energía y las conexiones fraudulentas.

Los esfuerzos que se hicieron el año pasado por moderar el aumento reportaron en noviembre una reducción del 4 por ciento. Sin embargo, en diciembre, el precio del kilovatio hora se disparó, llegando en algunas zonas a niveles cercanos a los 800 pesos, cuando usualmente estaba entre 200 y 300 pesos.

En el último mes del año pasado, el invierno dio una tregua y los niveles de los embalses empezaron a bajar. Según Acolgen, hoy el nivel está 3,21 por ciento por encima del mínimo, “lo que significa que contamos con alrededor de tres días de reservas en caso de que deje de llover. Esto quiere decir que no es tanto como se cree y que el agua no le sobra al sistema”.

Tras la decisión del presidente Petro, el Consejo Gremial Nacional, en cabeza de Germán Arce, envió una carta al jefe de Estado en la que resaltó la participación de los particulares en la prestación de servicios públicos domiciliarios durante estas últimas tres décadas. “Ha convivido armónicamente con una regulación que ha fijado las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tiene en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos, tal como lo establece la Constitución”.

Al mismo tiempo, Arce invitó a seguir trabajando en el marco de la Constitución y la ley, con el objetivo de resolver los desafíos en materia de cobertura y calidad en todo el país y “así seguir consolidando los grandes logros que se han construido”.

Acolgen, por su parte, señaló que los aportes del sector eléctrico en 2021 superaron los 7 billones de pesos en impuestos, tasas y parafiscales, y en los últimos cinco años estuvieron por encima de los 26 billones. “Y lo mejor, toda la expansión del servicio se hizo con recursos privados, y son montos que han superado los 140 billones de pesos”, dice la agremiación.

Sin duda, hay que hacer ajustes regulatorios y tarifarios, y cambiar la velocidad de las decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que los precios de la energía empiecen a bajar. Pero la otra cara de la moneda también produce preocupación: se ponen en riesgo la institucionalidad y las reglas del juego que durante casi tres décadas le han permitido al sector fortalecerse y sortear con éxito varios fenómenos de El Niño, sin que se repitiera la experiencia del apagón.

Como le explicó un exfuncionario público a SEMANA, “en el país construimos un sistema admirado: el contrato regulatorio, que requiere de enormes niveles de estabilidad jurídica y de confianza de los inversionistas, pues se compromete a pagar con las tarifas. Si la tarifa cambia con un plumazo, desconoce las reglas que se vienen aplicando 20 años atrás y que le han permitido al sector tener un servicio robusto y con una cobertura ampliada”.

No se descarta un pulso jurídico en torno al alcance de las facultades del presidente Petro en materia regulatoria y de tarifas y cómo quedaría la “suspensión” de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Sin embargo, este debate conduciría al sector a una inmovilidad en un momento crucial.

Por una parte, en el mediano plazo, se necesita más energía para atender la demanda. “El sector de generación está estrecho desde la oferta, debido a la no ejecución y retrasos de los proyectos. Para nosotros se necesita nueva capacidad del orden de 1.500 megavatios, que equivalen al 8 por ciento del total de energía firme que requieren los usuarios. Deben darse señales para poder comprometer estos nuevos proyectos”, explicó Alejandro Castañeda, director de Andeg, gremio de los generadores térmicos.

Para cubrir este faltante, normalmente el Gobierno de turno saca al mercado una subasta en la que distintos proyectos entran a participar. “Estamos a la expectativa de lo que haga el presidente, pero por ahora nadie va a meter un peso más. ¿Quién va a entrar a una subasta de energía sin saber si lo van a intervenir o cuáles van a ser los alcances de las modificaciones de la ley de servicios públicos?”, dice un representante del sector privado. Así, ¿de dónde vendrán los recursos?

Uno de los principales problemas del sistema es el rezago en los proyectos. Apenas a finales del año pasado lograron entrar en operación dos unidades de Hidroituango, cuatro años después de lo programado inicialmente.

Como advierte un jugador del sistema, en energías renovables no convencionales –eólicas y solares–, “del casi 15 por ciento que representarían estos proyectos en la matriz energética del país, que debieron entrar a finales del año pasado, apenas 1 por ciento está operando. Calculamos que son cerca de 3.000 megavatios pendientes, en especial los de La Guajira”, dijo. Además, hay preocupaciones por los desarrollos de las líneas de transmisión, como Colectora, también en La Guajira, que conectará los siete parques eólicos en esa región. Por problemas con las consultas previas, la línea, de casi 400 kilómetros, solo entrará a operar en 2024.

Los efectos en las políticas adoptadas de un sector como el de energía no se ven de inmediato. De hecho, pasaron años antes de estabilizar el sistema y poder dejar atrás el fantasma del apagón. Las decisiones que se tomen ahora, para mal o para bien, tendrán sus efectos en el futuro. ¿Cuál será el modelo?